El Partido Justicialista planteó en la Suprema Corte de Justicia la disputa para definir las candidaturas de los concejales Martín González y María Lourdes Sosa.
La Corte en pleno deberá resolver el planteo del Partido Justicialista.
Foto: Yemel FilEl Partido Justicialista resolvió llevar ante la Justicia su reclamo por una decisión de la Secretaría Electoral con la que rechazó la postulación de dos candidatos a concejales. Esto retrasa una instancia clave de estas elecciones 2025. Cuál es el motivo del rechazo.
El PJ mendocino planteó en la Suprema Corte de Justicia la disputa para definir las candidaturas de los concejales Martín González (Godoy Cruz) y María Lourdes Sosa (Junín), quienes fueron observados por la Junta Electoral al pretender un nuevo mandato en estas elecciones 2025.
A partir de esta observación, la Secretaría Electoral -presidida por Jorge Albarracín- decidió rechazar ambas candidaturas, frente a lo que el Partido Justicialista presentó una medida cautelar y una acción de inconstitucionalidad en la Corte.
En 2024 se sancionó la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 9.573), la cual introdujo modificaciones al artículo 44. Esa norma limita a los concejales a un mandato de reelección consecutiva solamente. Es decir, quienes hayan sido reelectos una vez no podrían postularse de nuevo sin un intervalo mínimo de un periodo.
Martín González y María Lourdes Sosa fueron elegidos en 2017 y reelectos en 2021, por lo que intentan ahora su tercer período en el cargo. Pero la defensa del PJ es que esta sería su primera reelección a partir de la sanción de la ley.
El PJ sostiene que la ley no puede aplicarse retroactivamente. En su descargo argumentan que al momento de su elección la norma vigente no prohibía una segunda reelección, por lo que aplicar esa restricción para candidatos que ya estaban desempeñando el cargo implicaría violar principios constitucionales vinculados con la seguridad jurídica.
De hecho, intendentes del PJ (Roberto Righi de Lavalle, Jorge Giménez de San Martín, Martín Aveiro de Tunuyán) y Emir Félix de San Rafael) atravesaron un proceso similar en 2023, cuando la Suprema Corte confirmó la vigencia de la ley que limita las reelecciones a un solo período consecutivo. Esos jefes comunales que buscaban un tercer mandato debieron bajarse de la competencia, y en muchos departamentos se habilitó el recambio de nombres en el poder local.
Esa definición judicial es la que ahora el Partido Justicialista toma como antecedente, pero reclama que no se aplique del mismo modo a los concejales porque —sostienen— se trataría de una aplicación retroactiva de la norma.
La Junta Electoral objetó las candidaturas de González y Sosa, notificando al PJ que los debe reemplazar si quiere cumplir con la norma.
Frente al rechazo, el Justicialismo presentó un recurso de inconstitucionalidad y una medida cautelar que suspenda los efectos de la observación hasta que se resuelva el fondo del asunto, alegando la retroactividad como punto central.
La Suprema Corte de Justicia provincial en pleno -los siete ministros del máximo tribunal- debe resolver si la norma se aplica a los casos de González y Sosa, o si se admite su candidatura bajo el argumento de que no puede cambiarse la regla de juego en medio del mandato.
Si la Corte rechaza la cautelar, los concejales deberán ser reemplazados en las listas. Si la concede, podrían permanecer en la nómina mientras se define el litigio de fondo.
Esta situación dilata la oficialización de la boleta para las elecciones 2025 a nivel provincia l. El presidente de la Suprema Corte de Justicia y de la Junta Electoral Provincial, Dalmiro Garay, explicó días atrás que para poder difundir la boleta única papel (tal como ya sucedió con la nacional), se debe tener resuelto este conflicto.