La legisladora nacional mendocina Pamela Fernanda Verasay dialogó con Aconcagua Radio sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil que bajala edad de imputabilidad de 16 a 14 años, que recibió media sanción de la Cámara de Diputados. Destacó que la implementación requerirá un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias. La diputada también habló de la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Congreso.
La presidenta del bloque radical en Diputados se mostró satisfecha con la norma aprobada el pasado jueves y aseguró que el proyecto fue el resultado de un año de debate parlamentario. “Fue un trabajo que estuvo en la Cámara durante un año. Si bien se vio la foto ayer, vale recordar que se trabajó tomando como base el proyecto del Ejecutivo y varios más”, afirmó.
La legisladora por Mendoza señaló que uno de los ejes centrales del texto es el rol de quienes sufren el delito. Comentó que el capítulo dedicado a las víctimas “ha pasado desapercibido”, aunque lo consideró clave para equilibrar el proceso. “Si tenemos una ley completa y que se ajusta socialmente, es fundamental devolverle a la víctima un lugar en el juicio cuando esté implicado un menor”, sostuvo.
Recursos y financiamiento
Consultada sobre los recursos necesarios para aplicar la ley, la diputada admitió que el financiamiento es un punto central. “Tiene que haber un trabajo conjunto entre la Nación y las provincias, también en materia de recursos”, señaló, aunque advirtió que la falta de fondos no puede convertirse en un argumento para postergar la reforma.
En ese sentido, detalló que durante el tratamiento se fijó una partida presupuestaria específica. “Se votó un primer número, casi $24.000 millones, distribuidos entre Justicia y la Defensoría para implementar la ley en materia federal”, indicó. También precisó que se habilitaron convenios entre Nación y provincias para compartir gastos, especialmente en lo vinculado a equipos interdisciplinarios —médicos, docentes y profesionales de salud mental— necesarios para abordar cada caso.
Cámara de Diputados de la Nación Régimen Penal Juvenil
NA
Abordaje social a los jóvenes
Verasay planteó que el proyecto no debe leerse únicamente en clave punitiva, sino como una herramienta de intervención temprana. Sostuvo que las provincias ya desarrollan abordajes sociales y educativos, pero que el contexto actual exige actualizar la respuesta estatal.
“Los jóvenes de hoy no son los mismos de ayer. La sociedad entiende que el joven comprende la gravedad de los daños a medida que madura y eso amerita intervenir, pero no desde el castigo, sino acompañando en el primer error para apartarlo del foco de conflicto”, explicó. Al mismo tiempo, remarcó que “el dolor de quien pierde un ser querido no varía según la edad de quien comete el delito”.
Sobre los votos del peronismo
Los diputados Emir Félix y Martín Aveiro votaron en contra de la iniciativa, lo que fue cuestionado por Verasay. “Al rechazar actualizar la norma penal juvenil, lo único que hicieron fue seguir dilatando un garantismo que ha creado impunidad y exclusión”, afirmó. Según dijo, primó la decisión de no acompañar el consenso alcanzado con otros bloques.
Ante la consulta sobre si existieron propuestas alternativas, la diputada respondió que el sector opositor presentó un dictamen propio que mantenía el régimen actual. “No hablaron de las víctimas y no quisieron compartir la propuesta consensuada con varios partidos”, señaló, y subrayó que la ley obtuvo respaldo de distintos espacios, incluido el Frente Renovador.
El debate del proyecto de reformal laboral pasó a Diputados
La diputada nacional aseguró que el oficialismo analiza las modificaciones introducidas por el Senado y defendió los cambios vinculados a la cuota sindical. Entre los puntos que generaron mayor debate mencionó el banco de horas y el nuevo esquema de licencias por enfermedad.
Frente a las críticas por la posible reducción del pago en determinados casos, sostuvo: “Hay que mirar la modernización laboral como una norma que empieza a actualizarse como se ha actualizado el mercado laboral argentino”, señaló, y recordó que la Ley de Contrato de Trabajo tiene más de cuatro décadas, en un contexto en el que más del 40% de los trabajadores se encuentra en la informalidad.
En cuanto a las licencias, explicó, parte de la litigiosidad se originó en certificados médicos vinculados a enfermedades no relacionadas con el trabajo. Respecto a lesiones deportivas o enfermedades graves, Verasay sostuvo que cada caso debe analizarse con criterios de justicia y con respaldo en datos oficiales. "Hay que revisar todos los casos para que haya justicia. En el caso de que el trabajador haya sufrido una enfermedad deberá tener su licencia y evitar los abusos que nos han hecho subir la litigiosidad", declaró.
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