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Transporte: empresas avisan que “será más caro” y la UCR quiere opinar

Se realizó la audiencia pública previa a la licitación del sistema para la próxima década. Gremialistas piden “estatización”.

Por Leandro Abraham

En las próximas semanas el gobierno deberá tomar una decisión que influirá en la vida de miles de mendocinos por la próxima década: la licitación de nuevo sistema de transporte público de pasajeros. En ese marco hoy se realizó la audiencia pública no vinculante en la que participó el Gobierno, las empresas, los sindicatos, ONG y hasta partidos de la oposición. Todos mostraron sus puntos de vista y algunos son de conocimiento necesario para decidir el futuro de los micros en la provincia.

La audiencia pública contó con la participación de 59 oradores, quienes expusieron sus dudas y pidieron modificaciones al sistema actual. El contrato del Ejecutivo con las empresas vence el 21 de noviembre, por lo que antes de esa fecha el proceso deberá estar finalizado.

En primer lugar el Gobierno prefirió no brindar demasiados detalles sobre cómo será la licitación para la próxima década, aunque dejó algunas certezas muy interesantes para los usuarios: se pagará con Sube, se subsidiará a las empresas de forma mixta (70% kilómetro recorrido, 30% pasajero transportado) y se aumentarán las frecuencias.

“El transporte público de Mendoza no tiene falencias, pero si muchas demandas. La sociedad crece, crece la mancha urbana y los usuarios demandan cosas puntuales. Hay falta de frecuencias en algunos sectores y también la gente quiere mejores unidades. Todos esos reclamos estarán incluidos en el proceso de licitación”, resaltó el ministro de Transporte, Pablo Rousseau, quien habló de un 20% de aumento en las frecuencias de colectivos, pero negó incrementos en el precio del boleto.

Pero los empresarios, del otro lado de la vereda, avisaron en la audiencia pública que introducir los cambios que pretende el Ejecutivo (más frecuencias, mejores unidades y nuevas tecnologías de control) significará una suba significa en los costos operativos y “alguien tendrá que pagar esa diferencia”.

Foto: Oscar Razquin, de Autam 

“Estamos de acuerdo con la tecnología, las mejores unidades, pero el Gobierno y la ciudadanía tienen que decidir si están dispuestas a pagar esos servicios y mejoras”, explicó Oscar Razquin, gerente técnico de AUTAM y vocero de los empresarios.

Razquin, en tanto, también se quejó por una deuda importante (superior a los 80 millones de pesos) que el Estado tiene con las empresas de transporte por atrasos en el pago de subsidios.

En otro orden, la Unión Cívica Radical ya empezó a mostrar que intentará opinar en la mayoría de los temas fundamentales del Estado para que la “herencia” que tomará Alfredo Cornejo cuando asuma la gobernación sea conocida y moldeada por el radicalismo.

Así, el vocero de Cambia Mendoza fue Jorge Teves, senador electo el último domingo, quien mostró su preocupación por la falta de información clara sobre la cantidad de kilómetros que recorre el transporte y los pasajeros que utilizan los colectivos en Mendoza. “El Gobierno se perdió la oportunidad de dialogar con los municipios de toda la provincia y decidir qué red de transporte necesitamos”, opinó, teniendo en cuenta que este año sólo se licitará el sistema de transporte urbano.  Jorge Teves, senador electo por la UCR.

Finalmente, la última pata de la mesa que participó en la audiencia pública estuvo representada por los sindicatos que tienen injerencia en el transporte. Ahí fue Raquel Blas, titular de ATE y candidata a senadora nacional por el Partido Obrero, quien pidió la estatización del sistema de transporte.

“Actualmente la ciudadanía subsidia el salario de los choferes, el combustible y la adquisición de nuevas unidades. El 80% de los costos son asumidos por el Estado y a los empresarios sólo les importa la rentabilidad, no corren ningún riesgo”, destacó la líder gremial. Recordemos que ATE tiene entre sus afiliados a los choferes de la Empresa Provincial de Transporte, pero no así a los trabajadores privados.

Con los resultados finales de la audiencia pública, la cual es abierta pero no vinculante, el Estado redactará el pliego definitivo para que las empresas se presenten para los recorridos asignados.

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