La cuenta regresiva terminó y este lunes la Fiscalía de Estado, a cargo de Fernando Simón, hará públicas las declaraciones juradas de los funcionarios que ocuparon un cargo durante la gestión de Francisco Pérez. Se trata de los documentos donde cada uno 729 empleados del Estado con cargo jerárquico del gobierno que condujo Mendoza hasta 2015 brindan detalles sobre su patrimonio.
La obligatoriedad de presentar declaración jurada fue decretada por el propio gobernador Francisco Pérez. Así fue que unos 1.400 de sus funcionarios (él incluido) estaban obligados a informar su patrimonio. Sin embargo, en la fecha límite sólo la mitad había cumplido.
Hoy podremos conocer qué bienes tenían los ministros de Pérez al dejar la gestión.
Una vez transcurrido el plazo máximo, 30 días hábiles después la Fiscalía de Estado tiene la obligación de publicar las declaraciones juradas. Es por eso que hoy, a las 10, el fiscal Fernando Simón habilitará el Sistema de Consultas de Declaraciones Juradas con lo que se dará a conocer la información oficial.
Si bien Sitio Andino intentó acceder de forma anticipada a algunos detalles de la información que presentará Simón, desde la fiscalía guardan en secreto para no incumplir con el plazo legal establecido para la publicación. No obstante, fuentes internas nos adelantaron: Hay muchas sorpresas e irregularidades que van a dejar tela para cortar.
Para los funcionarios de Cornejo, en tanto, el plazo máximo para presentar el informe también venció, pero las declaraciones se harán públicas recién a principios de abril. La morosidad en los directores, subdirectores y otros cargos jerárquicos de la actual gestión es todavía mayor a la de los de Pérez en relación a las declaraciones juradas.
En tanto, para el caso de aquellos funcionarios (tanto de Pérez como de Cornejo) que no cumplieron con la presentación de la declaración la Fiscalía de Estado ya empezó a notificarlos y, si siguen en rebeldía, corren riesgo de ser inhabilitados para trabajar en el Estado o expulsados de sus cargos.
¿Crees que los funcionarios públicos declaran realmente sus bienes y ganancias?
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