La Fiscalía de Estado continúa haciendo públicos los patrimonios que tienen los funcionarios encargados de tomar decisiones con el dinero de todos los mendocinos. Luego de desnudar los bolsillos del ex gobernador Francisco Pérez y sus colaboradores, ahora le toca el turno al actual mandatario Alfredo Cornejo. Todavía hay personas obligadas por ley que se niegan a dar a conocer su patrimonio.
Una de las últimas medidas que tomó el ex mandatario Pérez antes de dejar el poder fue decretar, mediante la disposición 1789, la obligatoriedad de que todos los funcionarios informen su patrimonio. El plazo para que tanto los agentes que dejaron su cargo en diciembre, como los que asumieron en ese momento, presenten la declaración ya venció.
Pronto todos los mendocinos podremos saber qué tenían los funcionarios cuando asumieron.
Así como el pasado 14 de marzo la Fiscalía, a cargo de Fernando Simón, dio a conocer el patrimonio de Pérez, su vice Ciurca, sus ministros y 1100 funcionarios más, ahora le llegó el turno a la nueva gestión. Se trata de 187 empleados públicos (luego se sumarán más) que cumplieron con presentar su declaración jurada en tiempo y forma.
Las declaraciones de los funcionarios de Cornejo se harán públicas a partir del próximo miércoles, día en el cual la Fiscalía difundirá en su página web (www.fiscalia.mendoza.gov.ar) los bienes y ahorros que los flamantes funcionarios han declarado tener. Cabe resaltar que tanto Cornejo como la totalidad de su gabinete cumplieron con la disposición, pero otros agentes con cargos políticos de segunda y tercera línea todavía están en falta.
La expectativa que genera la presentación de las declaraciones juradas del nuevo gobierno es muy alta, tal vez más todavía que las del anterior. Es que de los funcionarios de Pérez sólo podía analizarse el patrimonio al dejar el cargo, pero no se tenían datos sobre cuán ricos eran al ingresar a trabajar al Estado. Con los de Cornejo, de esta forma, se podrá conocer qué tienen ahora y dentro de 4 años compararlo y saber el crecimiento patrimonial.
Quienes no presenten su declaración jurada (el tiempo ya se venció, pero la Fiscalía de Estado todavía no termina las notificaciones) pueden sufrir duras penas: desde la imposibilidad de ocupar cargos en el Estado en el futuro (para quienes no lo ocupan en este momento) hasta la cesantía de sus funciones (para los funcionarios actuales). Sin embargo, en última instancia la decisión sobre el futuro de quienes no cumplan con la norma la tendrá el gobernador Alfredo Cornejo (foto).
Recordamos que a Pérez, quien fue el ideólogo de la obligación de informar los bienes de los funcionarios, la presentación de su declaración jurada le trajo dolores de cabeza. Sucede que legisladores de la Unión Cívica Radical presentaron una denuncia judicial por supuesto enriquecimiento ilícito del ex gobernador basándose en la información que este mostró en su declaración.
¿Confiás en que los funcionarios públicos realmente declaran los bienes que tienen?
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