El financiamiento de las universidades cayó 36%. Leyes vetadas, fallo judicial y nuevo proyecto reavivan la disputa entre ajuste fiscal y educación pública.
Universidades: ajuste, leyes y una disputa que escala a la Corte.
Foto: Crisitan LozanoMientras las transferencias del Estado nacional a las universidades públicas cayeron un 36% en términos reales entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, el gobierno no ceja en sus políticas de desfinanciamiento universitario y recurrió a la Corte Suprema en busca de no cumplir con la ley de financiamiento universitario votada dos veces por el Congreso de la Nación.
El dato de la profundidad de la caída del giro de recursos al sistema universitario es confirmado por un documento publicado esta semana por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea.
El ajuste no fue exclusivo del sector universitario. El conjunto del gasto del Sector Público Nacional registró una caída acumulada del 27,6% en términos reales entre 2023 y 2025. Sin embargo, la reducción aplicada a las universidades resultó proporcionalmente más profunda que en otras partidas: las jubilaciones cayeron un 4%, el gasto en personal un 28%, los subsidios en energía y transporte un 44%. Las transferencias a las provincias sufrieron la contracción más severa, del 77%, seguidas por la inversión real directa, con un 69%. En ese contexto, el recorte universitario del 36% se ubicó en un tramo intermedio, aunque su impacto fue amplificado por la composición específica del gasto: el 90% de esas transferencias corresponde a salarios (docentes y no docentes), lo que redujo al mínimo el margen para absorber la caída sin afectar ingresos.
En perspectiva histórica, las transferencias a universidades nacionales se ubican en 2025 en el 0,51% del PIB, nivel similar al registrado a comienzos de siglo. Habían alcanzado un máximo del 0,85% del PIB en 2015, año en que el déficit financiero del Sector Público Nacional equivalía al 7% del producto.
La reducción del financiamiento universitario desencadenó una secuencia de iniciativas legislativas y ejecutivas que se extendió entre septiembre de 2024 y los primeros meses de 2026. El Congreso sancionó en septiembre de 2024 la Ley 27.757, que establecía la actualización de los créditos presupuestarios por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y mecanismos de recomposición salarial. El Poder Ejecutivo la vetó en su totalidad mediante el Decreto 879/2024, argumentando que la norma no identificaba las fuentes de financiamiento requeridas por la Ley de Administración Financiera. El Congreso no reunió los votos necesarios para insistir.
En agosto de 2025, una segunda iniciativa legislativa corrió la misma suerte: fue sancionada y luego vetada mediante el Decreto 647/2025. El tercer intento, sin embargo, prosperó. El 21 de octubre de 2025 se aprobó la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, que el Poder Ejecutivo no pudo vetar. La norma garantizó que las transferencias a universidades se mantuvieran en valores reales equivalentes a los de 2023, e impuso actualizaciones bimestrales y recomposiciones salariales atadas a la inflación acumulada.
El conflicto no concluyó allí. El Ejecutivo dictó el Decreto 759/2025 suspendiendo los efectos de la ley hasta que se identificaran fuentes específicas de financiamiento. En diciembre de 2025, la Justicia Federal dictó una medida cautelar ordenando su cumplimiento. El Estado nacional apeló, y en marzo de 2026 un fallo judicial rechazó ese recurso y ordenó la actualización urgente de salarios y becas estudiantiles.
Mientras el gobierno libertario continúa su batalla en la justicia, busca que el Congreso apruebe una nueva ley de financiamiento universitario destinada a reemplazar el régimen establecido por la Ley 27.795.
La propuesta contempla tres incrementos salariales del 4,1% cada uno (en marzo, julio y septiembre de 2026) sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, lo que acumula un 12,8% sin garantía de acompañar la inflación prevista, consolidando de esta manera el atraso salarial de los docentes y no docentes universitarios.
Para los gastos de funcionamiento de este año, el proyecto del Gobierno deja la actualización condicionada a que la inflación anual supere el 14,6% previsto en el Presupuesto 2026. El sistema de hospitales universitarios recibirá un refuerzo nominal fijo de aproximadamente 80.000 millones de pesos, sin mecanismo de ajuste automático.
La diferencia fiscal entre ambos regímenes es sustancial. Según las proyecciones del IERAL, de aplicarse la Ley 27.795, las transferencias a universidades alcanzarían 6,8 billones de pesos en 2026 (equivalentes al 0,76% del PIB). El proyecto oficial, en cambio, proyecta un gasto de 5,5 billones de pesos, equivalente al 0,53% del PIB, consistente con las metas presupuestarias vigentes.
Más allá de la disputa normativa, el documento del IERAL señala una serie de problemas estructurales que el financiamiento universitario no ha logrado atender. Las universidades nacionales concentran actualmente más de 2 millones de estudiantes y el 78% de la matrícula total del sistema de educación superior. Sin embargo, la relación entre matrícula y graduación se ha deteriorado. Mientras los estudiantes matriculados aumentaron un 55% desde 2004, los egresados crecieron apenas un 33%, y la tasa de graduación cayó del 5% al 4% en igual período.
La comparación internacional amplifica ese diagnóstico. En Chile, los egresados por cada mil estudiantes en universidades estatales alcanzan 194; en Brasil, 123; en Argentina, 44. La diferencia se vincula, al menos parcialmente, con los modelos de acceso: en Argentina rige el ingreso irrestricto, mientras que Chile y Brasil aplican exámenes nacionales cuyos resultados las universidades utilizan como criterio de admisión. Adicionalmente, Brasil cuenta con el Examen Nacional de Desempeño de los Estudiantes, un instrumento sistemático para medir los conocimientos de los graduados. Argentina carece de mecanismos equivalentes.
Otro dato relevante emerge al analizar el perfil socioeconómico de los estudiantes universitarios públicos. Entre los jóvenes de 18 a 25 años pertenecientes al 20% de los hogares de mayores ingresos, la asistencia a universidades públicas casi duplica la observada en el 20% de hogares más pobres. Como consecuencia, cerca del 27% del gasto universitario público beneficia al quintil superior de ingresos.
El análisis del IERAL distingue tres dimensiones para evaluar el proyecto oficial: la jurídica (vinculada a la vigencia de la Ley 27.795 y los fallos judiciales dictados); la económica (centrada en la conveniencia de incorporar indexación automática del gasto); y la fiscal-institucional, que exige identificar fuentes de financiamiento para cualquier incremento del gasto.
Desde esa perspectiva, el informe advierte que los mecanismos de actualización automática por inflación generan rigideces estructurales que dificultan el equilibrio fiscal a largo plazo, con la excepción de la movilidad previsional, que cuenta con respaldo constitucional. Al mismo tiempo, reconoce que la caída salarial de los docentes universitarios fue notablemente más pronunciada que en el resto del sector público (31% frente a 14% desde diciembre de 2023), lo que justifica una recomposición parcial.
El informe propone que parte del financiamiento adicional provenga de mecanismos que no incrementen el gasto público neto: una alícuota adicional en el impuesto a las ganancias para contribuyentes que sean graduados de universidades públicas o tengan familiares cursando en ellas; fondos específicos con participación del sector privado; o esquemas de aportes diferidos por parte de egresados que hayan alcanzado cierto nivel de inserción laboral. El modelo, ya presente en los posgrados universitarios, podría extenderse (con las adecuaciones necesarias) al financiamiento del grado.
El debate sobre la política universitaria del gobierno expone la tensión entre sus dogmas fiscales y el funcionamiento histórico de la universidad pública que en la Argentina, que a pesar de tantas marchas y contramarchas, sigue rankeando entre las más prestigiosas del mundo.
La comunidad universitaria volverá a movilizarse frente a las excusas del Gobierno en torno a la Ley de Financiamiento y el sostenido deterioro salarial y de las condiciones de cursada. La nueva edición de la Marcha Federal por la educación fue convocada para el 12 de mayo, en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por Javier Milei, con previsión de una convocatoria multitudinaria y amplio respaldo social, como en las manifestaciones previas. La protesta, que tendrá como epicentro la Plaza de Mayo y réplicas en todo el país, busca defender la educación pública, la universidad y la ciencia nacional, reafirmando su peso en la agenda política y social.
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