Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas
Cinco cerealeras se alzan con ganacias de hasta 3500 millones de dólares extras por la suspensión de retenciones a la soja. El campo arde por la traición y Estados Unidos presiona al gobierno
La fulminante quita fugaz de retenciones a la soja, acordada (según se cuenta) en un reservado de la Bolsa de Rosario, permitió al Gobierno hacerse rápidamente de 7.000 millones de dólares, cruciales para frenar una corrida cambiaria. Sin embargo, la medida, impulsada por presiones externas y ejecutada con velocidad récord, ha generado una profunda crisis de confianza con el sector agropecuario, beneficiando exclusivamente a cinco grandes cerealeras (que ni siquiera tienen la soja que liquidaron en su poder) y revive viejas controversias sobre la triangulación y la especulación con las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior.
El escenario político y económico argentino se vio sacudido por la "operación soja relámpago", orquestada por el equipo económico liderado por Luis Caputo, cuyo fin primordial era hacerse con dólares frescos de manera urgente para contener la amenaza de una corrida cambiaria que ponía en jaque la estabilidad del Gobierno. Lejos de ser una política de incentivo al sector productivo, la decisión de aplicar "retenciones cero" a la soja por un lapso muy breve fue, en palabras llanas del propio Ministro de Economía, un tema netamente recaudatorio.
Según la reconstrucción que realizaron diversos medios y actores del mercado de cereales, la negociación clave se desarrolló entre lunes y martes pasados en mitines privados y en un salón reservado de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Allí, funcionarios nacionales como Juan Pazo, titular de ARCA, y Sergio Iraeta, secretario de Agro, definieron con corredores, operadores de granos y las grandes agroexportadoras multinacionales el monto tope de liquidación y los ajustados tiempos para conseguir las divisas.
La exigencia de la Casa Blanca
La urgencia detrás de esta maniobra tenía un origen externo de verdadero peso, la reconstrucción de la negociación indica que el avance en las condiciones de la liquidación de granos fue ordenado por Caputo a pedido expreso de los Estados Unidos.
La necesidad de mostrar y acumular "dólares genuinos" fue un requisito planteado por Scott Bessent, jefe del Tesoro de Donald Trump, como condición para concretar un salvataje financiero mayor al inicialmente prometido. Bessent había propuesto un swap de entre 2.000 y 4.000 millones de dólares, algo que desencantó al equipo argentino que presionó con todo el lobby posible.
En ese contexto de presión, Caputo manifestó sin eufemismos su prioridad: "Yo preciso los dólares, no me importan los productores", dicen que fue la orden. Algo que quedó plenamente demostrado en apenas horas.
Los negociadores del lado agropecuario ofertaron una liquidación de 4.000 millones, un número que no le cerraba al equipo económico que pretendía hacerse de 10.000 millones frescos para exhibir en New York y lograr la promesa de un swap abultado.
Finalmente, como en negociación de persa, partieron diferencias y se llegó a los 7.000 millones de dólares, plasmados en el decreto.
La efectividad de la medida, negociada a las apuradas y con miles de sospechas que pueden terminar en una pronta denuncia judicial, fue innegable. En las primeras 24 horas, las grandes cerealeras cerraron contratos por más de 4.000 millones. Ante la necesidad de acelerar, las fuentes de la reconstrucción aseguran que Bessent en persona llamó a Caputo para que apurara a las empresas ante el crecimiento de las críticas de los productores norteamericanos y de los senadores republicanos de los estados farmers.
La rapidez y el modo en que se cerró la operación generaron una "bronca" generalizada. A nivel local, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y sus bases se sintieron "traicionadas". Nicolás Pino, titular de la SRA, llamó a Caputo para preguntar qué había sucedido, sintiéndose, según relatan, "estafado". Otros dirigentes del campo ardían a través de los grupos de WhatsApp criticando la brevedad de la medida, indicando que muchos pensaban que regiría hasta el 31 de octubre. Un comportamiento demasiado inocente para dirigentes que conocen el negocio de “toda su vida”
Desde el análisis de los afectados, la medida no fue para incentivar al sector productivo, sino un "instrumento netamente económico que además perjudica al sector porque sigue generando imprevisibilidad". Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló públicamente que la medida fue una "ventana de oportunidad y un negocio para unos pocos".
La Doble Estafa y los Ganadores Explícitos
De hecho, la "estafa" pergeñada entre el Poder Ejecutivo y las exportadoras nucleadas en la CIARA CEC fue doble. Los ganadores fueron los grandes acopiadores y exportadores que, según se calcula, se quedaron con 1.500 millones de dólares de ganancia neta por las retenciones cero. El fisco, en contraposición, dejará de recaudar por estos derechos de exportación.
Además, la trampa radica en que cuando las cerealeras salgan a comprar los granos a los productores, les descontarán de lo que abonen en pesos el valor de las retenciones que vuelven a regir. Conclusión: la ganancia de las multinacionales podría llegar hasta los 3.500 millones de dólares.
Grandes jugadores como Bunge–Viterra (que concentran el 30% del mercado), LDC, COFCO, Cargill, Molinos Río de la Plata y AGD, ya habían concertado esta ventana de oportunidad con el Gobierno. El esquema para las exportadoras es claro: "ganar – ganar".
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Las grandes agroexportadoras declararon y liquidaron exportaciones de soja que aún ni siquiera compran
Declaraciones Juradas y riesgo de triangulación
La controversia se agudiza por la metodología utilizada. Un "acto fallido" del titular de ARCA, Juan Pazo, develó que las compañías podrían haber emitido sus Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por productos que en realidad no poseen en su totalidad y que ahora tendrán que "comprar" a los productores.
Esta práctica rememora un caso histórico de 2007. Una maniobra similar fue denunciada, dando origen a la llamada Ley Martínez Raymonda, que intentaba resolver la "avivada" de las exportadoras de declarar ventas sin contar con el grano en su poder. En aquella ocasión, el total adeudado por las cerealeras por presentación anticipada de DJVE superó los 1.700 millones de dólares.
La oposición ya piensa en cobros excepcionales
El diputado Eduardo Valdés ha presentado un pedido de informes para determinar si, en este reciente esquema, las cerealeras tenían o no los granos al momento de anotar las DJVE por 19 millones de toneladas. Otro diputado nacional, Leandro Santoro, presentará en las próximas horas un proyecto de gravamen excepcional para los beneficiarios de algo que, si no es una estafa al fisco y a los productores, se le parece mucho.
Este riesgo abre la duda: ¿y si los productores deciden no vender sus granos a precios que consideren injustos, abroquelándose? El consultor Javier Preciado Patiño, ex funcionario del Ministerio de Agricultura, sostiene que cuando llegue el día del embarque, "las empresas van a tener que comprar y eso hay que pagarlo".
Sin embargo, la amenaza que se cierne es la triangulación de operaciones desde Paraguay y Brasil, esquema que ya es utilizado por la industria aceitera y que involucra a las mismas empresas que fueron las grandes ganadoras de la medida Caputo-Milei.
Repercusiones Internacionales y Duda Política
La "bronca" no se limitó a la Pampa Húmeda. El rescate financiero a Milei por parte de EE. UU. se enfrenta a una creciente oposición de demócratas, republicanos y grupos agrícolas estadounidenses.
Senadores como Chuck Grassley (republicano por Iowa) están "muy molestos" porque, justo después del acuerdo de rescate, Argentina "vendió soja a China" mientras ellos están presos de la guerra arancelaria entre Trump y China.
La Asociación Americana de la Soja (American Soybean Association) advirtió que Argentina, favorecida por la exención de impuestos a las exportaciones, vendió 20 cargamentos de soja a China. Esto generó un conflicto en el Tesoro de Trump, que veía cómo la ayuda a un aliado político perjudicaba directamente a los farmers estadounidenses.
Mientras la administración Trump ve el acuerdo como una forma de contrarrestar la creciente influencia china en América Latina y asegurar recursos estratégicos, la medida local ha dejado en evidencia que el objetivo es meramente especulativo para conseguir dólares, planchar el precio y las expectativas y convencer a Estados Unidos de que abra el multimillonario swap.
Todo parece pensado en llegar al 26 de octubre, no importa que sea a costa de hipotecar el futuro, traicionar una parte del núcleo duro de sus votantes como lo es (o era) el campo.
En apenas tres días el Gobierno consolida su dependencia del gobierno de Estados Unidos a costa de sacrificar la confianza de los productores que lo aplaudieron a rabiar en la última Exposición Rural y olvidando (quizás para siempre) que la eliminación de retenciones debe ser una política de Estado permanente para ofrecer previsibilidad al sector, como le reclamó CONINAGRO en el documento difundido ayer.
