Este viernes el Ministerio de Trabajo de la Nación envió a un delegado normalizador a la provincia para intervenir el gremio de Judiciales. Sin embargo, el sindicato se resistió ya que entiende que la cartera conducida por Triaca no tiene competencia y es la Cámara Nacional de Apelaciones quien debe tomar la decisión.
Hugo Parrino fue el hombre designado para cumplir el cargo de delegado normalizador, pero se tuvo que retirar de la sede ubicada en Pedro Molina 583 para esperar instrucciones del Ministerio. "Ellos (por el sindicato) entienden que la elección fue legal. Una vez que podamos normalizarla, debo realizar un informe técnico y financiero del estado de la organización y volver a llamar a elecciones", explicó a este diario.
Hugo Parrino fue designado delegado normalizador del sindicato. Foto: Cristian Lozano
En los comicios celebrados el 8 de junio de 2016, la lista ganadora estaba encabezada por Adriana Domínguez, pareja de Carlos Ordóñez, su anterior titular. El dirigente habló con Sitio Andino y consideró que la determinación de Triaca fue "totalmente ilegal".
"Este sindicato estuvo intervenido única y exclusivamente en la dictadura. Se está discutiendo si el plazo era de 4 o 5 días para convocar a la elección de Junta Electoral. A partir de ahí se tomaron de eso para tirar abajo un proceso limpio, transparente y democrático de elección", estimó.
La diputada nacional Soledad Sosa y el senador provincial Víctor Da Vila (PO) se presentaron en la sede. También acompañó el Sitea. Foto: Cristian Lozano.
Además, Ordóñez relató que "el expediente está en la Cámara Nacional de Apelaciones, tal cual lo establece la ley 23151. Es la Cámara la que puede intervenir en el supuesto caso que haya que nombrar un delegado normalizador en una institución gremial".
"El 8 de junio ganó la lista oficialista; mandaron cuatro veedores del Ministerio de Trabajo para poder verificar todos nuestros comicios. Ellos mismos dijeron que se habían realizado con total normalidad, y el ministro Triaca después guardó silencio durante seis meses", agregó.
Por ahora, el proceso de intervención está en suspenso, aunque el gremio afirmó que no demorarán la situación si se cumplen los pasos legales. "Si vienen con una orden judicial, no nos vamos a resistir en lo más mínimo", concluyó Ordóñez.