Cuando este viernes el Senado, probablemente, dé sanción definitiva al Presupuesto 2026, el sistema de la educación y la ciencia argentina quedará frente a una de las etapas más delicadas desde el retorno de la democracia.
26 de diciembre de 2025
El Presupuesto 2026 consolida un ajuste profundo en educación, universidades y ciencia, con recortes históricos, cambios legales y un giro en el rol del Estado.
Las marchas universitarias en defensa de la Educación Pública
Foto: Crisitan LozanoCuando este viernes el Senado, probablemente, dé sanción definitiva al Presupuesto 2026, el sistema de la educación y la ciencia argentina quedará frente a una de las etapas más delicadas desde el retorno de la democracia.
Lejos de tratarse de una readecuación coyuntural del gasto público, los datos oficiales y los informes técnicos disponibles describen un proceso de contracción sostenida que compromete pilares centrales de la formación de recursos humanos y del desarrollo tecnológico nacional. El proyecto de Presupuesto 2026, junto con la ejecución de los últimos ejercicios, expone con claridad una orientación que redefine el rol del Estado en áreas estratégicas. Así lo destaca un análisis minucioso del capítulo educativo del presupuesto que realizó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Uno de los focos más sensibles de este proceso es la educación técnico profesional. El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FoNETP), creado por la Ley 26.058 como herramienta clave para el fortalecimiento de las escuelas técnicas, enfrenta un recorte de magnitud inédita.
Según el relevamiento del CEPA, la caída acumulada proyectada para 2026 alcanza el 93% en términos reales respecto de lo ejecutado en 2023. La dimensión del ajuste no solo impacta en la capacidad operativa de las instituciones, sino que supone un incumplimiento directo de la legislación vigente, que establece un piso mínimo de financiamiento equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes del Estado nacional.
La secuencia de los últimos años muestra un deterioro progresivo: en 2023 el fondo recibió apenas la mitad de los recursos que le correspondían por ley; en 2024 y 2025 el porcentaje descendió a cifras de un solo dígito; y para 2026 se proyecta una asignación marginal.
A este vaciamiento presupuestario se suma una definición política de mayor alcance. El artículo 30 del proyecto de ley de presupuesto, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, propone directamente la eliminación del FoNETP, lo que implicaría suprimir el mecanismo de financiamiento automático que garantizaba previsibilidad a las escuelas técnicas.
La educación superior tampoco queda al margen de este escenario contractivo. Las universidades nacionales registran una caída real cercana al 34% respecto de 2023, profundizando un conflicto que trasciende lo presupuestario y adquiere ribetes institucionales.
La promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y la posterior suspensión de su ejecución mediante decreto reavivaron el debate sobre la división de poderes. Especialistas en derecho constitucional han advertido que la decisión del Ejecutivo de paralizar una norma aprobada por el Congreso, bajo el argumento de la falta de partidas, tensiona el equilibrio republicano y abre un precedente controvertido.
El impacto social de estas decisiones se manifiesta con especial crudeza en los programas de apoyo estudiantil. Las becas y transferencias directas destinadas a sostener las trayectorias académicas acumulan una caída real superior al 70% desde 2023.
En un contexto de deterioro de los ingresos familiares, la reducción de estas herramientas amenaza con expulsar del sistema a miles de estudiantes, particularmente en los primeros años de formación universitaria y técnica.
El retroceso no se limita al ámbito educativo. La función de Ciencia, Tecnología e Innovación exhibe un recorte cercano al 50% en términos reales frente a los niveles de 2023.
Más allá de la reducción de partidas, el Presupuesto 2026 introduce cambios normativos que alteran compromisos de largo plazo. Entre ellos, la derogación de la senda de inversión progresiva que debía llevar el financiamiento científico al 1% del producto interno bruto y la eliminación de la garantía del 6% del PBI para educación establecida en la Ley de Educación Nacional. Estas modificaciones implican el abandono de consensos construidos durante décadas en torno a la necesidad de sostener políticas de Estado en áreas clave para la autonomía productiva.
En términos agregados, la función Educación y Cultura presenta una caída real superior al 47% respecto de 2023. La magnitud del ajuste sugiere un cambio de paradigma en el que el equilibrio fiscal se impone como objetivo prioritario, aun a costa de debilitar los mecanismos de formación de capital humano y de generación de conocimiento. La supresión de fondos específicos y el incumplimiento de metas legales de inversión reducen la capacidad del sistema para planificar a mediano y largo plazo.
La casi segura aprobación del presupuesto, sumada a la nueva ley de educación que envió el Ejecutivo, deja a la educación argentina camino a la desfinanciación y a hacer estallar por los aires un modelo educativo basado en la educación pública, libre y gratuita que, es cierto, atraviesa problemas pero aún sigue siendo referencia a nivel americano y global.