La reforma laboral impulsa banco de horas, salarios en dólares y un nueva indemnización. Javier Milei busca aprobarla en diciembre en medio de tensión política.
Javier Milei cumple dos años de gobierno presentando el proyecto de Refora Laboral
En medio de un clima de aceleración política y con la intención de sentar las bases de un nuevo modelo económico antes del cierre del año legislativo, el Gobierno Nacional ha decidido reactivar su agenda de reformas estructurales. Hoy el presidente Javier Milei , en consonancia con sus dos años de mandato presentaría el proyecto de Reforma Laboral.
Tras el traspié judicial que sufrió el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el oficialismo busca ahora legitimar a través del Congreso un paquete de medidas que promete transformar radicalmente las relaciones entre empleadores y asalariados en la Argentina.
La estrategia parlamentaria delineada por el oficialismo parece mostrar cierta urgencia. Patricia Bullrich, en su rol de jefa de bloque en la Cámara Alta, ha manifestado su intención de imprimir un trámite "exprés" a la iniciativa, que incluiría incluso su presidencia transitoria de la Comisión de Legislación Laboral.
Los planes del oficialismo, que pueden pecar de un optimismo aritmético difícil de cuadrar en el calendario legislativo, apuntan a conseguir dictamen este mismo viernes 12 de diciembre, con la mira puesta en llevar el proyecto al recinto el día 19. Esta celeridad contrasta con la ausencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se encuentra fuera del país, dejando el Senado bajo la presidencia provisional de Bartolomé Abdala en un momento de alta sensibilidad política.
El origen del articulado ha generado fricciones incluso antes de su presentación formal. Si bien existía el “Consejo de Mayo” -integrado por representantes del Ejecutivo, el Senado y Diputados, gobernadores, empresarios y trabajadores- encargado de elaborar el proyecto para el Ejecutivo, la Casa Rosada optó por avanzar con un texto propio ya redactado, restando relevancia al trabajo de dicho consejo consultivo.
La autoría intelectual y la defensa técnica del proyecto de reforma laboral de neto corte empresarial recaen nuevamente en la figura de Federico Sturzenegger, quien asumió la tarea de instruir al bloque de diputados sobre los puntos salientes de la normativa, en una suerte de clase magistral destinada a alinear a la tropa propia y a los aliados circunstanciales.
El espíritu de la iniciativa retoma los lineamientos truncos del DNU 70/23 y la primera versión de la Ley Bases, buscando ahora blindaje legislativo ante la paralización judicial que sufrieron los intentos previos por vicios de forma (ser un DNU y no una Ley). El argumento central del Gobierno es la necesidad de otorgar previsibilidad a los empleadores, reducir la litigiosidad y bajar los costos de contratación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Uno de los pilares de la reforma es la modificación de la jornada laboral tradicional. El proyecto introduce la figura del “banco de horas”, un mecanismo que permitiría reemplazar el pago de horas extras por una compensación horaria diferida. Bajo este sistema, el trabajador no cobraría un adicional por exceder su jornada habitual, sino que negociaría con su empleador trabajar menos horas en días subsiguientes, acumulando crédito horario. Si bien se mantiene la obligación de respetar un descanso mínimo de doce horas, la medida apunta a diluir la rigidez de los horarios fijos y el costo de los recargos salariales.
Asimismo, la reforma avanza sobre la naturaleza misma de la remuneración. El borrador contempla la posibilidad de pactar salarios en moneda extranjera, una medida que busca adaptarse a la realidad bimonetaria, pero que convive con disposiciones más polémicas, como la habilitación para pagar parte del salario a cambio de alimentos u otras especies, además de la introducción de esquemas de remuneración por productividad.
En cuanto al régimen de licencias, se propone una flexibilización de las vacaciones, permitiendo su fraccionamiento. No obstante, esta potestad del empleador conlleva la obligación de preavisar al trabajador con 45 días de antelación.
Quizás el punto más álgido de la discusión se centre en el costo de los despidos. El proyecto busca desterrar lo que el oficialismo denomina la “industria del juicio”, estableciendo un cálculo único de indemnización. La fórmula propuesta se actualizaría mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés pura del 3% anual, prohibiendo expresamente el anatocismo, es decir, el cobro de intereses sobre intereses. Además, la intención es excluir de la base de cálculo rubros como el aguinaldo, las vacaciones y los premios, lo que en la práctica reduciría significativamente el monto final a percibir por el trabajador despedido.
Como alternativa, se insiste en la implementación del Fondo de Cese Laboral, inspirado en el modelo de la UOCRA (construcción). Este sistema consiste en la retención mensual de un porcentaje del salario (12% el primer año y 8% los subsiguientes) para constituir un fondo que cubra la indemnización ante un eventual despido con causa. Sin embargo, esta propuesta ha encontrado resistencia no solo en los sindicatos, sino también en el sector empresarial pyme. Muchas pequeñas empresas argumentan que no poseen una alta rotación de personal y que el aporte mensual obligatorio para nutrir este fondo representaría un costo fijo inasumible en el contexto recesivo actual.
Otro aspecto que ha encendido las alarmas entre los especialistas en derecho laboral es la cuestión de la antigüedad. Según se desprende de los borradores preliminares, el cambio de empleador -incluso en situaciones de venta de la empresa- podría implicar la pérdida de la antigüedad acumulada, un cambio drástico respecto a la doctrina de la continuidad laboral vigente.
Finalmente, el proyecto retoma la ampliación de los “servicios esenciales”. Al catalogar nuevas actividades bajo esta etiqueta, se obliga a garantizar una prestación mínima de trabajadores durante conflictos gremiales, lo que en los hechos limita el alcance y la efectividad del derecho a huelga.
El Gobierno se enfrenta ahora al desafío de transformar este borrador en ley. Aunque celebra haber reunido una primera minoría en Diputados y contar con un bloque fortalecido en el Senado, la aritmética parlamentaria le exige negociar con los bloques dialoguistas. La reacción de la CGT y la capacidad de la oposición para articular un rechazo serán determinantes en las próximas semanas. Está en juego, nada más y nada menos, que la reconfiguración del contrato social laboral que ha regido en la Argentina durante las últimas décadas.