Sin control

Declaraciones juradas: en Mendoza la pelea entre el PJ y la UCR impide que sean obligatorias

Si bien hay 4 iniciativas presentadas en la Casa de las leyes para obligar a los funcionarios a detallar sus bienes, las diferencias entre la “letra chica” de los proyectos hacen que, por ahora, los patrimonios de los funcionarios sea una incógnita.

Por Leandro Abraham

Con los últimos días del año transcurriendo es normal observar noticias en los medios nacionales donde se difunde que tal o cual funcionario nacional incrementó (generalmente) o redujo (raramente) su patrimonio en relación al año anterior. Sin embargo, para sorpresa de la ciudadanía, en Mendoza esta información es todavía una incógnita y los funcionarios de los tres poderes estatales pueden “esconder” su declaración jurada por no estar obligados a presentarla públicamente. ¿A qué se debe este “beneficio” a los funcionarios locales?: a la pelea entre el PJ y la UCR por la “letra chica”.

¿Cuánta plata tienen los funcionarios?, por ahora es todo un misterio.

Sucede que mientras Mauricio Macri, Jorge Capitanich y Cristina Fernández, por sólo nombrar a algunos, están en el ojo de la tormenta por el incremento de su patrimonio, en Mendoza los proyectos de ley presentados en la Legislatura provincial para que sea obligación de los funcionarios presentar declaración jurada todos los años están paralizados.

Así, si bien son 4 las iniciativas que se estudian en la Cámara de Diputados que buscan obligar a los miembros del Ejecutivo, Legislativo y Judicial a difundir sus bienes públicamente, las peleas entre el radicalismo y el peronismo por ver qué proyecto prospera mantienen bloqueada la posibilidad de avanzar en estos proyectos de transparencia de gestión.

Por un lado, el PJ busca que el proyecto de ley impulsado por el gobernador Francisco Pérez el 1 de mayo durante la apertura de sesiones ordinarias y presentado en septiembre sea el que se transforme en ley. Por el otro, desde la UCR pretenden que la idea plasmada por el diputado Tadeo García Zalazar (anterior a la del Ejecutivo) se imponga. Además, hay otros 2 proyectos presentados en Diputados que fueron sumados al de Zalazar para hacerlo más completo.

Tadeo García Zalazar critica la inciativa del Ejecutivo y su voluntad para aprobarla.

En cuanto a las diferencias entre los proyectos del oficialismo y de la oposición, está claro que si bien las dos iniciativas pretenden que los funcionarios estén obligados a presentar su declaración jurada, la discusión gira en torno al ente encargado de controlar y las multas para los que no cumplan con la ley. Es que el radicalismo quiere crear un nuevo organismo de “transparencia” integrado por todo los partidos políticos para que se encargue de controlar, mientras que el Ejecutivo quiere que sea el Tribunal de Cuentas el que analice caso por caso. Por otro lado, el oficialismo quiere que los funcionarios incumplidores reciban un descuento del 50% en su dieta, mientras que la UCR pretende que estas personas sean inhabilitadas para ejercer la función pública.

Así las cosas, la discusión por el patrimonio de los funcionarios se encuentra “estancada” en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Sobre esto, el presidente de este grupo de legisladores, Alejandro Viadana, confió en que los proyectos de ley “se moverán”, las asperezas “se limarán” y el recinto de sesiones votará una iniciativa de forma unánime.

No obstante, desde el radicalismo no son tan optimistas y Tadeo García Zalazar, integrante de la comisión mencionada y autor de uno de los proyectos, estimó que el oficialismo “no tiene voluntad” para hacer avanzar las declaraciones juradas y calificó a la iniciativa propuesta por Pérez de “bastante pobre”.

De esta manera, y por una discusión meramente política y sobre los detalles de la legislación, por funcionarios públicos de Mendoza siguen siendo uno de los pocos que todavía pueden ocultar sus cuentas personas y no están obligados a decirle a la ciudadanía a qué ritmo aumenta su patrimonio. Nobleza obliga, cabe aclarar que algunos legisladores y funcionarios (como es el caso del diputado Gustavo Arenas, quien presentó una iniciativa sobre ética pública) hacen llegar a los medios sus declaraciones juradas aunque no estén obligados a hacerlo.

Te Puede Interesar