El ministro Tadeo García Zalazar confirmó que investigan al menos 76 mensajes intimidatorios. Advirtió que las amenazas son delito y anticipó sanciones para las familias.
Avanzan las investigaciones por las amenazas en escuelas de Mendoza.
La escalada de amenazas de tiroteos en escuelas de la provincia de Mendoza -como así también en otras provincias- encendió las alarmas en toda la sociedad. En conferencia de prensa, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, confirmó que hay tres menores involucrados en los hechos, aunque solo uno (de 17 años) es imputable y permanece detenido.
Si bien el funcionario había hablado en las primeras horas de este viernes de tres detenciones, luego se confirmó que los otros dos menores identificados son no punibles por su edad, por lo que se dará intervención a equipos técnicos interdisciplinarios (ETI) para evaluar su situación.
En paralelo, avanzan las investigaciones que ya contabilizan al menos 76 mensajes con amenazas en distintos establecimientos educativos de la provincia.
García Zalazar detalló que el único menor imputable enfrenta cargos por amenazas agravadas, mientras que los otros dos casos serán abordados desde el sistema de protección de derechos. Mientras tanto, se siguen investigando los otros casos.
Desde la Justicia aclararon que solo el joven de 17 años puede ser formalmente imputado, lo que derivó en su detención. En cambio, los menores no punibles serán sometidos a evaluaciones psicológicas y a un seguimiento integral que incluye a sus familias.
“Una amenaza de muerte en una escuela es un delito, no es un hecho menor”, enfatizó el ministro, quien advirtió que incluso cuando se trate de una supuesta “broma”, se movilizan recursos del Estado y se generan consecuencias legales.
Uno de los puntos centrales del anuncio fue la responsabilidad de los adultos.
El Gobierno provincial avanzará con sanciones a los padres de los menores involucrados, bajo el argumento de que existe un deber de control y tutela.
Las sanciones previstas en el Código de Contravenciones incluyen multas económicas, días de arresto o trabajos comunitarios, según determine la Justicia.
“Los padres no pueden no saber si sus hijos están involucrados en este tipo de hechos”, sostuvo García Zalazar, al tiempo que anticipó que se impulsará un proyecto de ley para endurecer las sanciones vigentes en el Código de Contravenciones de la Provincia, que será anunciado por el gobernador en su discurso del 1 de Mayo.
En todos los casos, los menores implicados serán sometidos a pericias psicológicas. A partir de esos informes, se definirán las acciones a seguir tanto con los jóvenes como con su entorno familiar.
En el caso del menor imputable, la situación podría derivar en una expulsión del sistema educativo formal, ya que deberá afrontar un proceso judicial que podría implicar una condena.
El ministro también se refirió a las medidas preventivas en las escuelas. Confirmó que cada institución tiene la facultad de implementar protocolos específicos, como el sistema de “sin mochilas”, que queda a disposición de los establecimientos tanto públicos como privados.
Además, señaló que muchas de las investigaciones avanzaron a partir de datos aportados por otros alumnos, lo que permitió identificar a los responsables de los mensajes.
Pese a la gravedad de los hechos, García Zalazar remarcó que en Mendoza “reina un buen clima escolar”, aunque advirtió que este tipo de episodios marcan un límite claro.
“Hay un límite que no se puede cruzar, y en este caso ese límite está tipificado en el Código Penal”, concluyó el ministro.
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