Un informe demuestra el daño que se produce por la paralización de la obra del gasoducto en el sur mendocino.
Mantener paralizado el Gasoducto de San Rafael y Alvear genera pérdidas millonarias a la Nación.
Se conoció el informe que prueba el daño que se produce por la paralización de la obra del gasoducto de San Rafael y General Alvear, que es patrimonio del estado nacional, pero que desde este año quedó a sólo 10% de ser concluida por falta de los aportes comprometidos por la Nación.
La megaobra que iba a poder habilitar 30.000 nuevas conexiones de gas natural en domicilios, comercios e industrias del sur mendocino, solucionaría la demanda pico de invierno que supera los 28.000 m3/h sólo en San Rafael, y que fue la que motivó, por ejemplo, que hace dos semanas se suspendiera el expendio de GNC en las 17 estaciones de carga de la zona para priorizar la demanda residencial.
Cuando en noviembre de 2020 la Secretaría de Energía de la Nación firmó el convenio para comenzar el gasoducto, la expectativa alcanzó tal magnitud que en poco tiempo ya había 6.900 pedidos de conexión.
Y ante el avance y lo que parecía su inminente culminación, Ecogas llegó a autorizar factibilidades privadas, por lo que mucha gente realizó tendidos de redes barriales y conexiones domiciliarias, con la esperanza de que les entrara el gas a la casa, las empresas o las industrias en este invierno que se va.
Concretamente, ya hay 802 obras terminadas por los usuarios de Ecogas, 1.739 obras contratadas y en ejecución, y 5.755 de obras con factibilidad esperando la conclusión del gasoducto.
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Pero la suspensión de los pagos por partes de la Nación desde diciembre de 2023, cuando el avance físico total del gasoducto alcanzaba el 89,04%, con el rubro cañería se encuentra ejecutado al 100%, dejó no sólo la frustración de los usuarios, sino que ha puesto en riesgo lo construido e instalado.
El informe de Ecogas acerca de las consecuencias de la paralización cuya contundencia fue prueba fundamental en las demandas iniciadas por el Municipio de San Rafael y que ya tienen 3 fallos de la Justicia Federal, y es contundente: señala, por ejemplo, que sólo para encarar de nuevo la obra, habrá que instalar, controlar y mantener la protección catódica provisoria en el gasoducto y los ramales; hacer limpieza, secado, sellado de tuberías y accesorios con tapas soldadas y revestidas.
Mientras tanto, los costos permanentes de vigilancia continua, con recorridos de inspección visual periódicos, a los efectos de verificar el estado de las instalaciones de superficie, estado de las picadas, erosiones, movimientos de suelo extraordinarios, invasiones de zona de seguridad, implican números exorbitantes.
Control y mantenimiento: US$ 20.000 cada vez que se hace; medición c/ 6 meses, US$ 5.000; limpieza, secado, sellado de tuberías y accesorios con tapas soldadas y revestidas, cuesta US$ 150.000; la vigilancia continua, recorridos de inspección: $ 5.768.000,00 mensuales.
A eso hay que agregarle que se debe mantener la transitabilidad de las picadas y la tapada de la cañería a razón de $ 15.868.000 mensuales; más la mantención de instalaciones de superficie por $ 6.500.000 al mes y la custodia y conservación de los materiales y equipos instalados que insume otros $ 2.000.000 también mensualmente.
Es decir, haber parado el gasoducto hace que pierdan los ciudadanos sanrafaelinos y alvearenses, junto al mismo el estado nacional que por no enviar dinero para esta inversión, igualmente deteriora una obra que es patrimonio del gobierno federal.
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