Este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación debatió el proyecto propuesto por el Ejecutivo para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Se trata del nuevo Régimen Penal Juvenil que fue aprobado por mayoría.
3 de abril de 2026
Se trata del proyecto que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Cómo fue la votación en la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil y avanza al Senado
NAEste jueves, la Cámara de Diputados de la Nación debatió el proyecto propuesto por el Ejecutivo para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Se trata del nuevo Régimen Penal Juvenil que fue aprobado por mayoría.
Con 149 votos a favor, 100 en contra y sin abstenciones, la propuesta en general obtuvo media sanción y avanza a la Cámara Alta para su tratamiento.
Durante el debate, la diputada por Córdoba, Laura Machado (LLA), expresó: "Un menor hoy, entre los 12 y 14 años, tiene absoluto conocimiento de que está actuando contra la ley y tiene voluntad de hacerlo, por lo tanto para el derecho argentino esa persona es imputable y debe pagar con una pena”.
Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) también manifestó su postura: "Estoy de acuerdo en bajar la imputabilidad a 14 años, pero este es un debate antiguo que se saca oportunamente para no hablar de los temas que realmente son preocupantes para la sociedad argentina”.
A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz fustigó duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por instalar "una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto"’.
“Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó.
Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.
El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.