Las provincias registraron su menor superávit desde 2015, tras tres años de ajuste que redujeron la inversión pública y debilitaron sus márgenes fiscales.
Elpresidente con los gobernadores de las provincias en la Casa Rosada.
La Dirección Nacional de Asistencia a Provincias (DNAP) difundió la fotografía fiscal de los distritos argentinos correspondiente al primer trimestre de 2026. A partir de esos datos, la Fundación Mediterránea destacó que, medido en pesos constantes, el superávit financiero del agregado provincial fue el más bajo desde 2015.
El resultado de 2026 quedó un 69% por debajo del promedio de los últimos doce años. La caída enciende luces de alerta justo cuando se aproxima el momento en que la política electoral volverá a presionar sobre el gasto.
De las veintitrés jurisdicciones con información disponible, diecisiete presentaron superávit financiero y seis registraron déficit. Los mayores excedentes, siempre en relación con sus propias erogaciones, correspondieron a la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y San Luis, los tres por encima del 20%. En la vereda opuesta quedaron Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán, Santa Cruz, San Juan y Buenos Aires, las seis provincias que no lograron equilibrar sus cuentas durante los primeros tres meses del año.
El deterioro no se limita a un trimestre. Al comparar el primero de 2026 con el de 2023, previo al ajuste, los ingresos totales del conjunto de las provincias acumularon una caída real del 12,8%, mientras que las erogaciones retrocedieron un 10,3%.
La heterogeneidad vuelve a aparecer como una característica de la política fiscal federal. Neuquén y Río Negro llegaron a 2026 con más recursos que tres años atrás (21% y 3%, respectivamente, gracias al impulso de Vaca Muerta), mientras que el resto de las jurisdicciones perdió terreno. Las caídas más pronunciadas se registraron en Tierra del Fuego (34%), Mendoza (26%), Chaco (22%), Santiago del Estero (22%) y La Rioja (21%).
Si se consideran únicamente los recursos tributarios propios y las regalías, sin contar las transferencias, la caída del consolidado provincial fue del 8% entre ambos extremos. Misiones (32%), Santiago del Estero (26%) y Chaco (24%) encabezaron los retrocesos, mientras que Neuquén (21%), Río Negro (13%) y Santa Fe (4%) fueron las únicas excepciones con resultados positivos.
Por el lado del gasto, solo tres provincias (Neuquén, la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz) aumentaron sus erogaciones totales en pesos constantes entre ambos trimestres. En el resto hubo recortes, con las disminuciones más severas en San Luis (37%), Chaco (31%) y La Rioja (30%).
El dato más elocuente surge de la composición del ajuste: la inversión pública provincial se desplomó un 42% en tres años, mientras que el gasto corriente apenas retrocedió un 6% acumulado. La motosierra, en las provincias, se aplicó principalmente sobre la obra pública.
El trabajo de la Fundación Mediterránea destaca que el grueso del ajuste ocurrió en 2024, cuando el gasto del primer trimestre cayó un 24% interanual. En 2025 y 2026, las erogaciones correspondientes al mismo período volvieron a crecer un 16% y un 2%, respectivamente, en términos reales.
Las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias disminuyeron un 66% entre el primer trimestre de 2023 y el mismo período de 2026, una reducción equivalente a 1,7 billones de pesos de junio pasado. Como el gasto total provincial cayó 4,4 billones de pesos durante ese lapso, puede estimarse que un 38% del ajuste fiscal de los últimos tres años fue inducido por el recorte de fondos discrecionales de la Nación.
El 62% restante respondió a decisiones de los propios gobiernos provinciales, aunque seguramente condicionadas por la caída de sus demás ingresos. Al discriminar por tipo de gasto, el 51% del ajuste en las erogaciones corrientes y el 74% del recorte en inversión fueron de resorte estrictamente provincial.
El contraste con la Nación es marcado. Entre los primeros trimestres de 2023 y 2026, el gasto nacional total cayó un 32% en términos reales, mientras que el provincial retrocedió apenas un 10%. Si se descuenta de ese 10% el efecto de las menores transferencias recibidas, el ajuste genuino de las provincias, aquel surgido de sus propias decisiones, queda reducido a un 6,8% acumulado en tres años.
La pregunta que deja planteada el trabajo de la Fundación Mediterránea es cuánto podrá resistir durante el próximo año electoral ese equilibrio alcanzado a fuerza de recortar la obra pública.
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