Productores celebran la simplificación del INV, pero otros alertan sobre la pérdida de trazabilidad y riesgos para la calidad del vino argentino.
El INV autorizó a las bodegas a la venta y exportación de vino varietal en cualquier momento del año
Foto: Cristian LozanoLa decisión del Gobierno de derogar 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), (aunque muchas ya estaban derogadas) formalizada mediante la Resolución 37/2025 publicada en el Boletín Oficial, marca un cambio inédito y de consecuencias aun desconocidas en la regulación de la industria del vino argentino.
La medida, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, busca reducir la intervención estatal en los procesos productivos y concentrar el control únicamente en los productos finales embotellados.
De esta manera el Gobierno concreta el objetivo que había intentado, y fracasado, en julio pasado, cuando no solo intentó desregular la industria sino que también intentó hacer desaparecer prácticamente el INV.
Según el texto oficial, el INV dejará de participar en etapas clave de la producción, como el viñedo, la cosecha, la elaboración o el transporte, para enfocarse exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo y evitar adulteraciones. Los controles de trazabilidad -como la certificación de origen, añada o varietal- serán optativos y podrán ser gestionados directamente por los productores o por entidades privadas.
La resolución alcanza a toda la cadena vitivinícola: productores de uva, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, fraccionadoras, comercializadoras, exportadores, importadores y laboratorios enológicos.
Sturzenegger fundamentó la medida señalando que “el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo” y que el nuevo modelo “deja atrás un régimen asfixiante para pasar a uno que garantice solo la calidad del vino que llega al consumidor”. Según el ministro, en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones, llegando en algunos casos a supervisar bodegas cada dos días.
“Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción”, sostuvo, y explicó que los inspectores se limitarán a tomar muestras de los vinos embotellados, “cerrando la puerta a la discrecionalidad y la corrupción”.
Es muy extraña la reflexión del ministro, ya que si hay algo que nunca se habló en el ente rector y contralor de la vitivinicultura es de casos de corrupción graves o escandalosos y, por el contrario, el control de la trazabilidad y calidad de la industria por parte del INV ha sido uno de los factores que sirvió para consolidar el prestigio del vino argentino a nivel mundial.
A partir de la nuevas desregulación el control de los vinos por el Instituto Nacional de Vitivinicultura solo se hará al final del proceso
La reforma, sin embargo, ha generado opiniones encontradas dentro del sector. Mientras algunos empresarios celebran la simplificación administrativa, otros alertan sobre los riesgos de una pérdida de control y trazabilidad.
Para Sebastián Lafalla, productor y dirigente del Valle de Uco, la eliminación de herramientas como el Certificado Único de Ingreso de Uva (CIU) representa “una desprotección total para el productor primario”. Según explicó, ese documento permitía identificar el origen de la uva, su tenor azucarino y la cantidad ingresada a bodega. “Al quitarlo, se pierde trazabilidad y la posibilidad de verificar qué ocurre con la materia prima. La desregulación puede abrir la puerta a prácticas desleales y a riesgos sanitarios”, advirtió.
Lafalla también cuestionó la pérdida de información productiva que provocará el nuevo esquema: “Sin datos sobre cosecha, variedades o volúmenes elaborados, se pierden herramientas fundamentales para el diseño de políticas públicas y privadas. Esta nueva era confunde liberalismo con falta de inteligencia”, concluyó.
Lafalla aclaró que “si bien creemos que había muchos trámites burocráticos del INV que había que modificarlos, hay que ser muy cuidadosos, excesivamente cuidadosos, sobre todo en los controles de la genuinidad y la calidad del vino”.
Lafalla agrega que “esta era libertaria peca de estúpida al desregular y al perder la información para tomar decisiones tanto de políticas públicas como en el sector privado. Perder la información de cuántos kilos y qué variedades se cosecharon, cuánto fue a elaboración, etcétera, es una burrada de esta nueva era que confunde el liberalismo con ser estúpido”.
En contraste, Diego Stortini, titular de la Bodega Finca del Nunca Jamás, consideró la resolución como “muy positiva”. A su juicio, “se eliminan trámites innecesarios y se digitalizan procesos, lo que reducirá costos y tiempos administrativos”. Stortini sostuvo que “más papeleo no significa más control”, y que el nuevo enfoque, centrado en el producto final, “es una manera moderna y eficiente de fiscalizar”.
Stortini asegura que “a lo largo de los últimos 20 años hemos inventado trámites y procesos que generan cargas administrativas que terminan siendo perjudiciales para la competitividad. Me parece acertado poner el control o enfocarlo en la etapa final del proceso productivo con el producto terminado, ya sea en la bodega o en la góndola”.
Para el productor y bodeguero del Valle de Uco “la resolución es muy acertada. Habrá aspectos que son perfectibles, pero es muy positivo ver que el Instituto Nacional de Vitivinicultura se decide de una vez por todas a avanzar en un proceso de eficientización de trámites, simplificación y eliminación de burocracias”.
Martín Hinojosa, bodeguero y ex titular del INV, reconoció que “muchas de las resoluciones ya estaban derogadas. De hecho, en nuestra gestión derogamos un montón, pero en la cuenta quedan las derogadas, entonces pareciera que había novecientas cosas que hacer”. A la vez advirtió que la derogación masiva implementada podría generar consecuencias en el mediano y largo plazo.
“Los controles aportaban orden e igualdad entre las bodegas que trabajan correctamente y aquellas que no lo hacen. También garantizaban transparencia fiscal y la obligación de facturar”, señaló.
Hinojosa afirma que “hoy se festeja que no existan controles, porque a nadie nos gusta que nos controlen, pero hay que elevar la mirada en el mediano y largo plazo y cuáles pueden ser las consecuencias”.
Según Hinojosa, la ausencia de inventarios e información oficial dificultará conocer el stock de vino existente y las características del producto disponible en el país. “Sin esos datos, será complejo definir estrategias de diversificación o atraer inversiones”, agregó.
Para el ex titular del INV “los que toman este tipo de decisiones deberían conocer de vitivinicultura para ver cómo evitas las consecuencias en el mediano y largo plazo”.
La decisión se inscribe en la política general de desregulación que impulsa el Gobierno, con el discurso de liberar la actividad económica y reducir la carga estatal sobre las empresas. Sin embargo, la magnitud que ha tomado y el desconocimiento que se ha hecho ponen en riesgo seriamente el futuro de la industria.
En cuanto alguna “bodega pícara” -como las define Hinojosa- y que las hay, tenga un problema, la afectación no será para la bodega sino para toda la prestigiosa industria vitivinícola argentina.
Mientras el Ejecutivo celebra la eliminación de normas que considera obsoletas, parte del sector insiste en que no se trata de controlar menos, sino de controlar mejor. Y siempre viene bien recordar el “caso alemán”, cuando en 2010 la aparición de natamicina en una partida de vinos de una reconocida bodega llevó a las autoridades alemanas a retirar del mercado 32 partidas de vino y demoró un tiempo prolongado e infinidad de trámites volver a entrar con confianza en ese mercado.
La desaparición casi absoluta de controles que reglamentó el Gobierno Nacional es festejada hoy por una cantidad importante de actores de la industria. El problema es que después será tarde para lágrimas.