Más de un centenar y medio de buques permanecían varados en los principales puertos del país tras la decisión de los prácticos de suspender sus tareas en rechazo al decreto 690/2026, publicado por el Gobierno el 30 de julio en el Boletín Oficial paralizando las exportaciones argentinas y poniendo en riesgo la normal provisión de combustible.
La norma reforma por completo el régimen de practicaje y pilotaje, las maniobras que permiten la entrada y salida de los barcos, y habilita que los precios del servicio sean fijados por el mercado, en lugar de una tarifa regulada. Los prácticos respondieron con una dura advertencia: sostienen que la medida “pone en riesgo la seguridad de navegación”.
El decreto lleva la firma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y reemplaza al 2694/91, vigente desde hacía más de tres décadas y media. Según el nuevo texto, buena parte de aquellas disposiciones habían quedado obsoletas frente al avance de la tecnología aplicada a la navegación y funcionaban como una barrera para el ingreso de nuevos prestadores.
Una carta bajo la manga
La Prefectura Naval Argentina (PNA), autoridad de aplicación del sistema, controla actualmente el otorgamiento de las habilitaciones. El decreto le reserva una herramienta adicional para situaciones de crisis: el artículo 6 establece que podrá asumir directamente la prestación de los servicios de practicaje, pilotaje o baquía cuando, a su criterio, se configuren “situaciones excepcionales que impidan el normal funcionamiento del sistema”. Para esos casos, el texto contempla incluso la posibilidad de recurrir a la Armada Argentina.
La norma avanza un paso más. Ante situaciones de fuerza mayor o una crisis del sistema, el Estado podrá habilitar transitoriamente a capitanes de ultramar o fluviales que cuenten con un certificado de conocimiento de zona para que se hagan cargo del practicaje mientras dure la emergencia.
Las exportaciones paralizadas y la provisión de combustible en peligro son las consecuencias del paro contra la peligrosa desregulación del Gobierno
Los números que esgrime el Gobierno
Desde el oficialismo defienden la reforma con una batería de cifras. Según estudios de la Bolsa de Comercio de Rosario y fuentes del propio sector portuario, el practicaje y el pilotaje de un solo buque que sube a cargar a los puertos del Paraná cuestan entre 50.000 y 100.000 dólares.
La comparación elegida por los funcionarios es elocuente: el capitán que comanda esa misma nave durante semanas de travesía gana entre 8.500 y 12.000 dólares mensuales. De ese modo, el servicio de un práctico para un único atraque equivale a más de cuatro meses de salario del comandante del barco.
El sobreprecio, afirman, se repite en cada categoría de buque. El practicaje de un Panamax en el Río de la Plata cuesta 16.903 dólares, casi cuatro veces más que en el puerto estadounidense de Everglades, donde el mismo servicio se cobra 4.476 dólares. La cifra también supera ampliamente los 4.729 dólares de Gdask, en Polonia.
El Gobierno atribuye esa brecha a lo que define como “un mercado cerrado con llave”, sostenido por requisitos de habilitación que se duplicaban y una segmentación geográfica que obligaba a contratar a un práctico diferente para cada tramo de un mismo recorrido.
Uno de los ejemplos más repetidos por los funcionarios es el costo del traslado del práctico hasta la nave. En Buenos Aires, el servicio de lancha cuesta 2.000 dólares, frente a los 200 dólares que se cobran en Everglades. Según el Gobierno, las exigencias para habilitar esas embarcaciones eran “más difíciles que las que se piden para habilitar un portaaviones” y tenían como único objetivo bloquear el ingreso de competidores.
Buques redirigidos y pérdidas millonarias
El Centro de Navegación elevó una carta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y a la propia Prefectura. Allí describe una situación que “ha escalado” hasta acumular 140 buques pendientes de la confirmación del servicio de practicaje o pilotaje. La entidad advierte que esa cifra seguirá creciendo a medida que se sumen las naves con ingresos y salidas previstos en el sistema de la Vía Navegable Troncal durante las próximas horas.
Ya se registran operaciones canceladas. Barcos que tenían previsto operar en puertos argentinos fueron redirigidos hacia Montevideo y terminales del sur de Brasil, con el consiguiente perjuicio para La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate, Campana y las terminales up river, así como para Quequén y Bahía Blanca.
Para la entidad, la situación provoca congestión portuaria, obstaculiza la navegación y paraliza el comercio exterior. Los efectos ya se traducen en pérdidas millonarias por incumplimientos contractuales, lucro cesante y extracostos, a las que se suma el daño a la reputación del país. El Centro de Navegación recuerda que el practicaje es un servicio público declarado actividad trascendental.
El impacto en la energía
La Cámara Argentina de Energía (CADE) confirmó que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas se encuentran interrumpidas. La lista de muelles afectados incluye Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Sandra Cruz, puntos clave para la distribución de combustible en todo el territorio nacional.
El conflicto también alcanzó a Caleta Córdova, en Chubut, una terminal que cumple un papel central en el traslado de crudo hacia las refinerías del país.