La elección del futuro defensor o defensora de personas con discapacidad provincial se aplaza en la Legislatura, luego del escándalo ocurrido la semana pasada durante la Asamblea Legislativa. En ese encuentro, la votación que quedó en nada ya que no se obtuvieron las mayorías necesarias para designar a quien integrará el cargo, y ahora no hay fecha para repetir el proceso.
El radicalismo postula al actual titular. Foto: Cristian Lozano.
El trabajo realizado por las comisiones de Desarrollo Social (Diputados) y Asuntos Sociales y Trabajo (Senado) había definido, por orden de mérito, a una lista de cinco postulantes de once personas que se habían presentado para suceder a Juan Carlos González (titular) y Andrea Mohammad (adjunta). Así, el ex presidente del Consejo Provincial de la Persona con Discapacidad del gobierno de Francisco Pérez, Germán Ejarque, había quedado en el tope de esa nómina, seguido por Mohammad, González, Alejandro Ontiveros y José Luis Beccaría.
El objetivo de la oposición era que se respetara ese orden de mérito, mientras que el oficialismo apuntaba a que la dupla actual fuera reelecta. Como la ley nº8345 exigía un apoyo de dos tercios de la Asamblea Legislativa para nombrar a las autoridades de la Defensoría, no hubo acuerdo y se suspendió el tratamiento.
Ejarque es apoyado por la oposición.
En una conferencia de prensa posterior a esa sesión, el presidente de la Cámara Baja, Néstor Parés, reconoció que hubiese sido mejor -para resolver las diferencias- que las comisiones no hubiesen establecido la lista por mérito y, en cambio, hubieran enviado a la Asamblea Legislativa un listado por orden alfabético.
En el medio de la discusión está la pertenencia política de los candidatos: Ejarque es justicialista (de hecho, fue precandidato a intendente de Guaymallén en 2015) y González está identificado con la Unión Cívica Radical.
"Si hubiera sabido que había que tener en cuenta la pertenencia partidaria para postularme, no hubiera perdido mi tiempo en prepararme", manifestó Ejarque a SITIO ANDINO.
Asimismo, criticó lo ocurrido en la Legislatura. " Es difícil creerle a un Gobernador que intenta prohibir la reelección de los intendentes pero manda sus tropas legislativas a reelegir un cargo que por lógica ética debe ejercer quien en un procedimiento objetivo y transparente resultó primero en orden de méritos. Quizás quiera seguir acallando quejas o denuncias, pero las Personas con Discapacidad de Mendoza necesitamos una Defensoría activa, efectiva y comprometida para garantizar el cumplimiento de la ley", expresó.
El mandato de González comenzó en 2013, con la creación del cargo, y debía terminar en 2018 (son cinco años). Con las demoras en el proceso de selección y esta última suspensión, el funcionario seguirá en su puesto hasta que se decida convocar a una nueva Asamblea Legislativa.
A partir de esto, algunos espacios observan la posibilidad de intervenir el organismo hasta que se realice la elección correspondiente.
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