17 de abril de 2026
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Amenaza

Amenazas en las escuelas: la DGE confirmó que tres alumnos fueron imputados

El titular de la Dirección General de Escuelas aseguró que la Justicia ya tomó medidas tras las recientes amenazas de ataques en escuelas de la provincia.

Por Sitio Andino Sociedad

Tras una serie de mensajes que circularon en redes sociales y generaron alarma en diversas escuelas de la provincia de Mendoza, las autoridades de la Dirección General de Escuelas lograron identificar a los responsables de las amenazas. Según detalló en los medios Tadeo García Zalazar, existen actualmente tres alumnos imputados por estos hechos.

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Amenazas en las escuelas: Tadeo García Zalazar informó en los medios que hay tres menores imputados.

Amenazas en las escuelas: Tadeo García Zalazar informó en los medios que hay tres menores imputados.

Amenazas en escuelas: "Esto no es una broma, es un delito"

“Hay tres personas imputadas, jóvenes en edad de imputabilidad. Son tres personas que estuvieron promocionando en sus redes y en los colegios estas actividades. Esto no es una broma, es un delito”, explicó el titular de la DGE en declaraciones radiales.

El ministro aseguró que no brindarán detalles de los estudiantes, ni de los establecimientos educativos a los que asisten, pero anticipó que los padres serán los que pagarán las consecuencias con multas económicas.

Puntos clave de la situación:

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El Gobierno confirmó clases normales en Mendoza tras la seguidilla de amenazas en colegios.

El Gobierno confirmó clases normales en Mendoza tras la seguidilla de amenazas en colegios.

Sanciones y protocolo escolar

Además del proceso judicial que enfrentan los menores, la Dirección General de Escuelas aplica reglamentos internos para abordar la conducta de los estudiantes. El sistema educativo busca prevenir estos episodios, pero que una vez cometidos, la respuesta debe ser firme para garantizar la seguridad de la comunidad.

Las autoridades instan a los padres y tutores a supervisar el uso de redes sociales y dialogar con los jóvenes sobre la responsabilidad civil y penal que conlleva la difusión de contenido que incite a la violencia o altere el orden público.

Por el momento, se mantiene el monitoreo preventivo en los establecimientos mencionados en las amenazas para asegurar el normal dictado de clases.

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