El Gobierno Nacional sostiene que busca reducir costos y burocracia, mientras las cámaras advierten que las medidas podrían afectar a las PyMEs y a las economías regionales.
Reforma vitivínicola.
La vitivinicultura argentina atraviesa un nuevo escenario de tensión luego de que el Gobierno nacional actualizara los aranceles que cobra el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y comenzara a analizar una reforma integral del marco legal que regula la actividad.
El primer frente de conflicto surgió con la Resolución 102/2026, publicada el 6 de julio, que estableció nuevos valores para los análisis químicos, fisicoquímicos y microbiológicos, las inspecciones, las certificaciones y otros servicios brindados por el organismo.
A esta decisión se sumó la difusión de un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que propone modificar la Ley General de Vinos, eliminar el fraccionamiento obligatorio en origen y avanzar sobre la estructura de la Corporación Vitivinícola Argentina.
Mientras el Gobierno sostiene que las medidas buscan reducir regulaciones y mejorar la competitividad, distintas cámaras de bodegueros y productores advierten que podrían elevar los costos, debilitar los controles y afectar la identidad productiva de las provincias vitivinícolas.
La Resolución 102/2026 actualizó los valores que deben pagar bodegas, productores y establecimientos por diferentes trámites ante el INV.
La Unión Vitivinícola Argentina (UVA) calculó que el incremento promedio ronda el 90% y manifestó su “terminante oposición” a la medida. También expresaron cuestionamientos Bodegas de Argentina y el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.
Entre los nuevos valores se encuentran:
$50.000 por día y por inspector en las inspecciones solicitadas al INV.
$40.000 por pedidos de medidas de excepción a la Ley General de Vinos.
$75.000 por verificaciones solicitadas en viñedos.
$25.000 por declaraciones juradas presentadas fuera de término.
$38.000 para establecimientos que soliciten el uso de una Indicación Geográfica o Denominación de Origen Controlada.
$19.000 cuando la solicitud de Indicación Geográfica o Denominación de Origen corresponda al titular de un viñedo.
La actualización reemplazó el esquema tarifario vigente desde marzo de 2024 y entró en vigencia a partir del quinto día hábil posterior a su publicación.
En los fundamentos de la resolución, la Secretaría de Agricultura señaló que los nuevos ingresos permitirán que el INV pueda financiar con recursos propios sus gastos operativos y de funcionamiento, sin requerir aportes del Tesoro Nacional.
Los fondos también serán utilizados para cumplir con las cuotas de un préstamo subsidiario firmado en 2010 y para sostener un plan de obras, equipamiento e inversiones en las instalaciones del organismo.
Las entidades productivas cuestionaron que esos costos sean trasladados a una actividad que, según sostienen, atraviesa problemas de rentabilidad y tiene escasa capacidad para incorporar nuevas cargas.
Desde Bodegas de Argentina reconocieron la importancia de los servicios prestados por el INV, pero reclamaron revisar los valores y buscar una mayor eficiencia antes de aumentar los costos regulatorios.
En paralelo, comenzó a circular un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación, conducido por Federico Sturzenegger, que incluye modificaciones profundas para la vitivinicultura.
La iniciativa forma parte de un paquete más amplio que también comprende otras actividades económicas. Hasta el momento, se trata de un borrador y todavía no fue enviado formalmente al Congreso de la Nación.
Entre los principales puntos aparecen:
La modificación de la Ley General de Vinos 14.878.
La derogación de la ley que establece el fraccionamiento obligatorio en origen.
La eliminación de la ley que creó la COVIAR y su posterior liquidación.
La reducción de los controles obligatorios del INV durante la cadena productiva.
La transformación en voluntarias de algunas certificaciones de origen, añada y varietal.
Cambios en la definición legal de vino genuino.
La eliminación de la prohibición expresa de mezclar productos importados entre sí o con vinos argentinos.
Uno de los puntos más sensibles del anteproyecto es la derogación de la Ley 25.849, mediante la cual se creó la Corporación Vitivinícola Argentina para coordinar el Plan Estratégico Vitivinícola.
El borrador establece que la entidad debería presentar un informe final sobre su gestión y situación patrimonial. Posteriormente, tendría que iniciar su liquidación y transferir sus bienes y recursos remanentes al INV. Sin embargo, actualmente la COVIAR no está disuelta.
En mayo de 2026, el Gobierno nacional dio por finalizado el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 y eliminó los aportes obligatorios que pagaban los establecimientos para financiarlo. En aquella oportunidad, el Ejecutivo aclaró expresamente que la medida no implicaba la desaparición de la corporación, que podía continuar funcionando con aportes voluntarios.
La COVIAR rechazó aquella resolución por considerarla “improcedente, inconsulta e inoportuna” y sostuvo que una decisión administrativa no podía modificar un régimen establecido por ley.
Otro de los cambios centrales sería la derogación de la Ley 23.149, que obliga a fraccionar determinados vinos en las zonas productoras. Si el cambio fuera aprobado, el vino podría trasladarse a granel para ser fraccionado en otras provincias o cerca de los grandes centros de consumo.
El Gobierno considera que esto reduciría costos logísticos y otorgaría mayor libertad comercial. Sin embargo, las entidades críticas advierten que podría provocar el traslado de inversiones, puestos de trabajo y plantas de embotellado desde las provincias productoras hacia los principales mercados consumidores.
También señalan que la medida podría debilitar la relación entre el vino, su territorio de origen y las economías regionales donde se producen las uvas.
La normativa vigente considera vino genuino al obtenido mediante la fermentación alcohólica de uvas frescas y maduras o de su mosto, elaborado dentro de la misma zona de producción.
El anteproyecto conservaría la exigencia de que el producto provenga de uvas frescas o mosto, pero eliminaría la referencia a la madurez de la uva y a la obligación de elaborar el vino dentro de la zona productora.
También establecería que las prácticas enológicas reconocidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) sean admitidas en el país y permitiría que el INV autorice procedimientos adicionales o condiciones más flexibles.
Especialistas y entidades del sector consideran que esos cambios podrían afectar la identidad de los distintos oasis productivos y ampliar excesivamente la discrecionalidad del organismo de control.
La Ley General de Vinos actualmente prohíbe mezclar productos importados entre sí y combinar vinos extranjeros con vinos nacionales. El anteproyecto eliminaría esa prohibición expresa. En consecuencia, podrían habilitarse mezclas entre productos nacionales e importados, siempre que cumplan con los requisitos sanitarios y de aptitud establecidos.
Esta posibilidad generó uno de los cuestionamientos más fuertes, ya que referentes del sector sostienen que podría afectar la trazabilidad, confundir al consumidor y permitir el ingreso de excedentes provenientes de otros países.
El borrador también propone limitar la fiscalización obligatoria del INV al tramo final de la cadena, con el objetivo de garantizar que el producto comercializado sea apto para el consumo y no haya sido adulterado.
Las certificaciones relacionadas con el origen geográfico, la añada o la variedad pasarían a ser voluntarias y se solicitarían principalmente por razones comerciales o para exportación. El organismo también podría delegar análisis, certificaciones e inspecciones en entidades públicas o privadas habilitadas.
Este proceso de simplificación comenzó en noviembre de 2025, cuando el Gobierno aprobó un nuevo digesto normativo del INV. De las 1.207 disposiciones revisadas, 973 fueron derogadas, mientras el Ejecutivo afirmó que el instituto conservaría sus funciones vinculadas con la inocuidad y las certificaciones de exportación.
El conflicto regulatorio ocurre en un momento en el que la actividad muestra resultados diversos. Según el INV, el consumo interno de vinos creció más del 5% en junio y terminó el primer semestre con una mejora acumulada del 0,8%.
Las exportaciones vitivinícolas también cerraron la primera mitad de 2026 con un crecimiento del 14,2%, impulsadas especialmente por los vinos a granel y el mosto concentrado. El valor FOB superó los 392 millones de dólares.
Pese a esos números, las entidades productivas sostienen que muchas bodegas y viñateros continúan operando con márgenes reducidos, precios deprimidos y dificultades para incorporar mayores costos.
El debate continuará centrado en dos cuestiones: cuánto debe intervenir el Estado para garantizar la genuinidad y trazabilidad del vino y hasta qué punto una desregulación puede mejorar la competitividad sin perjudicar a los productores, trabajadores y empresas asentadas en las provincias vitivinícolas.
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