La reforma propuesta limita las funciones del Banco Central, prohíbe financiar al sector público y reabre el debate sobre su independencia y efectividad.
El Gobierno busca modificar la carta organica del Banco Central de la República Argentina
La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina que promueve Javier Milei modificaría de manera sustancial las funciones de la autoridad monetaria. La iniciativa concentra su mandato en un único objetivo, preservar el valor de la moneda, restringe el financiamiento al sector público y prevé sanciones penales para determinadas conductas vinculadas con la emisión.
Javier Milei explicó el espíritu del proyecto con mayor detalle que durante la cadena nacional en una columna publicada por el diario Clarín el 26 de julio. Allí propuso terminar con lo que denominó “la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento”. Para el Presidente, el organismo debe abandonar sus funciones complementarias y dedicarse exclusivamente a garantizar la estabilidad monetaria.
La Carta Orgánica vigente establece, junto con ese propósito, objetivos relacionados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Su eliminación colocaría a la Argentina dentro de un grupo reducido de países cuyos bancos centrales tienen un mandato único.
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza la propuesta desde una perspectiva comparada y sostiene que el modelo elegido se aparta de la práctica predominante entre las principales autoridades monetarias. Según el relevamiento, los casos más cercanos son los de Perú y Colombia. La propuesta del gobierno libertario parece inspirarse fielmente en esos modelos, sobre todo en el peruano.
La mayoría de los bancos centrales combina la estabilidad de precios con otras responsabilidades, aunque no siempre les asigna la misma jerarquía. La Reserva Federal de los Estados Unidos, por ejemplo, debe procurar el máximo empleo, la estabilidad de precios y tasas de interés moderadas a largo plazo.
Brasil incluye entre sus finalidades la eficiencia del sistema financiero, la moderación de las fluctuaciones de la actividad y el pleno empleo. México incorpora el desarrollo del sistema financiero y el funcionamiento de los medios de pago, mientras que Uruguay vincula la estabilidad de precios con el crecimiento y el empleo.
El Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo también consideran primordial el control de los precios, pero conservan funciones subordinadas relacionadas con la política económica, el crecimiento y el empleo. Israel aplica un esquema jerarquizado que contempla también la estabilidad financiera y la reducción de las brechas sociales.
El proyecto oficial se acerca al modelo del Banco Central de Reserva del Perú, cuya legislación se encuentra entre las más restrictivas de la región. El CEPA advierte, no obstante, que la propuesta argentina iría más lejos en algunos aspectos.
Perú prohíbe el financiamiento al Tesoro y a los bancos estatales de fomento, pero permite comprar títulos públicos en el mercado secundario hasta un límite anual equivalente al 5 por ciento de la base monetaria. La reforma de Milei no contemplaría esa excepción y extendería la prohibición a la Nación, las provincias y los municipios.
La iniciativa incorporaría sanciones penales para la emisión destinada a financiar al sector público, con un encuadre que el informe equipara con figuras como la falsificación o la asociación ilícita. También restringiría la transferencia de utilidades, condicionaría el destino de los recursos recibidos por el Tesoro y exigiría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para remover a las autoridades del Central.
El CEPA sostiene que el proyecto libertario contradice el comportamiento del propio Gobierno durante sus primeros dos años y medio de gestión. Según cálculos del centro de estudios basados en cifras oficiales, los giros de utilidades al Tesoro computados en 2025 y 2026 sumaron 36,4 billones de pesos, equivalentes a 24.200 millones de dólares.
En 2025, las utilidades correspondientes al ejercicio anterior alcanzaron los 11,7 billones de pesos, cerca del 40 por ciento de la base monetaria de aquel momento. El informe vincula esos fondos con la cancelación de deuda en pesos y la compra de los dólares liquidados en septiembre bajo el régimen transitorio de retenciones cero.
En 2026, la transferencia ascendió a 24,4 billones de pesos. De ese total, 18,4 billones, alrededor de 13.500 millones de dólares, se aplicaron a cancelar Letras Intransferibles. Los 6 billones restantes ingresaron en la cuenta del Tesoro en el Banco Central.
El CEPA atribuye esas ganancias a modificaciones en la valuación contable de las Letras Intransferibles y sostiene que una parte de los resultados no provino de utilidades efectivamente realizadas. Según su análisis, las operaciones concretadas en mayo de 2026 podrían generar en 2027 una nueva ganancia contable de, al menos, 6 billones de pesos.
El otro eje del debate es la autonomía institucional. El informe recuerda que Milei relató haber convocado al equipo económico a la residencia de Olivos para impulsar personalmente el desarme de las Letras Fiscales de Liquidez. Para el CEPA, ese episodio resulta difícil de conciliar con una independencia estricta del organismo.
El documento menciona también la relación profesional previa entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, quienes fueron socios en la consultora Anker Latinoamérica. Señala, a su vez, la intervención de Caputo para explicar públicamente el traslado de reservas de oro, una atribución propia del Central, y la presencia habitual de Bausili en reuniones de Gabinete.
A esto se suma que el titular de la entidad y buena parte de su directorio continúan en funciones “en comisión”, sin acuerdo definitivo del Senado. Mientras esa situación persista, su continuidad dependerá del Poder Ejecutivo.
La discusión excede, así, el diseño de una nueva Carta Orgánica. El interrogante central es si la independencia del Banco Central puede garantizarse únicamente mediante la restricción legal de sus funciones o si también debe medirse por la distancia efectiva que sus autoridades mantengan respecto de las decisiones del Gobierno.
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