El Gobierno nacional impulsa cambios en Zonas Frías que eliminarían descuentos en tarifas de gas para millones de usuarios de Mendoza y otras provincias.
Javier Milei prepara un nuevo golpe al bolsillo mendocino con las tarifas de gas
El gobierno de Javier Milei, a través de sus legisladores, intentará este miércoles propiciar un nuevo golpe a los bolsillos de miles de hogares mendocinos y del país con el posible tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma del Régimen de Zonas Frías, que suprimirá el descuento en las tarifas de gas natural para más de tres millones de usuarios distribuidos en una docena de provincias.
La iniciativa del oficialismo revierte la ampliación territorial dispuesta en 2021 y restringe el beneficio a las regiones originalmente contempladas cuando el régimen fue creado, hace más de dos décadas.
El proyecto fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y cuenta con el respaldo del ministro de Economía, Luis Caputo. El oficialismo estima que dispone de entre 131 y 132 votos (incluidos los legisladores mendocinos de LLA y el radicalismo) para abrir la sesión y aprobar la totalidad del temario, aunque la solidez de ese número depende en buena medida del acompañamiento de los gobernadores de las provincias directamente afectadas, que hasta ahora no se han expresado en contra del proyecto.
La historia legislativa del Régimen de Zonas Frías atraviesa dos momentos bien diferenciados. En su versión original, sancionada en 2002, la normativa establecía una bonificación universal del 50% sobre el precio del gas para los hogares de la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe, en Mendoza, regiones definidas por sus condiciones climáticas extremas. El universo de beneficiarios alcanzaba entonces a unas 950.000 familias.
En 2021, la Ley 27.637 amplió de manera significativa el alcance territorial del régimen. Se incorporaron la Costa Atlántica bonaerense, el sur de Santa Fe, sectores de Córdoba, localidades de La Pampa, Catamarca y la totalidad de Mendoza, después de estudiar las variables térmicas invernales de esas zonas. El descuento quedó fijado en un 30% generalizado (50% para sectores vulnerables) y el padrón de beneficiarios trepó a más de cuatro millones de usuarios.
El proyecto que el oficialismo lleva ahora a Diputados restituye el diseño geográfico previo a esa ampliación. En términos prácticos, implica que las localidades incorporadas en 2021 perderán el beneficio universal. Solo conservarán algún tipo de asistencia aquellos hogares inscriptos en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al que acceden únicamente quienes perciben ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, umbral que hoy equivale a aproximadamente 4.400.000 pesos mensuales. También mantendrán el subsidio las familias con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad y los beneficiarios de la pensión vitalicia a veteranos de Malvinas.
En Mendoza el impacto es más que importante: el único departamento que permanece dentro del régimen es Malargüe. Quedan excluidos el Gran Mendoza, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.
En la provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor parte de los usuarios incorporados en 2021, quedarán excluidos del beneficio los partidos de General Pueyrredón (donde se ubica Mar del Plata), Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría y Azul, entre otros. También resultarán afectados municipios del centro y norte provincial como San Nicolás, Pergamino, Junín, Campana, Zárate y Chivilcoy.
Córdoba perderá el beneficio en buena parte de su territorio sur y central, incluidas zonas densamente pobladas como Río Cuarto, los departamentos de Juárez Celman, General Roca, Calamuchita, Tercero Arriba y Presidente Roque Sáenz Peña. En Santa Fe, el recorte alcanza a los municipios del sur de la provincia que habían sido incorporados en 2021, entre ellos Rosario.
La lista continúa con departamentos de Salta , con gran parte de La Pampa, incluyendo Santa Rosa, y con localidades de San Luis como Ciudad de San Luis, Villa Mercedes y Merlo. Completan el cuadro el Gran San Juan, municipios catamarqueños como Andalgalá, Belén y Tinogasta, zonas de La Rioja y Tafí del Valle en Tucumán.
En paralelo al debate legislativo, el Gobierno tomó otra decisión de impacto tarifario. A través de la empresa estatal ENARSA, el Estado asumirá durante el invierno de 2026 el diferencial entre el costo real del gas natural licuado importado (aproximadamente 20 dólares por millón de BTU en el mercado internacional) y el precio que abonan los usuarios en sus facturas, que ronda los 3,79 dólares. La diferencia no se condona: será recuperada mediante el mecanismo de Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) en las boletas del período estival, cuando el consumo y la carga económica sobre las familias es menor.
La decisión tiene un antecedente directo: el Gobierno había intentado traspasar las importaciones de GNL a operadores privados mediante una licitación, pero las únicas ofertas recibidas, de las empresas Naturgy y Trafigura, implicaban honorarios que duplicaban el costo de gestión de ENARSA. Ante la ausencia de condiciones competitivas, el Estado retomó el control del proceso.
El conjunto de estas medidas configura una política energética orientada a reducir el gasto público en subsidios, aunque con tiempos y mecanismos que buscan amortiguar el impacto inmediato sobre los consumidores. La aprobación del proyecto en Diputados dejará la decisión final en manos del Senado, con una fecha implícita en el horizonte: el Gobierno aspira a completar el trámite legislativo antes del inicio del Mundial de fútbol.
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