Los talleres en Mendoza también abordan ciudadanía digital, huella digital, ciberdelitos y las consecuencias de las conductas desarrolladas en entornos virtuales.
Mendoza aplica la justicia restaurativa.
La Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) viene consolidando en Mendoza un modelo de intervención basado en los principios de la justicia restaurativa para abordar conflictos protagonizados por adolescentes que afectan la convivencia escolar.
Durante los últimos meses, equipos interdisciplinarios del organismo intervinieron en diferentes establecimientos educativos de la provincia luego de que amenazas difundidas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería derivaran en investigaciones penales.
La estrategia no limita la respuesta del Estado al proceso judicial, sino que incorpora herramientas orientadas a comprender lo sucedido, promover la asunción de responsabilidades y reparar el daño causado. Para ello, se desarrolla un trabajo articulado entre la Justicia, las escuelas, las familias y los adolescentes involucrados.
El ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, destacó que los conflictos protagonizados por adolescentes requieren un abordaje integral.
“Cuando un conflicto involucra a adolescentes, la respuesta del Estado no puede agotarse en la sanción. También debe generar oportunidades para reflexionar sobre lo ocurrido, reparar el daño y reconstruir la convivencia”, explicó. En ese sentido, señaló que el objetivo de la justicia restaurativa es transformar el conflicto en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento.
Como parte de las intervenciones, se realizaron círculos restaurativos en los establecimientos educativos, con la participación de estudiantes, familias, directivos, docentes y equipos técnicos.
Estos espacios permitieron dialogar sobre lo ocurrido, reconocer el impacto generado por las amenazas y construir acuerdos destinados a recuperar la convivencia escolar.
Además, los adolescentes involucrados elaboraron cartas de reflexión e impulsaron acciones de concientización sobre el uso responsable de las redes sociales dirigidas a sus propios compañeros.
En la mayoría de los casos, pudieron retomar sus actividades escolares con un mayor acompañamiento institucional, evitando que los conflictos derivaran en situaciones de exclusión o estigmatización.
Además de intervenir ante situaciones concretas, la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil desarrolla acciones preventivas destinadas a toda la comunidad educativa.
Una de las iniciativas es el taller “Lo digital también es real”, dirigido a estudiantes y orientado a generar conciencia sobre ciudadanía digital, huella digital, ciberdelitos y las consecuencias que pueden tener las acciones realizadas en los entornos virtuales.
También se implementa la propuesta “Acompañar hoy”, que brinda herramientas a docentes y familias para acompañar a los adolescentes en el uso responsable de las tecnologías y detectar tempranamente posibles situaciones de riesgo.
“La prevención también se construye enseñando a convivir. Por eso trabajamos junto a las escuelas, las familias y la Justicia para que los adolescentes comprendan las consecuencias de sus acciones, reparen el daño cuando corresponde y puedan seguir adelante con sus proyectos de vida”, expresó García Zalazar.
El funcionario agregó que proteger las trayectorias educativas también constituye una forma de garantizar derechos.
La articulación entre la DRPJ, la Dirección General de Escuelas, el Poder Judicial y las familias representa uno de los principales pilares de esta estrategia. El modelo busca ofrecer respuestas integrales frente a conflictos complejos, fortalecer la convivencia escolar y promover intervenciones basadas en la responsabilidad, la reparación y el acompañamiento.
De esta manera, Mendoza continúa desarrollando una respuesta socioeducativa que complementa la intervención judicial con herramientas de diálogo y reflexión.
La política parte de la premisa de que la convivencia también se aprende y de que, frente a un conflicto, el Estado debe generar oportunidades para asumir responsabilidades y reparar el daño, evitando que un error determine el futuro de un adolescente.
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