Alrededor de las 11 el Tribunal rechazó el planteo de nulidad realizado por la defensa del fiscal de Estado Joaquín de Rosas y de esta manera avanza el juicio político que pesa en su contra.
Alrededor de las 11 el Tribunal rechazó el planteo de nulidad realizado por la defensa del fiscal de Estado Joaquín de Rosas y de esta manera avanza el juicio político que pesa en su contra.
El ex fiscal, separado de su cargo en el 2012, está acusado de haber favorecido al Grupo Vila en la expropiación de terrenos para la reserva Divisadero Largo. La denuncia fue realizada por la Suprema Corte de Justicia -la fiscalía está compuesta por el Procurador de la Corte Rodolfo González- luego de que se determinara que la Provincia le habría pagado hasta 10 veces más al grupo mediático por las tierras en relación a otros propietarios.
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Por esto, el Tribunal, presidido por Omar Palermo y compuesto por jueces y legisladores, decidió continuar con el proceso que podría destituir a De Rosas de su cargo.
Este mediodía, en tanto, comenzó el desfile de testigos. El primero en sentarse frente al Tribunal fue Pedro García, director de Asuntos Judiciales de la Fiscalía de Estado, quien repitió que quien intervino en todos los procesos de expropiación fue De Rosas.
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Omar Palermo, presidente del Tribunal. |
Me llamó la atención los montos en los expedientes de las expropiaciones, por eso lo estudié y concluí que había un error grosero. Entonces hablé con el fiscal Sin y pedí que sea recurrido, y él me contestó que había delegado todo en De Rosas. Fue ahí que se comenzó con todas las apelaciones, sostuvo García quien concluyó que pensé que la provincia iba a perder una fortuna.
El contador Américo Toledo, tasador, indicó hubo dos tasaciones, la que realicé yo y la de la Fiscalía de Estado. Los valores eran muy diferentes y se tomó en cuenta el de ésta última.
Por su parte, contador general de la provincia, José Caviggia, quien confió que se realizaron tres órdenes de pago a fines de 2008 y comienzos de 2009 por parte de la Fiscalia de Estado pero fueron por orden de un juzgado.
Alberto Ortubia, abogado de Vila y Dalvian, también fue llamado a declarar y si bien aclaró que estuvo involucrado en lo penal y no en las investigaciones administrativas del caso, aseguró que la deuda contraída por Dalvian y Vila se fijó en $1.5 millones, mientras que la provincia debía pagarle $3.5 millones, razón por la cual se fijó una compensación.
Tras esto se realizó un cuarto intermedio hasta el próximo jueves.