Transformación del INV: cómo afecta al vino argentino el Decreto motosierra
Un paper reservado de análisis del decreto que circula en el sector, al que accedió Sitio Andino, revela la preocupación y riesgos de la degradación del INV.
La transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), dispuesta por el Decreto Delegado N.º 462/2025, marca un punto de inflexión en la institucionalidad del sector vitivinícola argentino. El paso de un organismo descentralizado a una unidad centralizada bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) del Ministerio de Economía implica no solo un cambio de dependencia administrativa, sino una redefinición profunda de funciones, competencias y alcances regulatorios, que según una parte importante de la industria pone en riesgo a la industria del vino argentino.
De la Autonomía a la Centralización
Según un paper reservado de análisis que ya manejan importantes actores del sector y al que tuvo acceso Sitio Andino, el principal eje de la reforma radica en la pérdida de la autonomía institucional del INV. Hasta ahora, el organismo gozaba de un estatus de derecho público, con capacidad de actuación tanto en el ámbito público como en el privado. La centralización lo convierte en una unidad organizativa dependiente, sin personalidad jurídica propia y bajo control directo de la SAGyP. Esta modificación, lejos de ser meramente formal, impacta en la agilidad operativa, la toma de decisiones y la representación sectorial en foros nacionales e internacionales.
La SAGyP asume la autoridad de aplicación de la Ley General de Vinos 14.878, desplazando al INV de su tradicional rol rector. Además, se suprimen el Consejo Directivo y la figura del Presidente como máximas autoridades, transfiriendo sus funciones a la Secretaría. Entre las nuevas atribuciones, destaca la posibilidad de celebrar convenios con provincias para coordinar o delegar acciones de fiscalización y control, así como autorizar a entidades públicas o privadas para ejercer tareas de certificación y análisis de productos.
Este rediseño introduce una mayor flexibilidad en la fiscalización, pero también plantea interrogantes sobre la uniformidad y el rigor de los controles, especialmente en un sector donde la trazabilidad y la garantía de calidad son centrales para el posicionamiento internacional del vino argentino.
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La degradación institucional del INV genera preocupación en una parte importante de la industria vitivinícola
Derogaciones y Modificaciones Sustanciales
El decreto deroga artículos clave de la Ley 14.878, eliminando la estructura directiva del INV y su capacidad de actuar en el ámbito privado. También se modifican los requisitos para la liberación y análisis de productos: ya no se exige certificar la “genuinidad”, sino únicamente la “aptitud para el consumo” y la ausencia de manipulación indebida. El control de origen, añada y varietal pasa a ser optativo para los productores, lo que podría afectar la diferenciación de productos en mercados exigentes.
El decreto mantiene la sede del INV en Mendoza y el esquema de ingresos por tasas, certificaciones y multas, pero se eliminan fondos específicos para reconversión y fomento de exportaciones, así como la posibilidad de otorgar subsidios para investigación.
Fiscalización y Control: Un Nuevo Paradigma
La fiscalización del INV se restringe al tramo final de la cadena productiva, delegando la posibilidad de análisis y certificaciones a terceros habilitados. Esta descentralización funcional puede agilizar procesos, pero también diluir la responsabilidad y el control sobre la autenticidad y calidad de los vinos. La supresión de facultades de inspección en etapas de elaboración, transporte y comercialización representa un cambio significativo respecto al modelo tradicional de control integral, pero también genera riesgos importantes que recuerdan momentos muy críticos de la industria.
El ex titular del INV, Martín Hinojosa, con más de 30 años de experiencia en el sector en su bodega familiar, cuestionó con dureza, en diálogo con este medio, la decisión del Gobierno nacional de desmantelar el organismo de control del sector. “Hay bodegueros pícaros que están felices por lo laxo que se va a poner todo y lo que les va a permitir hacer”, afirmó el ex funcionario. La eliminación del INV abre la puerta a la adulteración y perjudica a quienes “hacemos las cosas bien”, remarcó terminante Hinojosa.
Perspectivas del Sector
La reforma se inscribe en un contexto de ajuste y reestructuración del Estado, que ha alcanzado a numerosos organismos públicos. Para la industria vitivinícola, la pérdida de autonomía del INV y la flexibilización de controles pueden traducirse en mayores desafíos para sostener estándares de calidad, trazabilidad y reputación internacional. Al mismo tiempo, la mayor delegación y simplificación administrativa podría beneficiar a operadores que demandan menos burocracia y mayor celeridad en trámites, con los riesgos que trae aparejado.
Hinojosa advierte la posible expansión de la informalidad en la cadena comercial del vino. “El INV obligaba a facturar todo. No se podía vender vino en negro. Ahora se viene un show”, advirtió. Según su mirada, el gobierno avanzó con esta medida “sin consultar a nadie” y amparado en “un éxito” económico reciente. “Está bien, bajaste la inflación, pero eso no te habilita a destruir todo. Estos tipos son unos pavos, básicamente”, lanzó el ex funcionario, que no puede ocultar su enojo y preocupación ante la nueva normativa.
La experiencia internacional muestra que la fortaleza institucional y la independencia técnica de los organismos de control son factores clave para el desarrollo sostenible y la competitividad de las economías regionales ligadas al vino.
Hinojosa también alertó por el deterioro del sistema de información estratégica que caracterizaba a la vitivinicultura argentina. “Sabíamos todo: desde la viña hasta la góndola. Dónde se cosechó, qué uva, a qué bodega fue, si se envasó, con qué marca, a qué país se exportó y a qué precio”, detalló. Desmantelar ese sistema de trazabilidad “asesina la posibilidad de tomar decisiones estratégicas” en el sector. “En el corto plazo van a estar todos contentos. En el largo plazo, la información será paga y menos rigurosa”, concluyó.
La transformación del INV redefine el equilibrio entre control estatal, flexibilidad operativa y participación privada en la fiscalización. El desafío será garantizar que la centralización y la delegación de funciones no comprometan la calidad, la autenticidad y la proyección global del vino argentino. El sector deberá adaptarse a un nuevo escenario normativo y organizativo, donde la eficiencia administrativa no debe ir en desmedro de la excelencia y la confianza construidas a lo largo de décadas. ¿Será posible?
