Un plenario de comisiones en Diputados recibió a la ministra de Energía y el director de Minería. Por qué el Gobierno quiere otro Código y qué críticas recibió.
La ministra Latorre junto al director de Minería, al defender en nombre del Gobierno la reforma del Código Procesal de la minería en la Legislatura
Foto: Yemel FilEl Gobierno de Alfredo Cornejo dio otro paso este martes en su decisión de allanarle el camino a la minería en Mendoza. Lo hizo al ensayar su primera defensa ante la Legislatura de su proyecto de reforma del Código de Procedimiento Minero, un instrumento clave para propiciar la actividad.
Un plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Economía, Energía, Minería e Industrias de la Cámara de Diputados recibió a la ministra de Energía y Minería, Jimena Latorre, y su mano derecha en la materia, el director de Minería Jerónimo Shantal. Por lo abarcativo del proyecto, participaron también el responsable de Protección Ambiental, Leonardo Fernández, y su par de Transición Energética, Nuria Ojeda.
"Por su importancia, el tema requiere un abordaje integral con un nuevo Código que determine las reglas. Y es competencia de la Provincia, tal como la potestad de los recursos naturales. Por eso planteamos cómo explotarlos de forma sostenible y estamos abiertos a críticas y aportes en tal sentido", señaló Latorre respecto de la normativa actual, que data de 1945.
Para la ministra, el propósito es "aggiornarlo para darle seguridad tanto a los ciudadanos de Mendoza como a los inversores".
Para eso, el futuro Código que debe tratar la Legislatura incluye figuras nuevas, como la Policía Minera, para garantizar el control de las explotaciones, y también la declaración de caducidad de una concesión por incumplimiento de la empresa responsable, entre otras disposiciones.
Cornejo había enviado el proyecto de reforma del Código Procesal para la minería a la Legislatura la semana pasada. Para el gobernador, apunta a "agilizar controles e inversiones con minería sostenible".
Fue el director de Minería quien asumió la defensa argumental del proyecto. Esto es, el encargado de señalar los pilares del Código que se pretende actualizar y los motivos para hacerlo después de 79 años.
En un listado bastante extenso, Shantal enumeró, entre otras cuestiones que temas han jalonado al Código actual desde su última reforma en 1945, más allá de algún "retoque" en 1971 y 1998.
El texto, que consta de 7 artículos y un anexo de otros 237 comprende para el Gobierno un plexo normativo más moderno y ajustado a la actualidad de la minería en el mundo. Para eso tomó referencias del modelo que aplican Chile y Canadá, además de los antecedentes de otros Códigos, como el de Río Negro, reformado a comienzos de 2024.
"Entre otros aspectos, modifica cuestiones que, como el otorgamiento de la llamada "concesión provisoria" devienen en abstracto por obligaciones ambientales que en su época no existían. Es lo que pasa con la Manifestación de Impacto Ambiental o la Declaración correspondiente", consignó el funcionario.
Asimismo, desde el Ejecutivo no dudan en señalar que también buscan evitar que una concesión termine convirtiéndose en un negocio inmobiliario.
Al respecto, Shantal enfatizó que "los recursos naturales son del Estado provincial, no del concesionario. Eso impide que se dé vuelta y venda los derechos de la mina".
Por eso, entre otros puntos, estos son algunos cambios:
Sin duda, promete ser uno de los apartados de más discusión a la hora del debate parlamentario. Es que la intención de crear un cuerpo de Policía para el control de la minería conlleva escepticisimo sobre su rol y eficacia real en el campo de los hechos.
Esto, más allá de los pilares defendidos por los funcionarios al argumentar a favor del nuevo Código de Procedimientos para la Minería: sustentabilidad de la explotación, soberanía de los recursos para Mendoza, agilidad, más transparencia y mejor control y fiscalización de la minería.
Es lo que evidenció el diputado por la Unión Mendocina, Jorge Difonso, al criticar lo que a su juicio es un "mal control" a minas de tercera categoría como en la zona de Anchoris. Y acto seguido indagó qué estructura tendrá la Policía Minera.
"Tomamos la experiencia de Chile y Canadá para darle estándares internacionales. La primera medida es que el agente pueda recurrir a la Comisaría más cercana a pedir su intervención en caso de alguna irregularidad", aseguró la ministra Latorre.
Y ante las dudas de legisladores sobre qué tan fuerte será como autoridad y con qué recursos contará para funcionar, la jefa de la cartera adelantó que "ya se designó al primer miembro de la Policía Minera. Será encargado de determinar los perfiles para la selección".
Además, desde el Ejecutivo intentan mostrar un alineamiento con la Justicia en esa materia. De hecho, Latorre destacó, a instancias del Ministerio Público Fiscal, la creación de una serie de Fiscalías Ambientales con competencia en la temática para receptar denuncias de la futura Policía.
A su turno, los distintos legisladores que integran el Plenario salieron a formular sus cuestionamientos al proyecto.
Emanuel Fugazzotto, diputado por el Partido Verde, fue la primera voz cantante de la oposición, con varias observaciones.
"Hay aspectos positivos y otros pueden mejorarse, como el Consejo Ambiental Minería. También mayor control a la minería de 3era categoría. Y en especial garantizar que el agua y el medio ambiente de Mendoza no se vean afectados, además de que el acceso a la información de los ciudadanos sea transparente", señaló Fugazzotto.
Pero el diputado "verde" tampoco en ese punto de introducir un planteo que puede traer cola: que a la hora de discutir las condiciones para la explotación de la minería la participación ciudadana sea vinculante. Es decir que, a diferencia de las audiencias públicas en general, las opiniones puedan torcer alguna decisión del Gobierno en contrario.
De esto también se valió de esto su par de Unión por la Patria, José Luis Ramón, para cuestionar el proyecto.
Según Ramón "hay desconfianza de un sector grande de la población sobre la participación ciudadana". Al mismo tiempo, el legislador destacó sus "reparos políticos, no técnicos" como en lo que observó como un intento del Gobierno de neutralizar al Consejo Minero.
Es que si bien los funcionarios hablaron de la necesidad de agilizar el procedimiento, Ramón advirtió su "desacuerdo" por tratarse de "un garante, que no puede dejar de funcionar".