El conflicto en Irrigación es uno de los grandes lastres con los que cargan Celso Jaque, en sus últimos días de gobierno, y Paco Pérez, a poco de asumir.
27 de abril de 2026
El conflicto en Irrigación es uno de los grandes lastres con los que cargan Celso Jaque, en sus últimos días de gobierno, y Paco Pérez, a poco de asumir.
El gobernador electo propició la intervención los días posteriores a la ratificación de la suspensión de Eduardo Frigerio de parte del Jury de Enjuiciamiento y le pidió al malargüino que rubricara la medida antes de finalizar su gestión.
Pero con el correr de las semanas esta idea se ha abandonado: la tenaz permanencia de Frigerio al frente del área puso de manifiesto que una eventual intervención tendría un costo político altísimo para Pérez y Jaque.
Es que la medida podría terminar de dividir las aguas puertas adentro del peronismo y complicando seriamente a Pérez en sus primeros pasos en la gestión.
La resistencia de Frigerio en Irrigación demostró que no hay intenciones de dar rápidamente la batalla por perdida, y que los funcionarios acusados de cometer irregularidades no darán un paso al costado por propia iniciativa.
Esta no es la respuesta que Pérez esperaba tras el acompañamiento masivo que tuvo su insinuación de intervención: no sólo buena parte del PJ se encolumnó tras la propuesta, sino que el radicalismo (con el propio Alfredo Cornejo encabezando el pedido desde la presidencia del partido) y los demócratas se alinearon detrás de esta posibilidad.
Legalmente, tanto Jaque como Pérez estarían amparados para realizar la intervención: por un lado, el inciso 22 del artículo 128 de la Constitución Provincial establece, entre de las atribuciones del gobernador, la de ser quién suspende o remueve a los funcionarios administrativos para cuyo nombramiento sea necesario el acuerdo del Senado y llena interinamente sus puestos.
El único condicionamiento que se establece para esta medida es que debe notificar inmediatamente al Senado. Los legisladores, dice la Constitución, no podrán desaprobarla sino con el voto de los dos tercios de los miembros presentes.
El otro paraguas legal con que cuenta el gobierno es la Ley de Procedimiento Administrativo que explica, en el artículo 23, que el Ejecutivo podrá intervenir las entidades descentralizadas cuando se advierta la comisión de graves o continuadas irregularidades administrativas o la existencia de un conflicto institucional insoluble dentro del ente.
Esto respaldaría una eventual intervención de Irrigación que busque amparo en la irregularidad que implica la falta de integrantes del consejo asesor y, en consecuencia, la aparente ilegitimidad del reemplazo interino de Frigerio efectuado por Carlos Dávila.
Pero aún con amparo legal, el Ejecutivo habría desistido de la intervención. La resistencia de Frigerio y la falta de antecedentes de este tipo de determinación sobre el organismo del agua (no fue intervenido ni durante la Dictadura) serían los motivos.
Ahora se apuesta todo al proceso que ya está en desarrollo: quienes acusan a Frigerio están recabando pruebas en su contra mientras el superintendente busca respaldo para su defensa, elementos que se deberán contrastar en las próximas semanas.
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