El Gobierno apunta a recaudar 2.000 millones de dólares con privatizaciones, pero los activos y precios base ponen en duda que la meta pueda cumplirse.
El Gobierno apunta a recaudar 2.000 millones de dólares con privatizaciones.
El Gobierno nacional acelera su plan de privatización de empresas públicas con una lógica: necesita dólares, y los necesita pronto. El ministro de Economía, Luis Caputo, proyectó que la venta o concesión de empresas públicas aportará unos 2.000 millones de dólares destinados a cubrir vencimientos de deuda en moneda extranjera hasta julio de 2027. Sin embargo, una revisión de los activos en juego y de los precios base fijados hasta ahora sugiere que esa cifra difícilmente se alcance.
El plan oficial abarca seis compañías en distintas etapas del proceso: Energía Argentina (Enarsa), Intercargo, Corredores Viales, Belgrano Cargas y Logística, AySA y Citelec (la porción estatal de la empresa que controla la transportista eléctrica Transener). De ese conjunto, cuatro cerraron el ejercicio 2025 con resultado financiero positivo, según el balance anual del Ministerio de Economía. Un dato que introduce una tensión de fondo en la estrategia oficial, pues pone en cuestión el momento elegido para desprenderse de activos que, al menos en el corto plazo, generan ingresos para el Estado. Aunque también es cierto que parte de ese azul en los balances fue obtenido por la reducción de plantillas al mínimo y la paralización de todas las inversiones y obras necesarias para la continuidad de esas empresas.
En términos agregados, el conjunto de las empresas públicas cerró 2025 con un superávit financiero de 903.000 millones de pesos, aunque ese resultado representó una caída del 19,1% respecto del año anterior, cuando el excedente había superado el billón. Medido por resultado operativo (que excluye el componente financiero), el sector acumuló un déficit de 1,3 billones de pesos, explicado principalmente por los desequilibrios de Enarsa y de la operadora ferroviaria de trenes de pasajeros.
Enarsa, encargada de la administración de la infraestructura energética, registró el superávit financiero más abultado del grupo privatizable: 324.000 millones de pesos, aunque un 31,8% inferior al de 2024. AySA, la empresa de agua y saneamiento del Área Metropolitana, mostró un resultado operativo positivo de 237.000 millones, pero cerró con un déficit financiero de 18.000 millones, consecuencia de que las tarifas (que crecieron alrededor del 1% mensual durante 2025) no alcanzaron a compensar el ritmo de inversión en obras. Belgrano Cargas, por su parte, acumuló un rojo financiero de 41.000 millones, muy por encima de los 6.200 millones del ejercicio previo.
En contraste, Intercargo, Corredores Viales y Nucleoeléctrica Argentina cerraron el año con números positivos. La empresa de servicios aeroportuarios obtuvo un superávit de casi 30.000 millones de pesos; la administradora de rutas nacionales, de 39.600 millones; y la operadora de centrales nucleares, de 90.300 millones.
El problema central del plan de Caputo no reside en la decisión política de privatizar, sino en la aritmética. Entre Citelec e Intercargo los precios base suman apenas 251 millones de dólares. Por el 50% de Citelec, el Estado fijó un mínimo de 206 millones, en tanto que Intercargo salió a licitación con un precio base de 45,2 millones, cifra que varios especialistas consideran subvaluada: cada equipo de rampa cuesta aproximadamente un millón de dólares, y solo en el aeropuerto de Ezeiza hay cerca de veinte unidades en operación.
Para AySA, el Banco de Inversión y Comercio Exterior aún debe completar la tasación oficial, aunque el Gobierno aspira a obtener unos 500 millones de dólares por el 90% de la compañía. El porcentaje restante quedaría en manos del personal. En cuanto a Belgrano Cargas, los montos dependerán de lo que el Estado logre recaudar por la venta de equipos, talleres y material rodante; las estimaciones oscilan en “varios cientos de millones de dólares”, aunque existe la intención oficial de reinvertir ese dinero en modernizar las líneas San Martín y Urquiza, lo que lo excluiría de la caja disponible para deuda.
El proceso atrae interés de grupos locales e internacionales, aunque con exigencias que en algunos casos complican la ecuación oficial. En Citelec, los principales postulantes incluyen al grupo de José Luis Manzano y Daniel Vila (que ya opera Edenor y EDEMSA), el holding Edison Energía, Genneia, Central Puerto e Inverlat, entre otros. El período de recepción de ofertas, originalmente fijado para el 26 de marzo, fue extendido hasta el 13 de abril.
Para los trenes de carga, el Grupo México (de la familia Larrea) reclamó condiciones de exclusividad operativa y acceso al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), condiciones que el Gobierno parecería rechazar. La postura oficial apunta a un modelo de acceso abierto en el que distintos operadores compitan por precio en las vías. En la vereda local, el pool de cerealeras liderado por Aceitera General Deheza y el grupo Roggio mostraron interés sin cuestionar ese esquema, a los que se suma la minera Río Tinto, también interesada en garantizar una salida expedita de su producción minera a la que apuesta con fuerza en la Argentina.
La comparación con el proceso encarado durante la presidencia de Carlos Menem resulta inevitable, aunque las magnitudes son inconmensurables. Aquel ciclo de reformas generó ingresos estimados en al menos 18.000 millones de dólares (equivalentes a más de 40.000 millones a valores actuales) mediante la transferencia al sector privado de Entel, YPF, Gas del Estado, Segba y otras empresas de envergadura estratégica.
Lo que el actual Gobierno tiene para ofrecer es sustancialmente más acotado. En el escenario más optimista, los 2.000 millones de dólares que proyecta Caputo representan menos del 5% de lo obtenido en los años noventa. La restricción no es ideológica sino estructural: el inventario de activos transferibles es más reducido, los precios base son modestos y las condiciones de mercado imponen sus propios límites. La urgencia por obtener divisas es real; la capacidad para satisfacerla mediante privatizaciones, más limitada de lo que sugieren los anuncios oficiales.