El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza resolvió suspender el pase a disponibilidad de medio centenar de trabajadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que se había realizado mediante la Resolución N° 1240/25 del Ministerio de Economía.
La Justicia Federal de Mendoza suspendió el pase a disponibilidad en el INV y frenó despidos, aunque persisten dudas sobre su futuro y el de sus trabajadores.
El Juzgado Federal N° 2 de Mendoza resolvió suspender el pase a disponibilidad de medio centenar de trabajadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) que se había realizado mediante la Resolución N° 1240/25 del Ministerio de Economía.
La medida cautelar ordena al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto derivado de la normativa, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones o supresión de estructuras administrativas.
La decisión judicial se inscribe en un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno nacional y los sectores vinculados al ámbito científico, productivo y legislativo, que cuestionan el alcance de una resolución dictada entre gallos y medianoche en el mismo momento en que el Congreso Nacional rechaza el veto de Javier Milei y deja sin efecto las transformaciones en el INV y varios organismos más del sector científico y técnico.
Desde su publicación, la norma generó un frente de rechazo en varios sectores de la vitivinicultura, donde el INV cumple un rol estratégico para la cadena de producción y comercialización.
La resolución judicial fue comunicada y festejada a través de las redes sociales por el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, que llevó adelante el reclamo ante la Justicia Federal.
La semana pasada el Gobierno nacional había dado marcha atrás con parte de las reformas que habían reducido la autonomía del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entre otros organismos públicos. A través del decreto 627/2025, publicado el 3 de septiembre, se derogaron los alcances del decreto 462/2025, que había convertido a estas instituciones en simples unidades ejecutoras bajo la órbita del Ministerio de Economía.
La medida restituye la autarquía administrativa, aunque no la financiera, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro funcionamiento de los entes y sobre la situación laboral de los empleados que habían sido pasados a disponibilidad.
En el caso del INV, el decreto original había implicado la cesantía de 49 trabajadores, mientras que en el INTA las desvinculaciones alcanzaban a unos 300 empleados. Si bien la nueva disposición abre la puerta para revertir esos despidos, los gremios advierten que aún no existen notificaciones oficiales que confirmen la reincorporación.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el delegado Gonzalo Pérez Catón sostuvo que el decreto 462 ya había sido rechazado por ambas Cámaras del Congreso y que, en paralelo, medidas cautelares frenaron su implementación, lo que deja en una zona gris la resolución que dispuso los despidos.
El panorama en el INV es de desconcierto. Algunos trabajadores que figuraban en disponibilidad se presentaron en sus puestos tras la derogación, pero sin instrucciones claras ni información oficial. “Lo que correspondería legalmente es que llegue la resolución que anule formalmente las disponibilidades”, señaló la pasada semana Pérez Catón.
Mientras tanto, el organismo recupera las funciones que le asigna la Ley de Vinos 14.878, centradas en el control de calidad, fiscalización y cuidado de la salud pública, sin que se haya definido aún el esquema financiero con el que sostendrá esas tareas.
Ahora, con la resolución del Juzgado, los trabajadores tienen asegurada su continuidad en el Instituto, aunque persisten las dudas sobre qué funciones se le otorgarán o cómo cumplirán las que ya venían desarrollando antes del pase a disponibilidad.