Informe del CEPA estima que el RIGI implicará una renuncia fiscal superior a USD 1.000 millones anuales y cuestiona su impacto real sobre nuevas inversiones.
Los proyectos RIGI recibirian beneficios fiscales por más de 1000 millones de dólares.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue presentado por el oficialismo como el instrumento capaz de destrabar una nueva era de inversión extranjera en la Argentina. Junto con ello, también cosechó un número importante de cuestionamientos por las enormes facilidades que se le otorgan a inversiones que muy probablemente igual se instalarán en la Argentina y el desmedro que el sistema realiza con las inversiones y proyectos pyme locales.
Un análisis elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que, precisamente, el régimen implica una renuncia fiscal de magnitud considerable y que una parte sustancial de los proyectos beneficiados ya estaban en carpeta antes de su sanción.
Al 11 de mayo de este año, fecha de cierre del trabajo, el Estado nacional había aprobado doce proyectos bajo el régimen, con una inversión comprometida que asciende a 6.680 millones de dólares. Los sectores involucrados abarcan energías renovables, hidrocarburos, gas natural licuado, minería de litio, cobre, oro y plata, siderurgia e infraestructura portuaria. Las exportaciones anuales proyectadas, una vez que los proyectos alcancen régimen pleno, rondarían los 28.141 millones de dólares.
El costo fiscal estimado para ese escenario de plena producción, previsto entre 2030 y 2033, es de aproximadamente 1.069 millones de dólares por año en el escenario base, con un rango que oscila entre 786 millones y 1.395 millones según el nivel de exportaciones efectivamente alcanzado.
El beneficio de mayor peso fiscal dentro del régimen es la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias. El RIGI establece una tasa del 25% para los llamados Vehículos de Proyecto Único (VPU), frente al 35% que rige para el resto de las sociedades. Esa diferencia de diez puntos porcentuales sobre la base imponible neta genera, en el escenario base, una renuncia recaudatoria de 545 millones de dólares anuales.
Los proyectos de mayor impacto en este rubro son la planta de licuefacción de gas natural de Southern Energy (el emprendimiento de mayor envergadura del portfolio, con una inversión de 15.156 millones de dólares) y la mina de cobre Los Azules, de McEwen Copper, en San Juan.
Las retenciones de exportación resignadas suman 107 millones anuales y afectan principalmente al litio (Rincón de Litio, de Río Tinto, y Hombre Muerto Oeste, de Galán Lithium, ambos con una alícuota del 4,5%) y a la plata, en los proyectos Diablillos y Gualcamayo. Para petróleo, gas natural y oro, la alícuota de derechos de exportación ya era cero antes del RIGI, de modo que el beneficio en esos sectores resulta marginal por este concepto.
La exención de aranceles de importación sobre bienes de capital representa 183 millones de dólares anuales, concentrada en la fase de construcción, mientras que el costo financiero asociado a los Certificados de Crédito Fiscal emitidos para cancelar el IVA preoperativo suma otros 200 millones anuales en el período 2025-2028. Durante esa etapa constructiva, el costo fiscal total se estima en 430 millones anuales de la moneda norteamericana.
Uno de los hallazgos más llamativos del informe remite al rol de YPF dentro del esquema. La empresa estatal tiene participación directa o protagónica en proyectos que concentran el 68,5% del monto total comprometido, equivalente a 18.267 millones de dólares. Esto incluye el parque solar El Quemado, el Oleoducto Vaca Muerta Sur y el consorcio de licuefacción de Southern Energy. La conclusión es reveladora: en un régimen diseñado para atraer inversión privada, el Estado sigue siendo el actor dominante a través de su principal empresa energética.
El informe también plantea una pregunta central sobre la efectividad del instrumento: ¿cuántos de estos proyectos son genuinamente nuevos? La revisión de antecedentes públicos indica que al menos siete de los doce emprendimientos ya habían sido anunciados, contaban con estudios de factibilidad avanzados o registraban inversiones ejecutadas antes de la sanción de la Ley Bases, en junio de 2024.
Galán Lithium había anunciado producción en Catamarca para 2025; Río Tinto revisaba costos en Rincón de Litio desde 2023; McEwen Copper había presentado su informe de impacto ambiental antes del RIGI; AbraSilver acumulaba más de 25 millones invertidos en Diablillos. El régimen, en esos casos, no habría creado inversión nueva sino trasladado beneficios extraordinarios a proyectos con desarrollo propio.
Hacia el cierre del informe, el CEPA advierte sobre el impacto del denominado “SuperRIGI”, cuyo anuncio introduce una nueva reducción de la alícuota de Ganancias: del 25% vigente en el RIGI original al 15%, es decir, una rebaja adicional de diez puntos porcentuales. Dado que Ganancias es precisamente el componente de mayor peso dentro del costo fiscal total, esta modificación ampliaría de manera significativa la renuncia recaudatoria del Estado en los años venideros.
El Gobierno nacional sostiene que el RIGI no afecta el equilibrio fiscal porque el Presupuesto no contabiliza ingresos provenientes de estas actividades. El informe del CEPA no discute esa postura, pero aplica la metodología estándar de gastos tributarios para cuantificar lo que el Estado efectivamente resigna. La cifra resultante,más de mil millones de dólares por año, es la magnitud del esfuerzo fiscal que, hasta ahora, permanecía sin número.
NdR: El informe del CEPA fue terminado antes de la aprobación de incorporación al RIGI de PSJ Cobre Mendocino y Cauchari Olaroz en Salta
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