Un informe de ASAP reveló que Mendoza descendió 25 puntos en el índice nacional de transparencia fiscal. La provincia quedó en el grupo de bajo cumplimiento.
Mendoza cayó en el ranking nacional de transparencia fiscal: qué dice el informe
Foto: FreepixMendoza perdió posiciones en el último Índice de Cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). La provincia obtuvo 55 puntos, registró un retroceso de 25 unidades respecto de la medición anterior y quedó ubicada entre las jurisdicciones con bajo nivel de cumplimiento en materia de transparencia fiscal.
El relevamiento, realizado durante los primeros quince días de abril de 2026 sobre los sitios web oficiales de las provincias adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, evaluó la publicación de información presupuestaria y financiera con datos actualizados hasta marzo de este año.
En el caso de Mendoza, el informe destacó que la provincia sí difundió parte de la documentación exigida por la normativa. Entre los datos publicados figuran:
Sin embargo, ASAP advirtió que la administración provincial no presentó otros documentos considerados esenciales para cumplir con los estándares de transparencia. Entre ellos se encuentran:
Estas omisiones hicieron que Mendoza integrara el Grupo IV, correspondiente a las provincias con cumplimiento bajo, categoría en la que se ubican las jurisdicciones que obtuvieron entre 30 y 55 puntos. En ese mismo grupo también figura la provincia de Buenos Aires.
El informe muestra un escenario dispar entre las jurisdicciones argentinas. Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe fueron las únicas provincias que alcanzaron 100 puntos, al publicar la totalidad de la información requerida por la legislación nacional.
En el caso de Córdoba, la gestión encabezada por Martín Llaryora presentó el Presupuesto 2026, la ejecución de gastos, el stock de deuda y la información sobre la planta de personal correspondiente al cierre del ejercicio 2025, lo que le permitió integrar el Grupo I, reservado para las administraciones con cumplimiento estricto.
Un escalón por debajo quedó el Grupo II, con niveles altos de cumplimiento y puntajes de entre 80 y 90 unidades. Allí se ubicaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán, provincias que publicaron casi toda la información requerida, aunque omitieron los datos vinculados con la planta de personal.
Por su parte, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones conformaron el Grupo III, de cumplimiento intermedio.
El estudio también reflejó un retroceso en los indicadores de transparencia a nivel país. Según ASAP, el promedio nacional descendió de 74,3 puntos, registrados en septiembre de 2025, a 70,9 puntos en la última medición. Comparado con marzo de 2025, la caída fue de 6,8 puntos.
En cuanto a la evolución de cada jurisdicción, siete provincias mejoraron su desempeño, otras siete retrocedieron y ocho mantuvieron el mismo puntaje. Entre las mejoras más significativas se destacaron:
El informe también señaló que ninguna provincia quedó ubicada en el Grupo V, reservado para las jurisdicciones que no cumplen con ninguno de los requisitos de transparencia fiscal.
Por otra parte, La Pampa y San Luis no fueron incluidas en el análisis porque no están adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.
La transparencia fiscal es el principio mediante el cual los gobiernos ponen a disposición de la ciudadanía información clara, completa y oportuna sobre la recaudación, administración y destino de los recursos públicos. No se limita únicamente a publicar cifras, sino que implica presentar esos datos de manera accesible para que cualquier persona pueda comprender cómo se administran los fondos del Estado.
Este mecanismo busca fortalecer la confianza en las instituciones, mejorar la rendición de cuentas y reducir los riesgos de corrupción. Además, permite que ciudadanos, empresas y organismos de control supervisen la evolución del gasto público, la deuda y las decisiones fiscales adoptadas por cada gobierno.
Para las administraciones públicas, mantener altos niveles de transparencia también representa una herramienta para fortalecer su credibilidad, promover buenas prácticas de gestión y mejorar su imagen frente a organismos financieros e inversores. En definitiva, hacer visible cómo se utilizan los recursos públicos es uno de los pilares para una gestión estatal más abierta y responsable.