Esta semana se designarán autoridades para debatir la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil. Cómo van las negociaciones por los votos.
La agenda de esta semana de Congreso se centra en conformación y designación de autoridades para debatir las dos leyes más importantes que impulsa el Gobierno nacional: la reforma laboral y la Ley Penal Juvenil, que establece la baja de imputabilidad.
Este martes comenzará la constitución de las comisiones para tratar, en el periodo de sesiones extraordinarias, las dos normas que impulsa la gestión del presidente Javier Milei. Luego de que el tratamiento de la reforma laboral se haya traspasado para este año, finalmente, el debate comenzará en el Senado y está programado para iniciarse este 11 de febrero.
La Libertad Avanza (LLA) se encuentra en un contexto de negociación y busca consensos con los bloques “dialoguistas” como son el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), aún después de las reuniones que mantuvo el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores, durante estos útlimos meses, informó Noticias Argentinas.
Desde el oficialismo aseguraron que cuentan con un consenso cercano al 95% del articulado, con la advertencia de que los cambios finales se conocerán recién en el recinto. Así lo expresó la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quien encabezó las negociaciones con senadores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales.
La estrategia del oficialismo apunta a llegar a la sesión con los votos contados artículo por artículo, evitando fisuras de último momento. Senadores aliados admiten que el texto que se debatirá no será idéntico al dictamen original, sino el resultado de concesiones técnicas y políticas acordadas en las últimas semanas, señaló Parlamentario.
La iniciativa introduce cambios profundos en las normas que regulan el mercado laboral, como la caída de la ultraactividad de los convenios colectivos, modificaciones en el régimen de vacaciones, el sistema indemnizatorio y las reglas de afiliación sindical.
En el proyecto de Ley Penal Juvenil se presume que los adolescentes de 14 años, o más, que comenten delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con penas máximas de 15 años o más, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.
Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, con la posibilidad de otorgarle libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de prisión efectiva. Según LLA, esta iniciativa pretende terminar con la “puerta giratoria” y condenar delitos cometidos por menores de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).
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