lunes 28 nov 2022
Mendoza

Elección Reina de Guaymallén: el Gobierno debe resolver

La Suprema Corte avaló la intervención del Gobierno de Mendoza para resolver el conflicto por la elección de la Reina de Guaymallén, eliminada por el intendente Marcelino Iglesias.

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4 de octubre de 2022 - 14:10

Agitado inicio había tenido el año 2021 cuando el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, eliminó- a través de una Ordenanza Municipal- la elección de la Reina de la Vendimia departamental lo que desencadenó el enojo de los sectores que avalan la coronación de una soberana cumpliendo con la tradición de la fiesta máxima de Mendoza y quienes sostienen que el acto sólo promueve, entre otras cosas, los estereotipos hegemónicos de belleza.

Se abrió el debate y las voces a favor y en contra de la decisión del Intendente resonaron en todos los medios de comunicación, fue uno de los temas más comentados incluso en las redes sociales. Finalmente, hubo una fiesta “no oficial” en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia en Maipú en donde se coronó a Julieta Lonigro como la representante de Guaymallén.

Luego de varios cruces que incluyeron un enfrentamiento entre Iglesias y su par de Maipú, Matías Stevanato, todo quedó en manos de la Justicia que este martes decidió hacer lugar al pedido de intervención- que formuló la Fiscalía de Estado- para que este conflicto sobre reina sí o reina no en Guaymallén sea resuelto por el Gobierno de Mendoza.

En su momento y en el medio del escándalo, el gobernador Rodolfo Suarez había propuesto a través de su cuenta oficial de Twitter que “la reina de Guaymallén elegida anteriormente (año 2020) sea la que represente al departamento en la actual Fiesta Nacional de la Vendimia, ya que tiene legitimidad en su elección”.

Ahora, el fallo de la Corte indica que el objeto del litigio planteado, por su importancia pública, trascendería los meros intereses de las partes e involucraría a los de la Provincia de Mendoza al referirse a un bien inmaterial del patrimonio cultural, cuyo deber de conservación y garantía de acceso corresponden al Estado provincial.

El fallo completo:

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.pdf

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