Invertir más en mejoras del servicio, una condición que la Provincia le exige a Edemsa a cambio de la prórroga de contrato
La negociación que se llevó gran parte del 2022 entra en su recta final. El acuerdo por la prórroga de la concesión del servicio eléctrico por 20 años a Edemsa, apoyado en reclamos cruzados por deudas con la provincia de Mendoza que quedan sin efecto, rebaja de canon a pagar y compromiso de inversiones acaba de ser ratificado por los accionistas, y resta un par de pasos para implementarse.
Una asamblea realizada en los últimos días terminó de refrendar los términos del convenio firmado con el poder concedente en enero. Lo más importante es que luego de 25 años (el contrato tiene un plazo de 30), una vez vigente, Edemsa se habrá asegurado seguir como el principal concesionario del servicio eléctrico desde 2028 y hasta 2048.
"Nosotros no reconocemos los ingresos no percibidos por el atraso tarifario hasta el 31 de diciembre de 2022. Y ellos tampoco lo que la Provincia reclama. Lo cierto es que hoy tenemos una mala calidad del servicio apalancada en la falta de inversión, que es algo que apuntamos a resolver en adelante", destacó el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, respecto al resorte que le permite la ley 7543.
La prórroga del contrato de concesión le otorga a la compañía una prórroga por un "período adicional" de 20 años desde el 1 de agosto de 2028. Pero mucho antes podrá empezar a gozar de ciertos beneficios, como una rebaja del cánon que cobra la Provincia.
Ahora la ratificación final desde la empresa corre por cuenta de Sodemsa, la sociedad controlante de Edemsa, con el 51% del paquete accionario (ver abajo "Lo que falta"). Aunque no trascendió cuando ni cómo, desde la firma reconocieron que dependerá de una nueva asamblea, en este caso de los accionistas mayoritarios.
Justamente es, junto al período de prórroga, el segundo de los 5 puntos acordados, y recientemente ratificados por la asamblea de accionistas de Edemsa.
En concreto, el Gobierno mendocino se apoya en la ley 6497 de 1997 (artículo 19), para justificar una quita del canon del 10% a un 6% a partir de la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo de Transacción. O sea, una vez aprobado por los accionistas, cuando la Provincia dé luz verde, sin necesidad de esperar al 2028.
Hoy por hoy, el cánon del 10% equivale a unos $400 millones anuales de lo que factura y recauda Edemsa que ingresan al Fondo Compensador de tarifas, mecanismo para equilibrar los números del sistema entre ingresos y egresos (subsidios). La diferencia, para el funcionario "está cubierta dentro del mismo sistema".
La ley 6497 determina que "todas las concesiones de distribución de energía eléctrica abonarán un canon de concesión que no podrá ser inferior al 6% del total de la facturación del servicio, sin impuestos". Y faculta al Ejecutivo a decidir desde cuándo empezará a cobrarse.
El tercero y cuarto están relacionados con el tantas veces exigido plan de obras, que como condición la distribuidora eléctrica "se obliga a ejecutar en tiempo y forma". Un ítem que en varios aspectos favorecen a Edemsa: es que se menciona un plan de "carácter meramente indicativo", a acordarse con el Epre, y además a financiarse con tarifa.
"El poder concedente se compromete a incluir en los cuadros tarifarios futuros el costo del referido plan, debiendo ser ajustado en los sucesivos ajustes", reza el convenio. Y puntualiza, además, que "el poder concedente como titular de las acciones clase “B” y “C” (posee 39% de Sodemsa, la sociedad) se compromete a aplicar eventuales dividendos a las inversiones paraexpansión del sistema y/o eficiencia energética, que no serán computadas en la base del capital remunerado a la Distribuidora".
Según Mema "eso significa una afectación de entre 2 y 3% de la tarifa que pagan los usuarios. Si la empresa repartiese dividendos, lo que no ha hecho en los últimos 15 años, la Provincia como accionista debería destinarlos a ese fin y no a financiar gastos corrientes como el pago de sueldos".
Tras negociar los términos del convenio con Edemsa para la prórroga, desde el Ejecutivo mendocino sostienen una defensa cerrada de su alcance basándose en una cuestión de costos.
Aseguran que, de lo contrario, una salida del concesionario hubiera significado pagarle una cuantiosa suma a los accionistas.
¿Cuánto? Hay dos formas de calcularlo. Una en relación a los casi u$d 120 millones que la sociedad liderada por Daniel Vila y José Luis Manzano abonó por Edenor, la principal distribuidora eléctrica de Buenos Aires, con más de 4 millones de usuarios. Si se tiene en cuenta que Edemsa atiende cerca del 10% de ese universo en Mendoza, se desprende que el pago rondaría los u$d 15 millones.
También el EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico) hizo su cálculo del valor de las acciones en caso de tener que recomprarlas o pagarlas. De acuerdo al flujo de contado de fondos que son parte de la balanza financiera de Edemsa, resulta una suma que actualmente supera los $65.000 millones. Al tipo de cambio actual, unos u$d 184,3 millones.
"Es un dinero importante a pagarle a una empresa para que se vaya. Pero además ¿quién pondría 100 millones de dólares o mas para quedarse con las acciones de un concesionario de un servicio público en Argentina hoy?", analizó Mema.
Ahora, para terminar de poner en vigencia el acuerdo, Edemsa debe presentar al Gobierno la ratificación de las condiciones pactadas.
Concretamente, dos fundamentales: la cláusula de indemnidad que exije el poder concedente (para blindarse de reclamos ulteriores de la empresa), y la renuncia expresa a la demanda iniciada en noviembre de 2019 ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones), el tribunal que atiende litigios entre concesionarios privados de servicios y Gobiernos de distintos países.
Un antecedente negativo: diez años atrás, un fallo adverso para Argentina (y Mendoza) obligó a pagarle a EDF (Electricité de France, primer concesionario de Edemsa cuando se privatizó el servicio en 1998, que también lo había sido de Edenor) u$d 136,7 millones desde 2001 por la Emergencia Económica y el congelamiento de tarifas. Una suma que, actualizada con intereses, al momento de su pago efectivo ya ascendía a u$d 150 millones.
Lo dicho: Edemsa ya aceptó todas las condiciones del convenio y así se lo comunicó al Gobierno. Resta que haga lo propio Sodemsa, integrada por otras dos firmas y algunos fondos de inversión menores: la decisión pasaría por desistir del CIADI para someterse, en caso de conflicto legal, a la Justicia ordinaria argentina.
Y si bien nadie en el seno de la compañía lo oficializó, se sabe que la vocación de la sociedad controlante es dar un paso más en ese sentido. Algo así como formalizar lo resuelto en la asamblea extraordinaria de la semana pasada, con lo cual quedaría despejado el camino para avanzar hacia la prórroga del contrato de concesión.
Andina PLC tiene el 51% del capital de Sodemsa, conformada a su vez por IADESA (60%); y Mendinvert, con otro 40%. Dentro de ese esquema, los empresarios mendocinos José Luis Manzano y Daniel Vila son accionistas de Andina PLC con un 10% a través de la firma Fildrán S.A. (posee 7,37 %), mientras que Manzano, a su nombre, detenta 6,44 %.
A su vez, el Estado provincial es el socio minoritario dentro del paquete, con 39% de las acciones. Y lo completan los ex empleados de la otrora estatal Emse (PPP, o Propiedad Participada del Personal) con el restante 9,98%.