Qué pide la vitivinicultura

El Gobierno recibe a Coviar por las retenciones al vino

Se reunirá junto al ministro Vargas Arizu con el secretario de Agricultura Fernando Vilella. Números contra el 8% de retenciones que pretende el Gobierno.

Por Miguel Ángel Flores

Que sí, que no, veremos. Tras varios días de dimes y diretes, finalmente la vitivinicultura, de la mano de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), tendrá su primer encuentro "cara a cara" con el Gobierno nacional por un tema que preocupa a toda la industria: volver a pagar retenciones a las exportaciones, esta vez del 8%, a tres meses de haberse dejado de cobrar.

Tal como quedó oficializado en el DNU del presidente Javier Milei, es lo que deberán tributar las ventas al exterior de vino y otros productos. Y si bien desde el Ministerio de Economía intentan mostrar el "beneficio" (un borrador inicial planteaba un 15%) para el sector vitivinícola no alcanza: cuando el ex ministro y candidato Sergio Massa las eliminó se cobraba 4,5%.

Será luego de la Fiesta de fin de año: el martes 2 de enero el secretario de Bioeconomía (ex Agricultura) Fernando Vilella, recibirá al presidente de Coviar, Mario González, y el gerente de la Corporación, Carlos Fiochetta, como representantes de la industria.

Antes, el sector había puesto el grito en el cielo. Y en sintonía, el propio Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, se hizo eco con su propia crítica.

De hecho, el funcionario confirmó que viajará con la cúpula de Coviar a Buenos Aires para participar de la reunión.

Cuánto "cuestan" las retenciones

En el último año ( de diciembre de 2022 a noviembre de 2023), la vitivinicultura argentina exportó vinos (fraccionados, a granel y espumantes), mosto y uvas en fresco y pasas por un total de u$d 918,12 millones, según datos del Observatorio Vitivinícola Argentino sobre datos oficiales del comercio exterior. De ese importe, alrededor de 800 corresponden al vino.

"Si en los próximos 12 meses la vitivinicultura tiene que empezar a pagar 8% de derechos de exportación y mantiene un nivel similar de facturación (dolares que ingresan) que el último año, el impacto estimado para el sector será de u$d 73,45 millones", concluye el informe del OVA, principal argumento que la cúpula de Coviar le pondrá sobre la mesa a Vilella.

Incluso la misión mendocina llevará bajo el brazo el eventual efecto que la nueva tasa podría tener también sobre el mercado interno, que concentra un 80% de todo el vino comercializado. Sobre todo en un presente complejo, con caída de consumo y suba de precios al público a raíz de la inflación en los costos de elaboración.

Por su parte, casi en tono del planteo que prevé hacerle a Vilella, Vargas Arizu lo calificó con un "ataque al federalismo, y muy fuerte, porque lo máximo q se pagaba de retenciones era 4,5% y siempre estuvo cuestionado. Ahora es el 8%".

Desde el Gobierno de Mendoza tienen preparados sus números del probable impacto para llevar a la Nación más allá de las exportaciones. Uno es el dato de afluencia turística: casi 1,6 millón de personas visitan las bodegas cada año, con un gasto importante en dólares cuyo beneficio en ingreso de divisas mermará en parte si vuelven las retenciones.

Pero además, puesto en relación al nivel de gasto público que el Gobierno de Milei está obsesionado en recortar, el peso es ínfimo. Según el cálculo del Ejecutivo provincial, el 8% de retenciones al vino representaría apenas un 0,005%.

Como contraste, el planteo incluye algo concreto: sin retenciones pueden llegar a duplicarse las exportaciones de vino embotellado.

"Cobrarle al vino es incongruente"

Aunque resulta el tema más relevante de la agenda entre Coviar y el Gobierno nacional, el intento por reponer el cobro de las retenciones no es el único previsto a tratar en la reunión.

Es que entre las más de 360 leyes que busca derogar, el DNU también incluye dos que hasta ahora regulaban la actividad vitivinícola: la ley de Contratos y la ley de Elaboración por cuenta de Terceros.

Para la actualidad y prioridades de la industria del vino, los referentes coinciden en que su derogación tampoco "mueve la aguja", sobre todo tratándose de normas añosas que en la práctica habían caído en desuso.

"Nos interesa indagar un poco más acerca de qué quiere hacer el Gobierno en materia de legislación para la vitivinicultura, y si hay una posición tomada al respecto", indicaron desde Coviar.

Por su parte, el ministro Vargas Arizu avaló en parte la desregulación de la economía que implica el DNU y las reformas imbricadas en la ley ómnibus. Aunque distinguió al vino de la soja por su valor agregado, a la hora de defender el no pago de retenciones.

Para el funcionario, salvo el tema de las retenciones, cuyo cobro consideró "incongruente, porque Argentina necesita de dólares y nosotros tenemos que pagar por eso", aseguró que "el resto de las propuestas no implican modificaciones sustanciales, aunque el tema contratos estamos estudiándolo. Y en cuanto al acuerdo diversificador con San Juan para la cosecha vitivinícola se trata de una ley provincial que no puede ser modificada por un decreto".

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