Un tribunal bonaerense condenó a un abogado por mala praxis. El profesional dejó caer un juicio laboral por inactividad y deberá abonar una cifra millonaria.
Condenaron a un abogado a pagar una millonaria indemnización a su excliente por mala praxis
Un abogado matriculado en la provincia de Buenos Aires fue condenado a pagar una indemnización de 3.500.000 pesos a un excliente por su desempeño negligente. La Cámara de Apelaciones civil y comercial de Quilmes determinó que la inacción absoluta del profesional causó la caducidad definitiva del juicio laboral estratégico que tramitaba el damnificado.
El conflicto judicial escaló cuando el cliente afectado inició una demanda civil por daños y perjuicios contra su exapoderado. El expediente original demostró que la causa laboral terminó archivada de forma definitiva tras acumular varios años de inactividad procesal. El nuevo letrado asumió la responsabilidad total del caso, pero ignoró una intimación clave en septiembre de 2017.
La inacción del profesional derivó en el decreto de caducidad formal en junio de 2018. El transcurso del tiempo bloqueó cualquier intento posterior de reabrir el reclamo por despido o de iniciar una nueva acción legal contra la firma empleadora. El afectado argumentó que la pasividad del experto frustró toda posibilidad de cobrar sus salarios adeudados.
En su defensa ante el tribunal de alzada, el abogado acusado rechazó las acusaciones de negligencia profesional y apuntó contra su propio cliente. El letrado alegó que la falta de colaboración del demandante y las dificultades para localizar a la empresa impidieron el avance del trámite. Asimismo, argumentó que la firma deudora carecía de solvencia y acumulaba otros juicios fallidos.
El letrado omitió la constitución del domicilio electrónico obligatorio y no realizó ninguna presentación oportuna para sostener con vida el juicio laboral. La jueza de primera instancia rechazó la demanda civil en una primera etapa al considerar que no había pruebas de un perjuicio económico real. Sin embargo, el cliente apeló el veredicto adverso con firmeza.
Los camaristas de la Sala Segunda revocaron el fallo inicial y analizaron a fondo los deberes de los auxiliares de la justicia. El tribunal constató que la búsqueda del domicilio comercial constituye una tarea básica de la incumbencia exclusiva del experto legal contratado. Por este motivo, los jueces determinaron que la culpa recae sobre el mandatario de la matrícula.
La resolución judicial distinguió de forma precisa el daño material de la afectación espiritual sufrida por el reclamante durante el proceso. Los magistrados descartaron la indemnización por pérdida de chance patrimonial debido al historial de quiebra e insolvencia que presentaba la compañía empleadora. El tribunal entendió que la deuda original era igualmente incobrable en la práctica.
No obstante, la Cámara de Apelaciones admitió el reclamo por daño moral contractual de manera unánime. Los jueces consideraron que el fracaso del proceso lesionó gravemente la confianza legítima depositada en el profesional del derecho. El fallo remarcó que esta clase de frustración íntima no requiere una acreditación material directa para su resarcimiento en sede civil.
La condena fijó la suma definitiva en 3.500.000 pesos y determinó que acumulará intereses desde la fecha de interposición de la demanda. El demandado tendrá un plazo perentorio de diez días para transferir el capital una vez que el fallo quede firme bajo apercibimiento de ejecución. El veredicto impuso el pago de la totalidad de las costas judiciales al abogado vencido.
La sentencia representa un precedente de gran peso sobre el nivel de diligencia que los ciudadanos pueden exigir a sus representantes legales. Los tribunales bonaerenses dejaron en claro que la omisión de actos procesales básicos genera responsabilidades civiles directas y punibles.