Aumento de los costos, falta de materiales, falta de precios de referencia, son algunos de los problemas que afectan a la obra pública.
Foto: Cristian LozanoLa inflación nos afecta a todos: familias, empresas, gobiernos se ven perjudicados por la suba incesante de precios, que obliga a tomar decisiones de último momento para poder minimizar el impacto de ésta. Y en esta línea va la última medida que adoptó el Gobierno para poder paliar los efectos sobre la obra pública.
Durante los últimos meses desde el propio Ejecutivo y las empresas proveedoras vienen advirtiendo las consecuencias que la situación macroeconómica tiene sobre la obra pública. Licitaciones caídas por falta de oferentes, pocas ofertas, precios altos. A esto se suma el reclamo de las empresas, que se ven afectadas por los costos, la falta de materiales, la falta de precios de referencia, entre otros. Por eso, un reclamo que venían sosteniendo era que el Gobierno acelere los plazos de los recálculos de los precios y los pagos.
La realidad hoy es compleja. Mientras que el Estado termina pagando las obras mucho más caras de los que las presupuestó, las empresas ven achicada su rentabilidad por cada obra.
Con un ritmo de inflación que acumula en lo que va del año 76.6%, el panorama preocupante. Por eso, desde el Ministerio de Infraestructura tomaron la decisión de aplicar certificaciones provisorias. Se trata de una medida que empezaron a tomar otras provincias, como Río Negro, para paliar los efectos de este fenómeno.
Según explicó el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, se emitirán certificados parciales en los casos en los que -por ejemplo- no haya precios de referencia de cementos, cobre, hierro u otros materiales. El mecanismo será certificar todo el resto de la etapa, dejando para la próxima el ítem que no puede determinarse en el momento.
"Tomamos la decisión de aplicar estas certificaciones provisorias con redeterminaciones de precios porque muchas veces las empresas necesitan certificar pero no tienen los costos actualizados, y para evitar que se dilaten los tiempos, decidimos comenzar a implementar esto y que puedan trasladar ese costo en el próximo certificado", agregó Isgró.
Además, señaló que esta medida ya tiene el visto bueno del Ministerio de Hacienda. "Este era un reclamo que venían haciendo las empresas frente a un problema que las afecta", señaló.
En tanto, el ministro destacó que otros de los compromisos que asumió el Ejecutivo fue la de achicar el plazo de pago de hasta 60 días que le permite la ley, a 30 días. "Las empresas venían pidiendo agilización en los pagos de los certificados y también lo achicamos a 30 días. Esto es muy importante porque les evita complicaciones importantes a las empresas", destacó.
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