Cuáles serán las obligaciones de los futuros concesionarios en el Parque Provincial Aconcagua fijadas por el Gobierno de Mendoza.
El paso clave del Gobierno para concesionar los servicios en el Parque Provincial Aconcagua.
Foto: Prensa Gobierno de MendozaEl Gobierno de Mendoza avanza en la licitación de servicios en el Parque Provincial Aconcagua. Este viernes, a través del decreto 222 publicado en el Boletín Oficial, se aprobaron los pliegos del llamado, que establecen las reglas que regirán la selección de ofertas, la ejecución de las concesiones y las obligaciones de los futuros concesionarios.
La Provincia aseguró que busca "mejorar la experiencia de quienes visitan el Aconcagua", cuidando "el patrimonio natural", es por eso que decidió impulsar un proceso de ordenamiento y regularización de la prestación de los servicios que se brindan dentro del área protegida.
Tras el anuncio realizado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, se autorizó el llamado a licitación pública nacional para otorgar concesiones de uso y explotación turística en los campamentos de aproximación, base y altura del Parque Provincial Aconcagua, con el objetivo dotar de mayor previsibilidad y control a la actividad turística.
En el expediente administrativo se incorporaron los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Técnicas elaborados por la autoridad de aplicación. Estos documentos establecen las reglas que regirán la selección de oferentes, la adjudicación y la ejecución de las concesiones, así como las obligaciones de los futuros concesionarios. Además, consta un informe técnico de la Dirección de Áreas Protegidas y un dictamen de pertinencia turística emitido por el Ente Mendoza Turismo (EMETUR).
Las concesiones comprenderán predios ubicados en campamentos de aproximación, como Confluencia, Pampa de Leñas y Casa de Piedra —incluida una nueva localización—, y en campamentos base, como Plaza de Mulas y Plaza Argentina, donde también se prevén áreas para eventuales relocalizaciones. Una vez adjudicada la licitación, solo podrán prestar servicios quienes resulten concesionarios, quedando sin efecto los permisos actuales.
Esta iniciativa busca organizar de manera integral la actividad de apoyo a quienes ingresan al parque bajo las categorías de Ascenso y Trekking, "estableciendo reglas claras, competencia abierta y un marco ambiental mucho más exigente para la cumbre más alta de América".
Sobre la base normativa y técnica, la licitación apunta a otorgar previsibilidad y seguridad jurídica a los operadores, mejorar la experiencia de quienes visitan el parque y establecer un sistema ordenado de responsabilidades, diferenciando claramente las tareas que competen al Estado de aquellas que corresponden a los concesionarios, siempre bajo un marco de control ambiental estricto.
La concesión se proyecta por un plazo de 20 años, lo que habilita el desarrollo de infraestructura adecuada para la actividad en alta montaña, siempre bajo las condiciones ambientales, técnicas y operativas establecidas en el pliego. En determinados campamentos, se prevé además el traslado hacia nuevas localizaciones, en línea con criterios de ordenamiento territorial, reducción de impactos y mejora de las condiciones ambientales.
Al finalizar el contrato, los predios deberán ser restituidos sin infraestructura y en condiciones ambientales adecuadas, reforzando el principio de ocupación temporal, responsable y reversible propio de un área natural protegida. En el plano económico, el canon de explotación estará vinculado a los permisos de ingreso efectivamente comercializados, bajo valores definidos oficialmente en cada temporada.
Asimismo, cada oferente deberá presentar un Plan Ambiental y Logístico integral, que será un componente central de la evaluación, aseguró el Gobierno. Deberá contemplar la gestión integral de residuos, con separación en origen, trazabilidad desde la generación hasta la disposición final autorizada y retiro periódico durante cada temporada. También deberá detallar cómo se gestionarán los residuos orgánicos, los reciclables y los residuos sanitarios, en un entorno donde la acumulación o mala disposición puede generar impactos severos.
El decreto señaló que el procedimiento cuenta con dictamen favorable de la Fiscalía de Estado y la convocatoria se ajusta a lo dispuesto por el artículo 37 de la Constitución provincial y por las leyes Nº 8706 de Administración Financiera y Nº 9003 de Procedimiento Administrativo, junto con sus normas reglamentarias.
El marco legal específico para el área está dado por la Ley Nº 6045 de Áreas Naturales Protegidas y la Ley Nº 9570 de Zonificación del Parque Provincial Aconcagua. Estas normas establecen los criterios de conservación, uso y aprovechamiento sustentable del lugar y designan como autoridad de aplicación al Ministerio de Energía y Ambiente, a través de la Dirección de Áreas Protegidas, que deberá conformar la Comisión de Preadjudicación y/o Evaluadora.
El norma lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo; de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; y del ministro de Gobierno, Natalio Mema, a cargo de la cartera de Hacienda y Finanzas.
video