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Minería: el plan de Cornejo que va en contra de las desregulaciones que pretende Milei

El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura un proyecto para modificar el Código de Procedimientos Mineros, que implica un rol más fuerte por parte del Estado.

Por Cecilia Zabala

El gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura Mendoza un proyecto por el cual busca modernizar el código de procedimientos mineros y reactivar la minería, una industria que a lo largo del tiempo ha presentado limitaciones en su desarrollo. Así, Cornejo presenta un esquema que se aleja bastante de las premisas del presidente Javier Milei, que propone que el Estado vaya desentendiéndose de cada vez más aspectos. Qué dicen los mileistas.

En la semana que pasó ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto para actualizar el Código Procesal que ordena la actividad de la minería en la provincia, normativa que tiene casi 80 años. Según señaló Cornejo, el objetivo será "agilizar controles e inversiones con minería sostenible". "Rige desde 1945, por lo que no se adapta a los nuevos procedimientos de protección ambiental, transparencia y criterios de desarrollo sostenible que requiere esta actividad", manifestó.

La medida consta de 7 artículos y otros 230 de anexos y apunta a renovar el Código Procesal Minero ya que según el Ejecutivo, el mismo no se adaptaba "a los nuevos procedimientos de protección ambiental, transparencia y criterios de desarrollo sostenible que requiere esta actividad".

El proyecto es amplio y propone reformas sustanciales, algunas de las cuales implican profundizar el rol del Estado.

Se trata de una actividad que Cornejo se planteó impulsar desde su primera gestión, que llevó al ex gobernador Rodolfo Suarez a enfrentarse con un amplio sector de la sociedad cuando intentó modificar la ley 7722 y que ahora, sumidos en una profunda crisis económica, hace un nuevo intento dentro de la ley vigente.

"Entre las reformas se prevé la participación activa de la ciudadanía, incorporar herramientas de transparencia y acceso a la información, crear un registro de productores mineros y fortalecer la policía minera para que pueda ejercer exhaustivos controles en los procedimientos", señaló el primer mandatario. En ese sentido, aseguró que "Mendoza tiene la capacidad de llevar a cabo esta actividad de manera responsable".

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El gobernador Alfredo Cornejo, vuelve a intentar estrategias para el desarrollo de la minería en la Provincia de Mendoza.

El gobernador Alfredo Cornejo, vuelve a intentar estrategias para el desarrollo de la minería en la Provincia de Mendoza.

Una mayor intervención estatal, a contramano de las políticas de Javier Milei

Mientras que el presidente avanza en un proceso de desregulaciones a pesar de las fuertes críticas y malestar social; Cornejo decidió darle mayor intervención al Estado en un ámbito que genera rispideces.

Entre los cambios fundamentales, se concentrará el poder en el director de Minería y se incluirá en el esquema de entrega de permiso la participación de Impulsa Mendoza para licitar las áreas que queden disponibles.

Es que el proyecto señala que será el director de Minería el que cumpla el rol de autoridad minera y "entederá y resolverá sobre los asuntos, peticiones y cuestiones que versen sobre los derechos mineros en todo el territorio provincial, y dictará las resoluciones definitivas que conceden, deniegan o declaran caducos los derechos mineros de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Minería y el Código de Procedimiento Minero de la Provincia".

Es decir, se derogará el Consejo de Minería compuesto por cuatro personas, cuyas funciones son las de ejercer "la autoridad minera en la concesión, denegación y/o caducidad de derechos mineros".

Otro de los cambios es la participación de la empresa estatal de energía, Impulsa Mendoza, en las licitaciones. El artículo 38° del proyecto señala que "en todos los casos de caducidad, liberación de áreas ocupadas por derechos mineros o declaración de minas vacantes... deberá notificarse a la empresa minera lmpulsa Mendoza Sostenible... para que en el plazo de treinta (30) días hábiles exprese su decisión o no de declarar las áreas como de lnvestigación Geológica Minera".

El documento indica además en otro tramo que "en el caso de que lmpulsa Mendoza Sostenible S.A. -o la empresa del sector público provincial que la reemplace-, ejerciere el derecho de preferencia mencionado en los párrafos anteriores, deberá convocar, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, a un concurso o licitación pública a toda persona humana o jurídica, invitándolos a presentar una oferta que deberá contener como mínimo, sus antecedentes, un programa de trabajos y un compromiso de inversión".

Los puntos más importantes del proyecto de Alfredo Cornejo

  • Se exigirá la presentación del Informe de Impacto Ambiental, sujeta a la caducidad de la propiedad minera bajo criterios de sostenibilidad en cada fase del proyecto. Además, se deberá informar a la Autoridad Minera sobre los progresos.
  • Se involucrará activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos minerales, promoviendo la transparencia y la participación.
  • Declaración Jurada de Buenas Prácticas: las normativas se aplicarán en toda la cadena de producción.
  • Digitalización de expedientes y de la información geológica de la provincia.
  • Creación del Registro de Productores Mineros.
  • Fortalecimiento de la Policía Minera. Los inspectores tendrán más funciones y facultades que en la actualidad.

Qué dicen los "mileistas"

El senador Armando Magistretti, presidente del Partido Demócrata, el principal aliado de Milei en Mendoza, sostuvo: "Lo estamos estudiando pero en primera instancia, estaría de acuerdo. La minería es una actividad económica lícita. Hay que garantizar que sea sustentable desde todo punto de vista, sobre todo desde el ambiental y el uso del agua. No vamos a ser restrictivos ni una oposición por la oposición misma. Haremos los aportes que estimemos convenientes".

En tanto, Gustavo Cairo, presidente del bloque de Diputados de Juntos por la Libertad (Pro demarchista), encolumnado detrás de las filas de Milei, apoyó fuertemente este proyecto. "Es un proyecto positivo por la intención de activar los temas mineros dentro de lo que es posible en Mendoza".

Además porque "hoy el Estado tiene pocas facultades para controlar a los privados, esta reforma le daría mayor autoridad al director de Minería para pedir informes, establecer plazos de concesiones más cortos, la caducidad. Es transparentar, que haya más controles", señaló.

"Le va da un mayor control al Estado sobre las concesiones mineras, poder quitar cuando estas no avancen. Hoy hay muchas concesiones otorgadas que están dormidas y Mendoza necesita un impulso. Esto le va a dar a la Dirección de Minería facultades para exigir informes, quitar concesiones a quienes no hayan cumplido, se crea la Policía Minera que hoy está solamente en los papeles; se va a pedir planes de vinculación con la comunidad. Y cuando se retire una concesión es importante que Impulsa Mendoza la tome y llame a una nueva licitación. Le va a dar agilidad a una actividad que hace mucho está dormida, dentro del marco de la ley vigente", destacó Cairo.

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En contra

Por su parte, en la vereda de enfrente se paró el senador Jorge Difonso, quien es uno de los referentes de los sectores ambientalistas. "No hay que perder de vista la coyuntura. Este proyecto lo envió el gobernador desde Canadá, donde participa de un foro minero. No es un proyecto que surja de la ciudadanía, viene del extranjero", dijo respecto a que fue anunciado mientras Cornejo participaba de la feria Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) en Toronto.

"Mendoza está atravesando una sequía muy grande", advirtió el sancarlino y agregó: "Está dejando sin efecto el Consejo Minero, un órgano colegiado integrado por dos geólogos, un abogado y un representante del sector y están cambiando su función por un director de Minería, una sola persona que va a ser la encargada de otorgar los derechos mineros de cateo, exploración, prospección y explotación, lo cual me parece una perdida de representatividad y especificidad".

"Nos preocupa, tenemos muchas objeciones porque a veces acelerar el procedimiento implica obviar controles muy importantes para las comunidades río abajo", cuestionó el legislador.

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