El abogado acusado por presuntas estafas declaró ante el fiscal del caso. Desde la querella adviertien inconsistencias y posibles autoincriminaciones. Los detalles.
El abogado acusado, Iván Yoma
La causa por presuntas estafas vinculadas a inversiones en Mendoza sumó un nuevo capítulo tras la declaración del principal imputado Iván Yoma, quien negó responsabilidad en los hechos investigados. Sin embargo, desde la querella sostienen que su descargo presenta contradicciones internas y elementos que podrían comprometer su situación procesal.
El caso salió a la luz a fines del mes de marzo de 2026, donde una serie de denuncias fueron presentadas ante la Justicia de Mendoza por personas que habrían sido captadas con promesas de inversiones y ganancias millonarias que nunca se concretaron. Sin embargo, las denuncias aparecieron en 2025.
Tras una serie de allanamientos en el Gran Mendoza, el abogado Iván Yoma fue imputado junto a sus dos socios por maniobras vinculadas a inversiones.
Días después la investigación avanzó, las denuncias crecieron y el principal acusado se presentó el pasado miércoles en la fiscalía para declarar. Según explicó a este medio uno de los abogados de las víctimas, Yoma centró su defensa en desvincularse completamente de las operaciones: "Él dice que no tiene la culpa de nada, que no conoce a los inversores, que nunca firmó los mutuos", resumió.
En esa línea, Yoma también habría intentado desligarse del origen de las inversiones, al señalar que muchos de los denunciantes ingresaron al esquema por intermedio de Pablo Falco y no por la estructura de Asesoría Legal, donde (según la investigación) se realizaban reuniones y se formalizaban acuerdos.
Uno de los puntos más relevantes de la indagatoria fue el encuadre jurídico que propuso Yoma. Según su defensa, en caso de existir incumplimientos, deberían tratarse en el fuero civil y no en el penal.
No obstante, este argumento fue cuestionado por la parte acusadora: "Por un lado dice que desconoce a los inversores y los incumplimientos, pero por otro habla de incumplimiento contractual y sostiene que debería ser un reclamo civil. Ahí se contradice", explicó el abogado.
Y agregó, a modo ilustrativo: "Si alguien es inocente, es inocente en cualquier fuero. No podés decir ‘no hice nada’ y después plantear cómo debería reclamarse ese incumplimiento".
Para la querella, el punto central que justifica la intervención penal está vinculado a la estructura de las empresas utilizadas. Según indicaron, se trataría de sociedades sin capacidad económica real para responder a las inversiones recibidas.
"Las sociedades obligadas a devolver el dinero son sociedades que no tienen bienes o tienen un activo mínimo. Es inviable un reclamo civil en esos términos", explicó el letrado.
En ese sentido, ejemplificó: "¿Cómo vas a reclamar un millón de dólares a una sociedad que tiene un solo auto a su nombre? Es imposible que eso prospere en el fuero civil".
De acuerdo con la acusación, el esquema investigado podría consistir en la creación de estructuras societarias que aparentaban solvencia, pero que en la práctica carecían de respaldo suficiente para cumplir con las obligaciones asumidas.
Otro de los aspectos que surgió con fuerza es que, antes de judicializar el conflicto, los inversores habrían intentado recuperar su dinero por vías informales.
"Durante todo el 2025 hubo reclamos pacíficos: mensajes de WhatsApp, cartas documento, reuniones con Falco y con Yoma. Se intentó resolver sin llegar a una denuncia penal", detallaron.
Según la querella, fue la falta de respuestas concretas lo que terminó derivando en la presentación de denuncias.
En su declaración, Yoma reconoció haber mantenido reuniones con algunos inversores. Incluso, según la querella, mencionó ofrecimientos para resolver los conflictos.
Sobre este punto, el abogado fue crítico: "Él mismo dice que proponía arreglar con su propia plata. Pero si no sos responsable de nada, ¿por qué ofrecés pagar?". Además, se cuestionó la falta de concreción de esas propuestas.
Otro aspecto señalado fue la modalidad en la que se habrían realizado algunos intentos de acuerdo: "No se hacía en el ámbito de la fiscalía ni con intervención de abogados. Era por WhatsApp: ‘vení tal día a buscar la plata’. Eso genera desconfianza", indicaron.
Para la querella, ese tipo de prácticas contribuyó al deterioro del vínculo con los inversores: "La gente pierde la confianza cuando todo es informal y no hay garantías".
Finalmente, también se puso el foco en la operatoria de las empresas involucradas. Según surge de la investigación, varias de ellas compartirían estructura operativa y lugar de funcionamiento.
La investigación continúa en manos del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar si los hechos encuadran en un conflicto civil por incumplimiento contractual o en un posible esquema de defraudación.
Mientras tanto, la situación procesal de los imputados sigue bajo análisis judicial y, como establece la ley, rige el principio de presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
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