En un contexto donde cada vez más hogares argentinos se endeudan, Natalia Mícoli, de Espacio FUNDAR, explica qué medidas puede tomar la Justicia y hasta dónde alcanzan las consecuencias legales.
Tener deudas no es un delito en Argentina: qué establece la ley y cuáles son sus límites legales
Foto: webSi bien los indicadores económicos de Argentina se mantienen relativamente estables, esta situación no se refleja del mismo modo en la economía doméstica. Gran parte de la población enfrenta dificultades para ajustar su presupuesto, resigna el pago de ciertos servicios e incluso recurre a la deuda crediticia.
En torno a este último punto surgen dudas sobre los límites judiciales y legales que determinan las sanciones aplicables a quienes incumplen con el pago de deudas, ya sea por servicios o impuestos.
Para aclarar este tema, la doctora Natalia Míccoli, de Espacio FUNDAR, visitó los estudios de TVA y explicó que el problema parte del contexto económico actual del país, que facilita la toma de deuda. “Lo que hay que tener en cuenta es que, según la legislación argentina, tomar una deuda no constituye un delito (...) nadie va a ir preso por deber alquileres o por deberle a una tarjeta de crédito”, señaló.
En ese sentido, Míccoli vinculó la cuestión crediticia con el accionar de la justicia ante la vulneración de derechos. “El no pago de algunos impuestos provinciales y municipales, como el inmobiliario o las patentes, puede dar lugar a reclamos judiciales por parte de quien tiene un derecho vulnerado. Si bien no constituye un delito, quien mantiene una deuda puede enfrentar consecuencias civiles, financieras y patrimoniales ”, explicó.
Los casos de inhibición son los más frecuentes, aunque varían según la provincia. En el caso de Mendoza, la especialista detalló que esto se encuentra legislado: “Aquella persona a la que le están debiendo dinero puede recurrir a la justicia mediante un proceso monitorio o ejecutivo, destinado al cobro de esas deudas ”.
Sobre el proceso de inhibición, que debe ser ordenado por un juez, Míccoli agregó: “El juez, dentro del proceso, puede disponer distintas medidas para evitar que la persona endeudada se desprenda de sus bienes y asegurar así el pago. Puede ordenar el secuestro de bienes, el embargo del salario o una inhibición general, que muchas veces se hace visible justo cuando la persona debe realizar algún trámite o gestión”, detalló Míccoli.