La Cámara baja provincial avaló la segunda fase del proceso de depuración normativa. El oficialismo ya presentó el tercer tramo del plan.
Eliminan decenas de leyes obsoletas en Mendoza.
La Cámara de Diputados de Mendoza sancionó este miércoles la segunda etapa de la denominada Ley Hojarasca, un proceso legislativo que apunta a ordenar y actualizar el marco normativo provincial mediante la derogación de leyes en desuso.
El proyecto, que contaba con media sanción del Senado, fue aprobado por 32 votos afirmativos, ocho negativos y una abstención; y elimina 91 normas sancionadas entre 1950 y 1975, consideradas superadas por legislaciones posteriores o sin aplicación en la actualidad.
La iniciativa forma parte de un esquema integral que busca revisar la totalidad del sistema legal mendocino. En esta fase se analizaron 172 leyes generales vigentes y se resolvió derogar más de la mitad, bajo el criterio de que habían quedado obsoletas o reemplazadas por marcos regulatorios más modernos.
Entre los ejemplos mencionados durante el tratamiento aparecen normas que establecían una fuerte intervención estatal en la economía privada o que fijaban regulaciones sobre el funcionamiento del comercio que hoy están contempladas en legislaciones más actuales; entre otras varias que regulaban situaciones que quedaron obsolotas o resultan insólitas.
Desde el oficialismo sostuvieron que la depuración normativa responde a la necesidad de mantener un sistema legal ordenado y acorde a los cambios sociales y productivos, evitando la superposición de normas sin aplicación real.
La aprobación de esta segunda fase se inscribe en un plan más amplio impulsado por el oficialismo provincial para revisar leyes dictadas en distintos períodos históricos y eliminar aquellas que ya no tienen aplicación práctica.
En esa línea, días atrás fue presentada la tercera etapa del proyecto, que propone derogar más de un centenar de normas sancionadas entre 1976 y 1990, muchas de ellas vinculadas a contextos económicos, institucionales o productivos que ya no existen.
El relevamiento técnico incluyó cientos de iniciativas vigentes y permitió identificar disposiciones que hoy resultan anacrónicas, desde regulaciones sobre créditos en monedas desaparecidas hasta programas productivos o medidas excepcionales asociadas a crisis específicas.
También aparecen normas que reflejan prioridades de época, como campañas educativas obligatorias, regulaciones comerciales puntuales o mecanismos de financiamiento extraordinarios, que cumplieron su objetivo en su momento y perdieron vigencia con el paso del tiempo y los cambios legislativos.
El programa de depuración normativa ya había tenido una primera fase aprobada, que abarcó leyes sancionadas entre fines del siglo XIX y 1950. En esa instancia se analizaron más de cien normas y se derogaron 75.
La segunda etapa, ahora sancionada, profundiza ese camino y consolida un proceso que continuará con la revisión de legislación más reciente, con el objetivo oficial de modernizar el sistema legal y simplificar el entramado normativo de la provincia.
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