Argentina recibió un nuevo respaldo de Estados Unidos en el juicio por YPF, luego de que la Procuración del Tesoro de la Nación difundiera un comunicado en el que el organismo estadounidense solicitó suspender el proceso de discovery, una instancia judicial vinculada con la revisión y el pedido de documentos por parte de los demandantes.
— Procuración del Tesoro (@ProcuTesoroAR) March 14, 2026
Juicio por YPF: Estados Unidos respaldó a Argentina
En un comunicado público, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un memorándum ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. El documento respalda la moción de emergencia presentada por Argentina el pasado 6 de marzo, con la que el país busca frenar tanto el proceso de discovery como posibles medidas que afecten a la empresa.
A esto se suma la suspensión del pedido de sanciones solicitado por los demandantes y el aplazamiento de la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril de 2026.
En ese contexto, el organismo estadounidense argumentó que el proceso de producción de documentos podría resultar excesivamente intrusivo y entrar en conflicto con principios de cortesía internacional y reciprocidad entre los Estados.
Qué es el proceso de discovery
La suspensión del proceso de discovery representa una etapa importante del litigio. Durante esta instancia, las partes pueden solicitar documentos, comunicaciones e información que sirvan como prueba para sustentar sus reclamos.
En este caso, el procedimiento resulta especialmente relevante porque, según explicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los demandantes ya habían solicitado información que incluía comunicaciones de altos funcionarios argentinos con empresas estatales.
juicio por YPF: cómo inició
El 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska dictó una sentencia contra Argentina por la expropiación de YPF realizada en 2012. El fallo fijó una compensación de 16.000 millones de dólares que, con intereses acumulados, asciende actualmente a unos 17.750 millones.
El monto fue establecido a favor de Burford Capital y Eton Park, que habían adquirido los derechos de litigio pertenecientes al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que al momento de la estatización poseía el 25% de las acciones de la petrolera.
El eje del reclamo sostiene que, al nacionalizar la participación de Repsol, el gobierno argentino de entonces, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, no ofreció el mismo trato a los demás accionistas, tal como establece el estatuto de la compañía. Mientras Repsol fue compensada mediante bonos, no se realizó una oferta equivalente para los accionistas privados.