Empresarios, funcionarios y cámaras mineras coincidieron en que el país necesita mejorar competitividad, infraestructura y financiamiento para fortalecer la cadena de valor local frente al avance de proyectos de cobre y litio.
La minería argentina atraviesa un momento de fuerte expectativa. Con proyectos de cobre, litio y oro avanzando en distintas provincias y un escenario económico que busca aprovechar el potencial, el debate ya no pasa solamente por atraer inversiones, sino también por un desafío igual de estratégico: desarrollar una cadena de proveedores competitiva capaz de responder a la demanda que se viene.
Ese fue uno de los principales ejes que atravesó la Jornada de Competitividad de la Cadena de Valor Minera Argentina, realizada en el Senado de la Nación, donde participaron empresarios, cámaras mineras, sindicatos, funcionarios nacionales y provinciales y representantes de PyMEs vinculadas al sector.
El encuentro dejó una definición clara: Argentina tiene recursos y proyectos, pero necesita mejorar condiciones estructurales para que las oportunidades no terminen siendo aprovechadas por proveedores externos.
Durante la jornada, distintos referentes coincidieron en que la competitividad minera ya no depende únicamente de la calidad de los recursos naturales, sino también de factores como infraestructura, logística, carga impositiva, burocracia y acceso al financiamiento.
El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, sostuvo que el país logró recuperar “competitividad y previsibilidad”, dos elementos que consideró fundamentales para acelerar inversiones y fortalecer la cadena de valor minera. Sin embargo, también reconoció que los tiempos de aprobación de proyectos y de desembolso de inversiones continúan siendo largos.
“Los proyectos tardan mucho, pero el sector privado también se toma sus tiempos”, planteó el funcionario durante el encuentro.
La discusión aparece en un contexto donde el Gobierno nacional apuesta fuerte al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta para captar capitales y acelerar proyectos estratégicos vinculados al cobre, litio y energía.
Uno de los puntos más mencionados fue la necesidad de agilizar trámites, reducir costos y avanzar en reglas claras y sostenidas en el tiempo para que las PyMEs puedan planificar inversiones y ampliar capacidades.
La discusión también puso sobre la mesa la importancia de construir ecosistemas regionales alrededor de la minería, especialmente en provincias que buscan consolidarse como polos de servicios y abastecimiento.
La lógica que hoy domina en el sector apunta a que el crecimiento de la minería no puede limitarse únicamente a la extracción de recursos, sino que debe traducirse en desarrollo industrial, empleo privado y generación de capacidades tecnológicas.
Por eso, uno de los conceptos que más se repitió durante la jornada fue el de “cadena de valor”: la posibilidad de que talleres metalúrgicos, constructoras, firmas tecnológicas, empresas de transporte, laboratorios y proveedores industriales puedan crecer junto con los proyectos mineros.
Uno de los debates más fuertes estuvo vinculado al rol que deben tener las empresas nacionales y regionales en la nueva etapa minera que proyecta el país. El presidente de la Comisión de Minería de la Unión Industrial Argentina (UIA), Franco Mignacco, aseguró que "la minería tiene en su ADN trabajar con proveedores locales”.
Y remarcó que no es necesaria una ley específica para fomentar esa integración, sino generar competitividad y condiciones adecuadas para las PyMEs.
La mirada apunta a evitar que el crecimiento minero termine dependiendo exclusivamente de bienes y servicios importados, especialmente cuando comiencen las etapas de construcción masiva de proyectos.
En ese marco, el intendente de Guaymallén y presidente del Clúster de Proveedores para la Minería y Energía de Cuyo, Marcos Calvente, participó de los debates vinculados al fortalecimiento de proveedores regionales y la necesidad de integrar capacidades locales a la expansión minera.
Conceptos como “integración regional”, “escalabilidad”, “asociatividad” y “capacidad productiva” atravesaron buena parte de las exposiciones.
Desde la UIA plantearon que el gran desafío ya no es solamente atraer inversiones, sino construir capacidad productiva local para abastecer a los proyectos que se vienen.
Durante su intervención, Franco Mignacco sostuvo que el país debe prepararse para las demandas de los grandes emprendimientos.
“Tenemos que identificar las brechas que existen actualmente”. En ese sentido, puntualizó que uno de los grandes objetivos del departamento minero de la UIA es: "identificar qué industrias podemos reconvertir en nuestro país y que se incorporen en la cadena de valor”.
Además, reveló que ya realizaron un relevamiento concreto sobre las necesidades futuras del sector: “Hemos hecho un exhaustivo análisis de los proyectos que ya están aprobados bajo el RIGI, tomando como modelo un proyecto de cobre y un proyecto de litio para tener como referencia todo lo que van a demandar estos proyectos en materia de proveedores, bienes, insumos y servicios”.
Uno de los puntos destacados fue la profesionalización y el rigor que exige el mercado minero a sus contratistas. Mignacco advirtió que muchos aspirantes desconocen la rigurosidad del sector.
“La confiabilidad y el cumplimiento de los plazos son muy críticos y estrictos a la hora de definir un proveedor”, dijo. Y agregó: “Una mala compra o proveedor que no cumple puede generar complicaciones en la construcción o en la etapa de operación en minería”.
El dirigente industrial también destacó el impacto económico que ya genera la actividad en las provincias mineras. “De los 850 millones de dólares que ya se invirtieron, el 92% de esos fondos quedó en las provincias donde están los proyectos”.
Mignacco vinculó además esta presencia territorial con la legitimidad social de la actividad. “La minería en sí misma no necesita leyes provinciales ni nacionales porque tiene en su ADN trabajar con las comunidades”.
Según explicó, al priorizar proveedores y empleo local: “Así hemos ido construyendo entre todos lo que se llama licencia social”. Sin embargo, también advirtió sobre el exceso de regulaciones locales que pueden afectar la competitividad.
“Cuando ciñen a las empresas mineras a que solamente pueden comprar de manera local y no nacional, se les quita la posibilidad de la competitividad y la calidad de los productos a los que apuntamos”. Además, sostuvo que es fundamental avanzar en transferencia tecnológica mediante alianzas estratégicas.
“La transferencia de tecnologías que se pueden hacer a las empresas proveedoras locales, se hagan a través de lo que se denomina joint venture”.
El contexto actual también estuvo atravesado por el RIGI, una herramienta que el Gobierno nacional presenta como clave para captar capitales y acelerar proyectos estratégicos. Para gran parte del sector empresario, la combinación entre estabilidad macroeconómica, apertura al mundo y previsibilidad regulatoria podría abrir una nueva etapa para la minería argentina.
No obstante, varios referentes advirtieron que el verdadero desafío será lograr que esa ola de inversiones tenga impacto concreto en las economías regionales y en las empresas nacionales.
La discusión aparece en un momento donde provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy buscan posicionarse dentro del mapa minero argentino, especialmente frente al crecimiento esperado del cobre y el litio.
En paralelo, cámaras empresarias y proveedores insisten en que el país necesita acelerar procesos de capacitación, infraestructura y articulación público-privada para evitar cuellos de botella cuando los proyectos entren en etapas de construcción y operación masiva.