Entrega de tierras a comunidades mapuches. (Foto gentileza).
Luego de se conociera la disposición del gobierno de Alberto Fernández de entregar y traspasar más de 21 mil hectáreas de tierras del sur provincial a comunidades mapuches, autoridades del departamento de Malargüe manifestaron su descontento, al igual que numerosos vecinos.
A través de sus redes sociales, en Twitter puntualmente, el intendente de Malargüe criticó la decisión del Gobierno Nacional de otorgar tierras a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, a comunicados mapuches del departamento.
El funcionario comunal hizo referencia a los 3 mil 500 metros cuadrados entregados a la comunidad Suyai Levfv del paraje Los Molles, a orillas del Río Salado, y en el ingreso a la villa turística del mismo nombre.
La respuesta fue inmediatamente después que el gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez publicara también en Twitter la solicitud a la “Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado, que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el Sur de la provincia”.
El intendente malargüino publicó y compartió su opinión expresando “poniendo todo en su lugar tras el avasallamiento, a Malargüe y Mendoza, por parte del Gobierno Nacional”, aunque con anterioridad también había manifestado su postura, fue el domingo en la noche durante la Bendición de los Frutos de la Vendimia Departamental, donde brevemente se refirió al tema diciendo “necesitamos que nuestros productores (caprineros), sean propietarios de sus tierras, y Malargüe no tiene comunidades mapuches, no lo digo yo, lo dicen los especialistas” remarcó.
La respuesta llegó en concordancia con la de otro jefe comunal del sur mendocino, el intendente del departamento de San Rafael Emir Félix quien entre otras consideraciones dijo “estudié las resoluciones del INAI, correspondientes a las autodenominadas Comunidad LOF El Sosneado y Comunidad LOF Suyai Levfv respectivamente, y concluyo que se está haciendo un uso de la ley 26.160 alejado del ánimo con que fue creada, generando inseguridad jurídica".
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