Un legislador presentó un proyecto para que en la provincia de Mendoza las personas detenidas estén uniformadas.
Proponen que los presos en la provincia de Mendoza usen uniforme para evitar fugas: cómo sería. Imagen creada con IA.
A raíz de diversos casos de fugas de presos registrados en la provincia de Mendoza, un legislador propuso prohibir la ropa de calle para los reos y establecer el uso obligatorio de uniforme dentro de las cárceles. Cuál es la vestimenta y el calzado sugeridos en el proyecto presentado en la Legislatura y quién asumiría los costos.
La iniciativa del senador Martín Rostand (Unión Mendocina) busca evitar que los detenidos sean confundidos con la población al momento de escapar, mimetizándose de forma inmediata con el resto de los ciudadanos. La propuesta apunta a que los internos utilicen indumentaria de alta visibilidad que dificulte la huida.
La medida, en caso de aprobarse, sería aplicada a todas las personas privadas de la libertad alojadas en establecimientos penitenciarios, alcaidías y centros de detención transitoria de la provincia ante “la necesidad de eliminar toda ventaja táctica” que permita el escape, dice el proyecto, donde además se fundamenta que “la seguridad pública debe priorizarse sobre la elección estética del recluso”.
Rostand explicó a Sitio Andino que esto va en línea con el estándar internacional y pretende dificultar a los detenidos “ganar la calle” para fugarse de las Fuerzas, y advirtió que la ropa que utilizan actualmente les permite correr, trepar y escapar con "facilidad". Y remarcó que los casos recientes evidencian los problemas en la “gestión de seguridad” que existen en Mendoza.
El caso de la fuga de dos presos con varios antecedentes penales de la alcaidía de Tunuyán en febrero pasado “es paradigmático”, sostuvo el legislador. Durante el operativo para intentar recapturar a los delincuentes un penitenciario se descompensó y murió.
“Los dos presos con frondosos prontuarios lograron evadirse y mimetizarse con la población civil de forma inmediata, lo que les permitió estar casi 24 horas fuera de la unidad penitenciaria”, señaló el autor de la iniciativa. “Si los internos hubiesen estado correctamente uniformados, la identificación temprana y la disuasión de la fuga habrían sido mayores, reduciendo posiblemente el nivel de persecución y estrés que terminó en el trágico deceso del jefe de la unidad”, aseguró.
Otro caso se registró en la provincia a principios de marzo cuando un grupo de detenidos que permanecían internados en el Hospital Central intentaron escapar rompiendo las rejas de la habitación. Al descender por una ventana utilizando sábanas atadas como sogas improvisadas, la estructura no resistió, uno de los reos cayó y falleció. “Uno de los reclusos estuvo deambulando por los pasillos del nosocomio, haciéndose pasar por familiar de un paciente internado, lo cual dificultó que sea capturado con inmediatez”, planteó Rostand.
Para el legislador mendocino, un interno uniformado es fácilmente detectable por las fuerzas policiales, cámaras de seguridad urbana y por el ciudadano común, quien puede dar alerta a las autoridades. El uniforme que propuso consiste en:
“La experiencia comparada y la criminología moderna demuestran que el uso de uniformes de alta visibilidad -mamelucos color naranja internacional- reduce drásticamente las posibilidades de una fuga exitosa”, afirmó el senador. En cuanto a si habría distinción en los uniformes de hombres, mujeres y menores, comentó que en otros países sucede pero que la idea es que, en caso de implementarse, sea igual para todos.
Al respecto, el autor de la iniciativa explicó que el calzado tipo “crocs” no es un "capricho", sino que el objetivo es "impedir que puedan correr y trepar" con facilidad. “El calzado deportivo diseñado para la tracción, la carrera y la escalada, es una herramienta que facilita la huida. La provisión de calzado monomaterial y sin cordones dificulta físicamente la carrera veloz y el ascenso por muros o cercas, sin afectar la integridad ni la salud del interno”, fundamentó.
Rostand aseguró que la idea no es que esta medida implique un gasto al Estado ni al contribuyente mendocino. La responsabilidad económica, dice el proyecto, quedará en manos de las personas detenidas, tanto el costo de adquisición del uniforme y del calzado, así como la reposición de las mudas estarán a cargo del interno o encausado.
Los valores y la cantidad de uniformes que serán provistos a los reclusos por año serían fijados el Ministerio de Seguridad y Justicia, que también tendría que determinar los medios y procedimientos “que considere pertinentes” para hacer efectivo el cobro del mameluco y calzado, “quedando facultada para disponer la forma, oportunidad y mecanismos de percepción de los montos correspondientes”.
“El Poder Ejecutivo podrá hacer las adecuaciones presupuestarias para el cumplimiento de la presente durante el año en curso, quedando obligado a establecer una partida específica en los sucesivos proyectos de presupuesto que envíe a esta Legislatura”, se agregó en la iniciativa que, de avanzar, se debatirá a partir del 1° de mayo cuando inicien las sesiones ordinarias.
El legislador contó que no tiene registros de que en Mendoza se haya obligado alguna vez a los presos a utilizar uniforme como política general del sistema penitenciario. Al igual que en el resto de las cárceles de la Argentina los internos utilizan ropa de calle o prendas personales dentro de los pabellones.
Sin embargo, años atrás la situación era otra. En el país el uniforme a rayas se impuso en 1924 en la Penitenciaria Nacional -ubicada en ese entonces en la Ciudad de Buenos Aires-, indicó diario La Capital. Luego, la misma medida se tomó en el centro penitenciaro de Ushuaia, conocido como la Cárcel del Fin del Mundo, donde los reclusos vestían con franjas negras y amarillas.
En 1947, con Roberto Petinatto como director general de Institutos Penales de la Nación, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, esa cárcel fue cerrada y se ordenó la eliminación de dichos uniformes porque atentaban "contra los propósitos de humanización y contra la dignidad humana".
Actualmente existe el caso de la provincia de Santa Fe donde en 2024 el Ministerio de Justicia y Seguridad emitió la resolución 008/2024 que dispuso que todos los detenidos de alto perfil utilicen un uniforme de color naranja, luego de la aprobación de una ley que permitió categorizar a los internos de acuerdo a su peligrosidad.
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