Chile suspendió importaciones de carne patagónica por cambios sanitarios en Argentina, generando tensión comercial y alerta en productores.
La motosierra desreguladora del Gobierno comienza a generar los primeros inconvenientes en el comercio internacional. El riguroso Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile acaba de prohibir la importación de carne desde la Patagonia argentina después de la decisión del Gobierno argentino de modificar el estatus sanitario de la región.
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del país trasandino resolvió suspender, a partir del 30 de julio, la importación de animales y productos de origen animal provenientes de la Patagonia, como respuesta a la flexibilización interna impulsada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) a instancias de la política desregulatoria del gobierno de Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger.
El eje de la controversia reside en la resolución 460/2025 del Senasa, que habilitó el ingreso de carne bovina con hueso desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia territorios que, hasta entonces, conservaban la condición de libres sin vacunación, una diferencia que históricamente constituía un resguardo sanitario clave para las exportaciones hacia mercados exigentes.
Desde 2008, buena parte de la Patagonia argentina gozaba de un reconocimiento sanitario especial otorgado por el SAG, que la calificaba como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación. Esa condición permitía exportar carne con hueso a Chile sin restricciones adicionales. Sin embargo, el nuevo esquema argentino alteró el delicado equilibrio epidemiológico: al permitir el ingreso de productos desde zonas con vacunación hacia el sur del país, se modificó el marco que justificaba dicho estatus.
Como respuesta, la resolución chilena N° 5952/2025 dejó sin efecto ese reconocimiento, afectando directamente a los envíos provenientes del norte de las provincias de Neuquén y Río Negro. En el caso neuquino, se pierde la condición sanitaria en todo el territorio al norte del río Barrancas, salvo un corredor que incluye las localidades de Cutral-Có, Añelo y zonas aledañas. En Río Negro, la suspensión alcanza a la margen sur del río Negro, aunque se mantienen algunas excepciones en los departamentos de Avellaneda y El Cuy.
La medida fue interpretada como una reacción directa del gobierno chileno frente a los riesgos sanitarios que implicaría la decisión del Ejecutivo encabezado por Javier Milei. Si bien desde el SAG se subrayó que se trata de una suspensión de carácter técnico y precautorio, diversas voces del sector agropecuario expresaron preocupación.
Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS), advirtió a los medios de la región sobre un posible efecto dominó: “El peligro es que la Unión Europea adopte el mismo criterio. Desde Santa Cruz se exportan al menos 4.000 toneladas con hueso de carne ovina hacia ese destino”. En esa misma línea, el Bloque Rural Patagónico acusó al Gobierno nacional de actuar con “opacidad” y denunció que la flexibilización se llevó a cabo “ocultando información y sosteniendo falsedades”.
Del lado oficial, en cambio, se minimizó el conflicto. Voceros del Gobierno trasandino indicaron que la resolución es una medida preventiva sujeta a revisión y confirmaron que está prevista la llegada de una misión sanitaria chilena al sur argentino con el objetivo de constatar in situ las condiciones epidemiológicas.
Aunque el comercio de carnes patagónicas hacia Chile no representa un volumen significativo dentro del conjunto de exportaciones argentinas —se estima en torno a los 30 millones de dólares anuales—, sí cumple un rol estratégico para determinadas cabañas y frigoríficos de la región. Muchos de esos productos encuentran en Chile un destino relativamente cercano y estable.
La resolución 460/2025 del Senasa, que habilitó nuevamente el tránsito de productos animales con hueso desde zonas con vacunación, rompió un status quo que llevaba más de dos décadas. Si bien la medida apuntó a reducir los precios de la carne en el sur argentino, donde los valores superaban en un 30% a los del resto del país, las consecuencias externas no tardaron en manifestarse.
Desde el Gobierno argentino confían en que la visita técnica del SAG contribuirá a restablecer la relación comercial, especialmente si se demuestra que no existe riesgo sanitario real. No obstante, tanto los productores patagónicos como los exportadores siguen con atención la evolución del conflicto, conscientes de que una sanción equivalente por parte de la Unión Europea tendría consecuencias mucho más graves.