El Gobierno nacional oficializó una profunda transformación en la estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El organismo, que hasta ahora funcionaba con autarquía, pasa a ser un ente desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Esta medida implica el reemplazo de la tradicional conducción colegiada por una presidencia unipersonal designada por el Poder Ejecutivo, asistida por un Consejo Técnico ad honorem encargado de definir los lineamientos científicos y técnicos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, justificó la reforma señalando que se busca “preservar la representación de los productores” y dotar al INTA de mayor dinamismo en la toma de decisiones. Sin embargo, desde el interior del organismo surgen voces críticas que cuestionan con dureza tanto el contenido como la forma de implementación del cambio.
El director nacional del INTA, Dr. Ariel Pereda, calificó -en un documento que circula entre los empleados y dirigentes del INTA al que tuvo acceso Sitio Andino-, como una "transformación forzada, autoritaria y extremadamente injusta" la reforma institucional. Sostiene que el decreto no elimina formalmente al INTA, pero sí "modifica su esencia", afectando su estructura federal, autonomía y legitimidad construida desde la participación territorial. “Lo que está en riesgo no es una estructura administrativa, es una red viva que conecta ciencia, producción, tecnología y comunidades en todo el país”, advirtió.
Historia y rol estratégico del INTA
Fundado en diciembre de 1956, durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, el INTA se consolidó como el principal organismo público dedicado a la investigación y extensión agropecuaria en la Argentina. Su misión ha sido impulsar el desarrollo tecnológico del sector agrario y mejorar la calidad de vida en el ámbito rural.
Hasta la reciente reforma, el INTA operaba como un organismo descentralizado con autarquía operativa y financiera. Contaba con una estructura federal, distribuida en cinco ecorregiones (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagonia), con 15 Centros Regionales, 52 Estaciones Experimentales Agropecuarias, 359 Unidades de Extensión y 6 Centros de Investigación con 22 institutos especializados.
El órgano decisor era un Consejo Directivo integrado por diez miembros: tres representantes del Ejecutivo, dos de universidades nacionales (Ciencias Veterinarias y Agronomía) y cinco de las principales asociaciones de productores del país.
Según Pereda, la nueva estructura impone un modelo centralizado, verticalista y dependiente del gobierno de turno, eliminando espacios clave de representación como los Consejos Regionales y las agencias de extensión rural. "El resto del país —la mayoría— pierde representación, presencia, capacidad de desarrollo y futuro", advirtió. También alertó que la transformación afectará especialmente a las economías regionales, los productores familiares y los saberes locales, que podrían quedar fuera del radar por falta de rédito económico inmediato.
Recursos humanos y presupuesto
Según datos oficiales de marzo de 2025, el INTA emplea a 6.389 personas, la mayoría bajo convenio colectivo. Comparado con noviembre de 2023, la planta de personal se redujo en 401 empleados, lo que representa una disminución cercana al 6%. El presupuesto asignado para 2025 asciende a $224.357 millones, equivalente al 0,23% del presupuesto nacional, con un 30% ejecutado hasta junio.
En este marco, el director del organismo desmintió los argumentos oficiales que impulsan la reforma. “Hablar de 932 cargos jerárquicos, de un crecimiento del 100% de la planta, o de que el INTA había perdido el rumbo, es falso y ofensivo”, señaló Pereda. Según explicó, las líneas estratégicas se planifican junto a los consejeros regionales y el trabajo de miles de técnicos, investigadores y extensionistas constituye un aporte austero y comprometido que el Gobierno desconoce o tergiversa.
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Muchas de las sedes y funciones del INTA quedan en riesgo a partir del decreto que degrada el rango institucional de la institución fundamental para el desarrollo agropecuario.
Investigación y aportes concretos
El INTA ha sido protagonista de avances científicos con impacto directo en la producción y la vida cotidiana. Sus áreas de investigación abarcan agroindustria, ciencias agropecuarias, veterinarias, agronómicas, economía, prospectiva, agricultura familiar y recursos naturales. Entre los desarrollos recientes destacan:
Avena apta para celíacos: Tras 15 años de investigación, se logró la variedad YAPA, utilizada en la industria cosmética.
Queso funcional: Desarrollo del primer queso argentino que ayuda a reducir el colesterol y aporta vitamina E.
Alergias alimentarias: Coordinación de un espacio multidisciplinario para proteger a quienes sufren alergias alimentarias.
Tambos robotizados: Implementación de sistemas de ordeñe automatizado, hoy presentes en más de 400 establecimientos.
Vacuna contra la fiebre aftosa: Desarrollo de una vacuna innovadora, sin uso de material infectivo, en colaboración con el National Research Council de Canadá y empresas tecnológicas nacionales.
Además, el INTA brinda servicios de análisis de laboratorio, ensayos de productos, capacitaciones y consultorías a productores agropecuarios.
Las claves del nuevo decreto
La reforma establece que el INTA tendrá como función central “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias en todo el territorio nacional”, así como acelerar la tecnificación y el mejoramiento de la industria y la vida rural.
El presidente del organismo, con rango de secretario, será responsable de conducir la institución, gestionar su patrimonio, dictar el reglamento interno, presidir el Consejo Técnico y celebrar acuerdos con entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales. El Consejo Técnico, compuesto por siete miembros ad honorem, tendrá a su cargo la elaboración de los objetivos y planes generales, la definición de áreas prioritarias de investigación y la evaluación del impacto técnico y productivo de los programas.
Desde la Dirección Nacional del INTA afirman que la reforma nunca fue fruto del diálogo, sino de una imposición unilateral. “Ha sido un monólogo autoritario y prepotente, no una discusión democrática”, afirmó Pereda, quien recordó que desde diciembre de 2023 se intentó frenar el avance del decreto con propuestas técnicas y fundadas. “Lo que falta no es modernización. Lo que molesta, parece, es la autonomía”, sintetizó.
Un cambio de paradigma
La transformación del INTA marca un cambio de paradigma en la gestión de la investigación agropecuaria argentina. Si bien el Gobierno sostiene que la reforma permitirá mayor eficiencia y alineamiento con los objetivos productivos nacionales, persisten interrogantes sobre el impacto en la autonomía institucional y la representatividad de los distintos actores del sector.
“En resumidas cuentas, el INTA, tal como lo conocimos, está siendo desmantelado con una mezcla de soberbia, ignorancia y oportunismo”, concluyó el titular del organismo. Para Pereda, no se trata de conservar privilegios, sino de defender una institución pública, federal, científica y democrática que durante siete décadas brindó tecnología, innovación y conocimiento para el desarrollo de un agro más justo y sustentable.
