El Gobierno de Mendoza apunta a jerarquizar los servicios brindados en el Parque Provincial Aconcagua a través de la inversión privada.
Los cambios en la prestación de los servicios en el Parque Provincial Aconcagua que busca el Gobierno.
Foto: Cristian LozanoEl Gobierno de Mendoza lanzó una licitación pública nacional para optimizar los servicios en el Parque Provincial Aconcagua en convivencia con el control ambiental. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, explicaron los objetivos de este llamado y los aspectos que pretenden mejorar en el icónico cerro mendocino.
Este lunes las funcionarias presentaron en la Enoteca la convocatoria para concesionar la prestación de servicios en los campamentos base y de aproximación del Parque, "con reglas claras, control ambiental y un modelo enfocado en la sostenibilidad, la protección de los recursos naturales y en seguir fortaleciendo la experiencia de los visitantes".
"No se trata solo de mejorar la experiencia de quienes visitan el Aconcagua, sino de cuidar un patrimonio natural único, con trazabilidad, control del Estado y una mirada de largo plazo que permita protegerlo para las próximas generaciones", afirmó Latorre.
En el acto del anuncio también también estuvo presentes el jefe de Gabinete del Ministerio de Energía y Ambiente, Manuel López; el director de Áreas Protegidas, Ivan Funes Pinter, y el director de Desarrollo Turístico e Innovación, Marcelo Reynoso. Además, participó Guardaparques, personal de la Patrulla de Rescate, veterinarios del programa de Bienestar Animal y prestadores de servicios que actualmente trabajan en el Parque.
“Después de un año de trabajo conjunto estamos llegando a este momento. Cuando a fines de 2024 se sancionó la Ley 9570 de zonificación del Parque Aconcagua, explicamos que el objetivo era brindar seguridad jurídica, ordenar el territorio dentro del parque y ofrecer mejores servicios, con mayores garantías tanto para los prestadores como para quienes lo visitan”, explicó Latorre.
“Esa norma fue la base para vincular la gestión del Aconcagua con la inversión privada, pero para que esa inversión pudiera concretarse eran necesarias reglas claras y definiciones precisas. El Aconcagua es uno de los grandes emblemas del turismo de naturaleza de Mendoza, de la Argentina y de la región, y por eso requería un esquema que integrara desarrollo, calidad de servicios y protección ambiental”, agregó la funcionaria.
Testa destacó la importancia estratégica que tiene el Aconcagua para la provincia y remarcó que toda iniciativa orientada a mejorar los procesos y la calidad de los servicios dentro del parque resulta clave para su sostenibilidad. Por su parte, Manuel López, explicó que el proceso en marcha apunta a regularizar la situación de una comunidad de prestadores que, en muchos casos, acumula más de cuatro décadas de trabajo en el Aconcagua.
Esta iniciativa busca organizar de manera integral la actividad de apoyo a quienes ingresan al parque bajo las categorías de Ascenso y Trekking, "estableciendo reglas claras, competencia abierta y un marco ambiental mucho más exigente para la cumbre más alta de América".
Sobre la base normativa y técnica, la licitación apunta a otorgar previsibilidad y seguridad jurídica a los operadores, mejorar la experiencia de quienes visitan el parque y establecer un sistema ordenado de responsabilidades, diferenciando claramente las tareas que competen al Estado de aquellas que corresponden a los concesionarios, siempre bajo un marco de control ambiental estricto.
Las concesiones comprenderán predios ubicados en campamentos de aproximación, como Confluencia, Pampa de Leñas y Casa de Piedra —incluida una nueva localización—, y en campamentos base, como Plaza de Mulas y Plaza Argentina, donde también se prevén áreas para eventuales relocalizaciones. Una vez adjudicada la licitación, solo podrán prestar servicios quienes resulten concesionarios, quedando sin efecto los permisos actuales. Esto permitirá consolidar un sistema único, regulado y controlado, con mayor capacidad de seguimiento, fiscalización y trazabilidad por parte del Estado provincial.
La concesión se proyecta por un plazo de 20 años, lo que habilita el desarrollo de infraestructura adecuada para la actividad en alta montaña, siempre bajo las condiciones ambientales, técnicas y operativas establecidas en el pliego. En determinados campamentos, se prevé además el traslado hacia nuevas localizaciones, en línea con criterios de ordenamiento territorial, reducción de impactos y mejora de las condiciones ambientales.
Al finalizar el contrato, los predios deberán ser restituidos sin infraestructura y en condiciones ambientales adecuadas, reforzando el principio de ocupación temporal, responsable y reversible propio de un área natural protegida.
En el plano económico, el canon de explotación estará vinculado a los permisos de ingreso efectivamente comercializados, bajo valores definidos oficialmente en cada temporada. Este mecanismo permite un control más objetivo, verificable y previsible de la actividad, alineando la prestación de servicios con los objetivos de conservación, ordenamiento y sostenibilidad del Parque Provincial Aconcagua, indicó el Gobierno.
“Habrá un aspecto central que los oferentes van a advertir de inmediato: el peso del plan de gestión ambiental. De los 60 puntos mínimos necesarios para poder adjudicar, 40 corresponden a este componente. La sostenibilidad del parque lo exige. Necesitamos operadores que, además de brindar buenos servicios, gestionen adecuadamente el agua, los residuos y cuenten con planes de mitigación y remediación que nos permitan tomar decisiones con información y previsibilidad a lo largo de toda la concesión”, aseguró Latorre.
Cada oferente deberá presentar un Plan Ambiental y Logístico integral, que será un componente central de la evaluación. Deberá contemplar la gestión integral de residuos, con separación en origen, trazabilidad desde la generación hasta la disposición final autorizada y retiro periódico durante cada temporada. También deberá detallar cómo se gestionarán los residuos orgánicos, los reciclables y los residuos sanitarios, en un entorno donde la acumulación o mala disposición puede generar impactos severos.
En materia de agua, se exigirá la instalación de medidores de caudal, estimaciones de consumo por temporada y tecnologías de bajo uso, compatibles con la disponibilidad hídrica en alta montaña. En energía, se priorizarán fuentes renovables como paneles solares y sistemas de almacenamiento, quedando los generadores a combustible como respaldo y bajo estrictos protocolos de prevención de vuelcos y control de emisiones.
Además, los concesionarios deberán medir su consumo energético, calcular su huella de carbono y proponer acciones de compensación. La protección de glaciares, vegas, humedales y cursos de agua será prioritaria, junto con protocolos específicos para evitar impactos sobre flora endémica, fauna silvestre y sitios arqueológicos o patrimoniales.
Junto con el plan de gestión, cada oferente deberá presentar un Plan de Compensación Ambiental orientado a contrarrestar impactos residuales de la actividad. Este podrá incluir acciones de restauración ecológica en otras áreas del parque, aportes a programas de monitoreo, conservación o investigación, y fortalecimiento institucional de la Dirección de Áreas Protegidas.
Los servicios a concesionar deben ser diseñados como apoyo a actividades de montaña, no como turismo masivo. Incluyen comedor y cocina con menús adecuados a la exigencia física en altura, alojamiento en estructuras resistentes, sanitarios con sistemas autorizados y sin vertidos, comunicaciones satelitales y gestión integral de residuos propios y de clientes.
En el plano logístico, se contemplan transporte de cargas con mulas u otros medios autorizados, servicios de porteadores, custodia de equipos y provisión de guías habilitados. También podrán proponerse servicios complementarios, siempre sujetos a autorización y bajo criterios de sustentabilidad, como sistemas de higiene con uso eficiente del agua. Todo esto deberá operar bajo protocolos ambientales y de seguridad compatibles con un área protegida de alta fragilidad ecológica.
La autoridad de aplicación tendrá facultades de auditoría y fiscalización permanentes sobre el cumplimiento de los planes ambientales, las obligaciones operativas y las condiciones de seguridad. El régimen incluye sanciones graduadas que pueden ir desde apercibimientos hasta multas significativas, e incluso la rescisión de la concesión ante incumplimientos graves o reiterados.
Las garantías contractuales, instrumentadas mediante seguros de caución, cubrirán obligaciones técnicas, económicas y ambientales, permitiendo al Estado actuar de manera rápida ante incumplimientos y asegurar la remediación cuando corresponda.