Durante los primeros dieciséis meses de la gestión del presidente Javier Milei, el mercado laboral argentino experimentó una retracción significativa en los principales indicadores del empleo formal. Así lo expone un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que analiza los datos publicados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) entre noviembre de 2023 y marzo de 2025. La pérdida de empleadores, empresas y puestos de trabajo registrados da cuenta de un deterioro estructural, que excede la coyuntura económica y plantea desafíos de fondo en cuanto a la calidad del empleo en el país.
Empresas y empleadores en retroceso
Uno de los datos más contundentes que revela el informe es la disminución de 13.862 empleadores durante el período analizado. Esta caída representa una contracción notable en la base empresarial registrada del país. El sector “Servicios de transporte y almacenamiento” fue el más afectado, tanto en términos absolutos como relativos: perdió 3.502 empleadores, lo que representa un 8,9% del total del sector.
Esta tendencia no se distribuyó de manera homogénea entre los distintos tamaños de empresas. Por el contrario, el 99,73% de la reducción de empleadores correspondió a firmas de hasta 500 trabajadores, es decir, al universo de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Las grandes empresas -aquellas con más de 500 empleados- solo explicaron el 0,27% de los casos (38 empleadores menos), lo cual pone en evidencia una vulnerabilidad especialmente marcada en el entramado productivo más débil.
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En la Argentina no solo se pierden puestos de trabajo, también cae fuertemente la cantidad de empleadores.
Pérdida de empleo registrado
La caída en la cantidad de empleadores tuvo su correlato en el plano de los puestos de trabajo formales. Según el CEPA, entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se perdieron 210.971 puestos de trabajo registrados, lo que representa una contracción del 2,14% del total. Si bien el ajuste alcanzó a diversos sectores, la mayor parte de la pérdida se concentró en el ámbito estatal: la administración pública, defensa y seguridad social obligatoria redujo su plantel en 130.102 trabajadores.
En términos relativos, el sector de la construcción lideró el retroceso, con una caída del 17,2%. Este dato resulta particularmente relevante si se considera el peso que tiene esta actividad en la absorción de mano de obra y en la dinamización de la economía.
Al desagregar los datos por tamaño de empresa, surge una paradoja: las grandes firmas fueron las que más personal expulsaron, con una reducción de 177.220 trabajadores (84% del total de la pérdida de empleo). Esto equivale a una baja del 3,71% en su dotación. En contraste, las empresas con hasta 500 empleados recortaron 33.751 puestos, lo que representa el 16% de la pérdida total y un ajuste proporcional menor (0,67%).
La informalidad como refugio
Más allá del registro estadístico formal, el panorama general del mercado laboral se completa con un fenómeno ya extendido: la expansión del empleo informal. En el primer trimestre de 2025, la totalidad del empleo neto creado fue de cuentapropistas no registrados en el Monotributo, es decir, trabajadores informales sin ningún tipo de cobertura ni derechos laborales.
Esta tendencia va en línea con lo que varios analistas describen como un “cambio de moda” en el mercado de trabajo argentino: la desocupación abierta deja de ser el principal síntoma de deterioro, y es reemplazada por la informalidad laboral. Actualmente, más de 10 millones de personas trabajan sin acceso pleno a derechos laborales. De ese total, se estima que 2,5 millones se desempeñan como monotributistas plenos, 2,5 millones como cuentapropistas no registrados y otros 5 millones como asalariados en negro.
El problema no se limita a la falta de registro. La inestabilidad de los ingresos es también una característica determinante. Estos trabajadores no reciben salarios fijos, sino que dependen del volumen de horas que logren trabajar. Así, un eventual aumento del salario real —como el que podría surgir de ciertas estadísticas— no necesariamente se traduce en una mejora real en sus condiciones de vida, ya que muchas veces esos ingresos adicionales derivan de trabajar más horas, y no de una mayor productividad o mejora en la remuneración por hora.
Un mercado dividido y una economía estancada
En paralelo, el universo del empleo formal —que alcanza a otros 10 millones de personas— también enfrenta tensiones. Los asalariados en blanco del sector privado, unos 6,5 millones, permanecen estables, aunque con salarios estancados. La percepción generalizada es la de un escenario donde no se avanza, pero al menos no se retrocede, lo cual refleja un conformismo resignado ante la falta de perspectivas de mejora.
En el caso de los empleados públicos, la situación es aún más restrictiva. Con salarios deliberadamente licuados para contribuir al objetivo del superávit fiscal, la estabilidad del empleo se vuelve el único consuelo frente a una pérdida evidente de poder adquisitivo.
Lo que subyace a este diagnóstico es la ausencia de empleos “buenos”, entendidos como aquellos que permiten a las personas progresar, planificar a futuro y mejorar su calidad de vida. No basta con que haya trabajo: hace falta que ese trabajo tenga valor y estabilidad.
El desafío estructural
La generación de empleo de calidad requiere, en última instancia, una economía dinámica, ordenada y competitiva. Esto supone un marco macroeconómico estable, pero también condiciones estructurales más profundas: inversión sostenida en tecnología e infraestructura, un sistema educativo que prepare a las nuevas generaciones para los desafíos productivos del siglo XXI, y un sistema financiero sólido que canalice el ahorro hacia la inversión productiva.
Ninguna de las necesidades para cambiar el rumbo aparece en las prioridades de las políticas del Gobierno, que avanza en el retiro absoluto de la inversión en infraestructura, investigación y desarrollo, desfinancia a fondo el sistema universitario y prioriza los negocios financieros por sobre la inversión productiva. Además, pretende avanzar hacia una reforma laboral que legalice el trabajo en negro y desfinancie los sistemas de salud solidarios y el sistema previsional.
La mejora en la calidad del empleo, y por tanto sus ingresos, se vuelve una prioridad tan urgente como reducir la desocupación; sin embargo, parece que el camino será largo y lleno de obstáculos.
